Los agricultores del siglo XXI frente a su realidad y su problemática

 El día de ayer en la columna de Opinión del periódico digital CR Hoy se publica un artículo titulado Los Agricultores del siglo XXI del académico Roberto Artavia, que es necesario comentar y aportar otros argumentos que expliquen adecuadamente la problemática en que se encuentran inmersos los agricultores pequeños y medianos desde hace varias décadas y el abandono de las políticas hacia este sector.

En su argumentación, el artículo aborda varios aspectos para explicar el tránsito hacia el Agricultor del siglo XXI, entre ellos la productividad, el papel de la inversión, la tecnología y el capital humano, la importancia que tienen las políticas, como algunas impulsadas en el pasado, el fortalecimiento de las instituciones y el advenimiento de la gran modernización tecnológica.

El artículo inicia haciendo mención a la baja productividad del sector, atribuyéndola primero a la baja productividad del trabajo agrícola, en relación a otras actividades económicas como la manufactura y los servicios y comparándola con la productividad agrícola lograda en otros países, comparaciones poco procedentes por las características de esas otras actividades y por políticas aplicadas en otros países como lo veremos más adelante.

Al respecto, hay que destacar que la prevalencia del aspecto de la productividad para explicar el desempeño de las actividades económicas, que es solo una de las variables determinantes del mismo, es insuficiente como lo han señalado diversos organismos incluyendo a la OCDE y que en este caso, se hace referencia principalmente a la productividad del trabajo, que en el sector agropecuario es muy heterogénea como lo menciona posteriormente el mismo autor, al comparar la productividad en las actividades de exportación y en de producción para el mercado interno, además que como es de conocimiento el análisis debe complementarse con la productividad por área productiva, fundamental en las actividades agropecuarias, que está también asociada a la escala de las unidades de producción: pequeña, mediana y grande, que tienen acceso y utilizan de manera diferenciada los factores de la producción.

Es importante también establecer adónde se originan las diferencias de productividad del trabajo y de las unidades de producción, el mismo autor adelanta que “en general las diferencias se deben a las inversiones en infraestructura, tecnología y capital humano”, que hay que recordar que son distintas, ya que las empresas sobre todo las grandes pueden y las realizan con frecuencia con su propio capital, mientras que las pequeñas y medianas(en el agro y en las pymes de otras actividades) tienen dificultades para realizar o las realizan parcialmente debido a las limitaciones de recursos.

A su vez, las posibilidades de inversión para mejorar la productividad en el agro en los aspectos mencionados por el autor, en las unidades productivas micro y pequeñas, son limitadas, por lo que deben recurrir a las instituciones del Estado, quienes en otras épocas les han ayudado a mejorar la infraestructura, la tecnología y la capacidad del recurso humano y que en algunos países, como en los países desarrollados(Estados Unidos,Europa y Japón), disponen de amplios programas de ayudas o subsidios financiados por el Estado, como el Farm Bill y la política agrícola común de los primeros, apoyos que generan grandes diferencias de productividad, producción y competitividad de la agricultura entre los países desarrollados y los países en desarrollo.

En el artículo se menciona dos momentos claves en el desarrollo económico y de la ampliación de las actividades productivas del país, interesa fundamentalmente referirse al segundo sobre la Administración Monge Alvarez, en la que según el autor,  “hizo de su gobierno la plataforma desde donde se diversificaron la producción y las exportaciones” y que en efecto fue el inicio de la política de promoción de exportaciones no tradicionales que se profundizó en la Administración siguiente.  Agrega el autor, “políticas bien alineadas, como las minidevaluaciones del colón, inversiones selectivas en infraestructura, programas de capacitación y transferencia de tecnología, e iniciativas de crédito impulsaron un clima de inversiones propicio”.

Lo que no dice, es que en ese gobierno se inició el cambio en la actividad agrícola con el programa que se denominaba “Volvamos a la Tierra”, que significó el desestímulo progresivo de las actividades consideradas tradicionales y el estímulo de actividades no tradicionales para exportación, la desaparición de los programas nacionales por cultivo y el redireccionamiento de las políticas antes mencionadas y de los recursos técnico y financieros hacia las nuevas actividades.

Este cambio en la actividad agrícola, que fue ampliado en las Administraciones siguientes de Arias Sánchez, Calderón Fournier y Figueres Olsen, ligado a los programas de Ajuste estructural firmados con el Fondo Monetario Internacional, creó la diferenciación estructural entre la Agroexportación y la producción agrícola para el mercado interno, de la que se menciona poco en el artículo, pero que es crucial para explicar la situación actual del sector agropecuario.

Vale recordar que las políticas de esas Administraciones, junto al estímulo a las actividades no tradicionales de exportación, ejecutaron medidas dirigidas a desmantelar el esquema de apoyo institucional de transferencia tecnológica y de capacitación hacia los productores involucrados en las actividades agropecuarias consideradas tradicionales, que no eran otras que la producción de granos básicos, las hortalizas, los tubérculos y las frutas para consumo nacional, las cuales  restringieron considerablemente la labor de las instituciones del sector: CNP, MAG, IDA, el SENARA y el PIMA y que las han llevado al bajo nivel de funcionamiento que presentan en la actualidad.

Lo anterior explica, la realidad que observa el autor, “los productores que tan amable y alegremente nos atienden en las ferias del agricultor tienen baja productividad, seguramente con algunas notables excepciones, lo que determina su ingreso y los condena a una vida dura, exigente y, muy probablemente, a la pobreza”.  Lo paradógico es, que éstos productores amables, pero pobres, son los que proveen el 80% de la producción alimentaria nacional, garantizan cada semana la disponibilidad de alimentos a los consumidores de las ferias del agricultor y de los mercados locales y son los responsables directos de la seguridad alimentaria del país, pero han sido abandonados por las políticas agrícolas y por la institucionalidad del sector, que no dirige adecuadamente sus programas y acciones hacia este sector, por falta de recursos, escasez de personal técnico o simplemente por impulsar tecnologías modernas como el gobierno actual.

De ahí que las soluciones que se proponen a veces frente a la situación del agro, no son las apropiadas,  En ese contexto, el autor señala que “En esto no hay ningún misterio. La alta productividad del campo pasa por la agricultura de precisión y en ambientes controlados; por la aplicación de tecnología a semillas, a la fertilidad y la irrigación de los campos, a nuevas plataformas de infraestructura productiva, tecnologías digitales aplicadas al mantenimiento y control de las plantaciones, la cosecha, la logística y la distribución y exportación de los productos”, de manera similar a la posición del actual Ministro de Agricultura, que promueve la agricultura de precisión, tecnología de drones, georreferenciación y sistemas de riego automatizados, para todos los agricultores, (Surcosdigital.com,julio 2025), sin importar la baja condición económica de los productores, que muchos no tienen asistencia técnica, que no tienen acceso al crédito, que sus costos de producción se han elevado y que las importaciones de productos afectan sus precios y sus ventas.

Pero según lo expuesto en el artículo incorporar esas tecnologías es relativamente fácil, “implica alinear las instituciones, los programas, el crédito, la infraestructura, las políticas económicas y el "contrato social" del sector, implica modernizar y enfocar algunas instituciones, como el MAG, el Sistema de Banca para el Desarrollo, el INDER, y el mismo movimiento cooperativo”, o sea se trataría de revertir las políticas económicas y sectoriales de los últimos 40 años y sus efectos sobre la producción agroalimentaria para el mercado interno mediante una supuesta modernización y acción institucional que no parece tener sustento en la realidad actual.

La producción agrícola está en crisis y no podemos desconocer esa problemática, algunas actividades se encuentran en sus niveles mínimos de producción, como se ha revelado recientemente sobre la cebolla, cuya producción nacional ha disminuido mientras que las importaciones llegan a su punto más alto,  Según la información, las toneladas métricas pasaron de 45.585 en el 20223 a 35.788 en el 2024, con una disminución del 21.5%, considera como una caída significativa.

Pero la cebolla no es el único cultivo cuya producción está bajando en Costa Rica.  Las encuestas agrícolas desde el año 2020, han señalado que las extensiones de terreno con sembradíos de arroz, frijoles y maíz en Costa Rica alcanzaron nuevos mínimos.  La cantidad de hectáreas sembradas de granos básicos en Costa Rica pasó de 154.658 en el año 1990 a 36.226 en el 2023, donde la disminución es del 75%.(Surcosdigital.com, abril-2025)

Finalmente, el documento cuestiona “¿por qué si en cada campaña electoral decimos que queremos acabar con la pobreza –en buena parte rural y agropecuaria– no tomamos las medidas necesarias para aumentar la productividad del campo a niveles que permita a los pequeños productores superar su situación?”.  La respuesta según los argumentos expuestos antes es obvia, los pequeños productores no han podido superar esa situación, porque se dedican a la producción de alimentos para el mercado interno, actividad que no tiene estímulos como la exportación, ésta actividad está en manos de pequeños productores con poco acceso al capital y a la tecnología, que dependen de la asesoría técnica y de la transferencia tecnológica de las instituciones públicas que fueron desmanteladas técnica y financieramente hace muchos años, porque tienen que competir con importaciones baratas de otros países y porque los políticos y los gobiernos de turno no se han querido comprometer con una transformación de la producción interna y de la pequeña producción, aunque en campaña política prometan soluciones que nunca se cumplen.

Mientras el agro se quema, el Ministro de Agricultura juega a los drones

 Haciendo alusión a la parábola de la casa que se quema, mientras un miembro de la familia se encuentra jugando a las cartas, en esa circunstancia podemos ubicar lo ocurrido el sábado anterior en el programa Estado Nacional de canal 7, bajo el título “Importaciones aplastan al agro”, conducido por la periodista Liliiana Carranza y con la participación de Kevin Gómez de la Corporación Hortícola, del consultor Renzo Céspedes y del Ministro de Agricultura Víctor Carvajal.

Según la justificación del panel, la presentadora argumenta que las importaciones de cebolla extranjera crecieron un 400%, mientras que en productos como papa, tomate y zanahoria, también se registraron aumentos significativos durante el año.  Esta sobreoferta en el mercado ha golpeado duramente a los agricultores.

En un artículo anterior, denominado “La producción alimentaria nacional se debate en sus niveles mínimos: el caso de la cebolla”, mencionamos que mientras las importaciones de cebolla llegan a su punto más alto, la producción nacional disminuye de manera alarmante, por lo que los productores reclaman que esta actividad va a desaparecer.  Agregamos que ésta actividad, se encuentra ya probablemente en los niveles mínimos a los que puede llegar.

Y ese es precisamente el debate al que el panel de Estado Nacional no logró apuntar adecuadamente al centrarse en el tema de la importaciones, que aunque es el factor desencadenante, no logra explicar la gravedad de la situación productiva, resultado de la reducción de las áreas de producción, la pérdida de áreas productivas, la salida de los agricultores de la actividad, la destrucción de empleos agrícolas y el deterioro de la condición socioeconómica de los agricultores y de las seguridad alimentaria del país..

Aunque los panelistas Gómez y Céspedes, hicieron lo posible por justificar la veracidad de las dimensiones de la importación de cebolla y su impacto sobre la reducción de los precios del producto y las pérdidas de los agricultores nacionales, el Ministro de Agricultura, hacía un esfuerzo por desacreditar las intervenciones de sus interlocutores y presentar lo que el Ministerio está impulsando por apoyar la producción hortícola, 3 años después del inicio de esta Administración.

En buena medida, quedó la sensación de que efectivamente ha habido un incremento de la importación de cebolla, motivado por las propias medidas que ha promovido el Gobierno, como el decreto de importación de cebolla y papa y la variación de los controles fitosanitarios de ingreso del producto, y también que el Ministro intentó evadir su responsabilidad en la adopción de dichas medidas y justificar que son inevitables ante la reducción de la producción nacional, resultado de las condiciones climáticas de final del año anterior y principios de este.

Sin embargo, en la discusión de las posiciones contrastantes sobre las importaciones, en donde una parte trata de demostrar la veracidad del hecho y el daño causado y la otra relativizar el hecho y su impacto, es difícil profundizar en las causas y en la evolución de la situación de esa actividad y de la producción agroalimentaria del país .

Exponíamos en el artículo antes mencionado, que la reducción de las áreas en la cebolla y otros cultivos, es una tendencia confirmada por los cambios en la Encuesta Nacional Agrícola de los últimos años, que pone en evidencia el deterioro de la actividad agrícola y el acercamiento a niveles de producción mínima en algunos cultivos.

Exponíamos que algunas actividades han llegado a peligrosos límites, cuyo descenso inminente, podría llevar al desabastecimiento de los productos, a la pérdida de capacidad productiva y de seguridad y soberanía alimentaria, a la salida de grandes grupos de productores, a su desempleo y empobrecimiento y cambio de uso de las tierras agrícolas, temas que debieran ponerse a la discusión con el Ministro de Agricultura y otros Autoridades del Gobierno, en un amplio debate nacional.

También decíamos que en los últimos meses la producción de cebolla, ha entrado en el círculo perverso de disminución de la producción nacional, aumento de las importaciones, pérdidas de los agricultores, aumento de los precios al consumidor y elevadas ganancias de los importadores, en que han ingresado otras actividades como el arroz y la papa.

En la presentación del panel del programa citado, se afirma que los productores agrícolas viven una crisis,(…) porque no solo han tenido que luchar contra las afectaciones por el clima, el alto costos de los insumos y las limitaciones para acceder al crédito, si no con la creciente amenaza de las importaciones masivas.

Como corolario, expresa que el sector agrícola hace un llamado urgente para proteger la producción nacional, llamado que viene reiterándose desde hace varios años, en las marchas de agricultores del 2023 y en varios comunicados emitidos en los medios de comunicación el año anterior, llamado que ha sido ignorado por las autoridades del Ministerio de Agricultura y que en la actualidad debieran constituir un ultimátum a dichas autoridades que podría conducir a la paralización de la producción alimentaria nacional.

Así mientras que el agro se quema, por efecto de las importaciones y demás problemas de la pequeña producción hortícola, el Ministro menciona los proyectos de riego, la agricultura 4.0 y transferencia de tecnología de punta, como el uso de drones, como si los productores y sus actividades no estuvieran a punto de ser abatidos por las llamas del mercado, la pérdida de cosechas y la escasa rentabilidad de sus actividades.

Los proyectos y las medidas mencionadas y otras incluidas en los informes anuales del MAG y en los informes anuales del Presidente, debieran ser rechazadas de plano por las organizaciones agrícolas por su carácter paliativo y de bajo efecto en las condiciones de producción de los pequeños productores y hacerlo explícito en la actividades de discusión como la del sábado.

En plena campaña electoral, es necesario volver a poner la problemática agraria entre las prioridades máximas de la agenda política nacional, como se hiso hace 4 y 8 años, exigiendo propuestas y compromisos válidos de los diferentes líderes y grupos políticos, a condición de apoyar o rechazar algunas propuestas políticas y hasta la posibilidad participar o no como sector en las próximas elecciones.

Los distritos y su nivel de desarrollo social, adónde estamos en el mapa del desarrollo?

 Es posible que alguna vez nos hayamos preguntado cuál es el nivel desarrollo socioeconómico del distrito donde vivimos o del distrito donde nacimos o crecimos, pero la realidad del desarrollo de todos los distritos, se revela en el Indice de Desarrollo Social de MIDEPLAN, con datos al 2023, el cual nos permite ubicar el nivel de desarrollo de cada distrito del país, de acuerdo a 6 dimensiones de análisis: la Económica, la Salud, la Educativa, la de Seguridad y la de Participación Electoral.

Esta calificación por dimensiones de los distritos, a su vez conduce a ubicarlos en quintiles de desarrollo, en donde el V indica una situación social muy buena, el IV una situación buena, el III una situación regular, el II una situación mala y el I una situación social muy mala.

De esta manera, se configura un mapa de los 483 distritos, en el que es posible conocer por provincia, cantón o región, en cuál quintil se encuentran las diferentes distritos, y cuál es su nivel desarrollo, dividiendo el país en 5 estratos o al menos en 3, los distritos que tienen una muy buena o buena situación social, los que tienen una situación apenas regular y las que tienen una situación mala o muy mala.

En consecuencia, podemos señalar los distritos que pertenecen al quintil V, de una situación muy buena, que como veremos se concentra casi exclusivamente en los distritos de los cantones de las 4 provincias que conforman la GAM, así los distritos de los cantones de Santa Ana, Escazú, Goicoechea, Desamparados, Coronado, Curridabat, Moravia, Tibás y algunos de San José Centro, en la provincia de san José; los de Atenas, Palmares y algunos de Poás en Alajuela, el Cantón Central y La Unión en Cartago, Santo Domingo, San Rafael, Belén, San Joaquín, Barva, San Isidro y Heredia Centro.  Esos son los distritos de mayor desarrollo social, desagregado en las mayores puntuaciones en Economía, Salud, Educación, Seguridad y Participación electoral de los cantones y provincias del país, siendo Heredia la provincia y sus cantones, los que tienen la mayor cantidad de distritos en el quintil V, de situación social muy buena.  En total suman 94 distritos del quintil V, un 19% del total

En el quintil IV, de situación social buena, se encuentran la mayoría de los distritos de Desamparados, del cantón Central de San José, algunos de Goicoechea, Alajuelita y Puriscal en la provincia de San José, la mayoría de los del cantón central de Alajuela, de San Ramón, Grecia, Zarcero, Valverde Vega y algunos de naranjo en la provincia de Alajuela, la mayoría de los del cantón central de Cartago, de la Unión, de Alvarado y algunos de paraíso, en la provincia de Cartago, la mayoría de santa Bárbara y dos de barva en la provincia de Heredia, la mayoría de los de Liberia, de Santa Cruz y algunos de Carrillo en la provincia de Guanacaste, algunos de Pococí en Limón, de San Carlos y de Pérez Zeledón.

En total son 96 distritos, un 19.8%, con una situación social buena, tanto de cantones de las provincias de la GAM, como incluyendo de cantones de guanacaste, como uno de Limón y las ciudades de San Carlos y Pérez Zeledón, fuera de la GAM, siendo que los cantones centrales de Alajuela, de Cartago, Desamparados, San Ramón, Grecia, Zarcero, Sarchí, Pacayas, Liberia y Santa Cruz de Guanacaste, son los cantones en los que se concentran los distritos del quintil IV.

Tratando de determinar el conjunto de distritos que se ubican en los quintiles V y IV, es decir los de una situación muy buena y buena, podemos establecer que son 190 distritos o el 39% de los distritos del país, ubicados sobre todo en los cantones de la GAM y algunos de Guanacaste y algunas ciudades intermedias periféricas los que tienen ésta condición en el país, ostentando el mayor desarrollo económico, el mayor nivel de salud, de educación, de seguridad y de participación electoral.   Esta es la Costa Rica desarrollada, próspera y de mejor calidad de vida.

En el quintil III de una condición social regular, se encuentran varios distritos de Aserrí, Mora, algunos de Desamparados, Puriscal, Alajuelita y del cantón central de San José, varios del acntón Central de Alajuela, de San Ramón, de Naranjo, de San Carlos y algunos de Poás, Zarcero, San mateo y Orotina, de la provincia de Alajuela, varios de Paraíso, de Oreamuno, de Jiménez, de la provincia de Cartago, la mayoría del cantón central de Puntarenas, varios de Nicoya, de Carrillo, de Cañas y Hojancha de Guanacaste, más Limón y Jiménez de Pococí en Limón.   Son en total 97 distritos del quintil III, ubicados sobre todo en varios cantones de San José, Alajuela, Cartago, Guanacaste y Puntarenas, con una situación social regular.  Es la Costa Rica de un desarrollo parcial e incompleto, que alcanza puntajes medios en una o dos de las dimensiones, ya sea en salud y educación, pero en las demás tienen un nivel desarrollo bajo, tanto a nivel económico, de seguridad y en participación electoral.

En cuanto al quintil II, de una baja situación social, en éste se encuentra la mayoría de cantones de León Cortés, de Pérez Zeledón, de Turrialba, de San Carlos y del cantón central de Puntarenas y varios de San Ramón, de Esparza, de Quepos y de Corredores de Puntarenas, de Tilarán, Bagaces, Nandayure y Hojancha de Guanacaste, así como de Pococí, Siquirres y Guácimo en Limón.  En total suman 98 distritos del quintil II, generalmente ubicados en las provincias periféricas de Puntarenas, Guanacaste y Limón, junto a varios de los cantones de León Cortés, Turrialba y San Ramón.

Finalmente en el quintil I, de muy mala situación social, se ubican la mayoría de los distritos de Upala, Guatuso, Los Chiles y Río Cuarto de Alajuela, la Cruz de Guanacaste, Sarapiquí de Heredia, Buenos Aires, Osa y Coto Brus de Puntarenas, Matina, Talamanca y Siquirres de Limón, y algunos de León Cortés, Tarrazú, Dota, Acosta y Turrubares de San José, Turrialba, el cantón central de Puntarenas y Golfito, Cañas y Abangares de Guanacaste.  

Son 98 distritos, un 20% del total, predominantemente de las regiones periféricas y de las zonas aledañas a San José, como los Santos y la Central Sur de cantones, que en su conjunto conforman distritos costeros, fronterizos y rurales.   Los distritos de los quintiles I y II, de una condición mala y muy mala, suman 196 y representan el 40.5% de la totalidad de distritos del país, en donde las calificaciones de las dimensiones son en general bajas, expresadas en bajos niveles de desarrollo económico, de salud, educación y seguridad ciudadana, mientras que en ellos la participación electoral suele ser la más baja del país. 

Estos dos segmentos, representan la Costa Rica, poco desarrollada, con grandes limitaciones, ubicada en las costas y las fronteras y abandonada por la acción estatal,  asociada a los mayores niveles de pobreza, de desigualdad y desarrollo humano de las regiones y del país como lo hemos mencionado en artículos anteriores. Ahora son 3 Costa Ricas, la de situación social alta, media y la más baja, a cuál perteneces?

De los cafetales a las tecnologías avanzadas: el cambio en la actividad económica en el sector oeste de Cartago

El sector oeste de la provincia de Cartago, que hoy alberga la Zona Franca la Lima, siempre estuvo ligado a la actividad productiva del país, pero lo que hoy son pujantes fábricas dedicadas a la producción de insumos médicos y otras industrias de capital externo, en otro momento fue asiento de fincas cafetaleras y ganaderas en poder de empresarios nacionales.

Según un reportaje reciente publicado en el periódico digital el Mundo, en 10 años la zona Franca La Lima(ZFLL), se consolidó como uno de los motores del desarrollo económico de la región de Cartago, dedicado al sector de ciencias de la vida y manufactura avanzada, a partir de  la confianza que han depositado las compañías globales en este parque empresarial que posee una infraestructura de clase mundial, una robusta red de talento humano y un entorno operativo comprometido con la sostenibilidad y la innovación.

El reportaje, menciona que en estos 10 años, logró atraer inversiones por más de USD $1.186 millones, generó más de 8.500 empleos directos, desarrolló 257.000 metros cuadrados en infraestructura de clase mundial, y se posicionó como un epicentro de innovación, tecnología y sostenibilidad.  Lo que inició como una visión ambiciosa de desarrollo industrial en Cartago, se tradujo en un parque empresarial que hoy aloja 17 compañías multinacionales de 6 países distintos.

Este parque exportó USD $0,4 millones en 2014, y 10 años después acumula USD $4.577 millones en ese mismo rubro. Solo en 2024, ZFLL generó USD$1.478 millones en exportaciones (lo que equivale al 7.3% de las exportaciones de bienes de todo el país), y proyecta duplicar su impacto en los próximos años.

Se menciona que ésta Zona Franca ha evolucionado hacia algo mucho más grande que infraestructura, ya que se ha constituido en una plataforma de crecimiento para empresas líderes, un punto de atracción de talento altamente capacitado y un referente de cómo la sostenibilidad puede integrarse a la operación con excelencia. Este parque ha demostrado que es posible competir a nivel global desde Cartago, con altos estándares, un ecosistema articulado y un modelo que apuesta por el bienestar y la innovación

Según el artículo, la ubicación estratégica de esta zona franca no sólo responde a criterios geográficos, sino también a una clara ventaja competitiva: su cercanía con uno de los ecosistemas de talento más sólidos del país. Cartago se ha consolidado como un epicentro de mano de obra de primer nivel, gracias a la presencia de universidades de prestigio, como el Instituto Tecnológico, colegios técnicos como el COVAO y centros de formación parauniversitaria como el INA que impulsan el desarrollo de profesionales especializados, que están alineados con los requerimientos de la manufactura avanzada y con la tecnología. 

Se afirma que Cartago ofrece condiciones únicas: una ubicación estratégica, centros educativos de excelencia, mano de obra altamente calificada y una profunda conexión entre la academia y la industria

Y es que la estrategia del parque ha estado centrada en atraer empresas con alto valor agregado, pero también en conectar esas oportunidades con el talento local. El 85% de la fuerza laboral del parque proviene de la provincia de Cartago.

Durante el 2025, las empresas instaladas en La Lima proyectan la generación de 1.500 nuevos empleos directos, una cifra que reafirma el crecimiento sostenido del parque, Con una proyección de más de 15.000 empleos directos cuando alcance su máxima capacidad.

Finalmente, la empresa desarrolladora de la zona Franca, reconoce el impacto que ésta ha tenido en la economía de éste sector y de la provincia de Cartago, en vista que la inversión realizada, ha estado dirigida a invertir en el bienestar de las comunidades, en la generación de empleo de calidad y en el impulso de sectores clave de la industria y de la tecnología.(Elmundo.cr,29-4-2025)

Pero, frente a la consolidación del parque empresarial de la Lima, nos preguntamos a qué se dedicaba ésta área geográfica y si en el pasado este sector de Cartago, estaba integrado a la producción y a la economía nacional, como sucede ahora, reuniendo a grandes empresas que generan inversión, empleo y aporte a las exportaciones.

Es bueno recordar que desde inicios del siglo XX y en mayor medida a mediados del siglo pasado y por espacio de varias décadas, ésta área geográfica estuvo dedicada a la producción agropecuaria, especialmente a las actividades cafetaleras y ganadera, con participación también en la producción de granos y de caña de azúcar.

En fincas de gran extensión, como las de Mariano Guardia, los Piza y otras más al sur de la ubicación actual de la zona Franca la Lima y en los terrenos que ocupa actualmente el Parque industrial de Cartago, fincas de otros empresarios como René Picado y José Joaquín Peralta, representaban la principal actividad económica de este sector, perteneciente en parte al distrito de Guadalupe y a la Lima de Taras de Cartago.

Estas fincas en estos distritos, eran parte de una extensa zona agropecuaria conformada según el censo agropecuario de 1963, por cerca de 147 fincas en Guadalupe, con una extensión de 3.196 manzanas y 101 fincas con una extensión de 3.408 manzanas en San Nicolás, que se extendían hasta Coris al suroeste y colindaban con los montes de la Carpintera al oeste, su barrera natural.(INEC,Censo Agropecuario 1963, pag.3)

Esas fincas como dijimos se dedicaban a la producción de café, de ganado, de caña de azúcar y de granos, muchas de ellas eran grandes extensiones, de más de 50 y hasta 600 manzanas, en poder de empresarios agrícolas de San José y Cartago, que no vivían en la finca, pero que las visitaban casi semanalmente, y que por lo general contrataban  Administradores y mandadores, que si vivían en las fincas o en sus alrededores.

Es posible recordar la calle de tierra que daba acceso a la entrada de las fincas de Guardia y Piza,(que en la actualidad es casi la misma que da acceso a la zona Franca), que llegaba hasta las entrada de las fincas que estaban próximas entre ellas, resguardadas por grandes portones de hierro, que daban acceso a callejones que cruzaban las fincas y a las casas de los administradores.             

Aunque es difícil establecer cuántas fincas se dedicaban a cada cultivo en los distritos mencionados en esos años, es posible determinar que en el cantón central de Cartago, que los incluye, había según el Censo del 63, más de 500 fincas de café y cerca de 600 fincas dedicadas a la actividad ganadera, de todos los tamaños.                     

Cartago, era una provincia eminentemente agrícola y cafetalera, así como sus cantones y distritos, era la tercera provincia más productora del país y el cantón central de Cartago, al que pertenecen los distritos mencionados, producía el 17% de la producción de la provincia y era gran generador de empleo agrícola.

Se estima, según el mismo Censo, que se generaban 7.357 empleos permanentes y temporales de trabajadores agrícolas o jornaleros en el cantón central de Cartago, de los cuales, 849 eran de Guadalupe, 555 de San Nicolás, 583 de Tobosi y 3.010 de Corralillo, es decir la actividad agropecuaria era la principal fuente de empleo para la población de estos distritos. (INEC,Censo agropecuario de 1963, pag.279)

A pesar de que la información del censo de 1963, no permite determinar el aporte de la producción de café y la ganadería a la economía nacional y el valor de las exportaciones de que salían de esa zona de Cartago,, es posible establecer la estrecha relación de esas actividades con la generación de empleo e ingresos para las familias de la época, ya que las labores permanentes de las fincas y las temporales(como los recolectores de café) atraían la mayor parte de la mano de obra cartaginesa.

Pese a que se trata de actividades económicas distintas antes y ahora, podríamos señalar que en la misma área geográfica, el sector oeste de Cartago, hace más de 60 años, la producción en las fincas agropecuarias ocupaba esas tierras y generaba cerca del 90% del empleo, que ahora ocupan las empresas de la zona Franca de la Lima, las cuales generan el 85% del empleo de los distritos del cantón central de la provincia.  

A través de los años, el sector oeste de Cartago ha sido una zona estratégica para la economía regional y nacional, que representa no sólo la transición de la Costa Rica agrícola y rural del siglo XX, a la Costa Rica industrial y tecnológica del siglo XXI, si no también la transformación del modelo de desarrollo económico agroexportador, hacia el modelo de la economía de los servicios y la manufactura avanzada de exportación. 

Una nueva regionalización del país, un proceso que debe ser bien direccionado y participativo

 La semana anterior el Ministerio de Planificación Nacional (Mideplan) dió a conocer la firma del contrato para generar el “Estudio de regionalización que responda a los retos actuales que enfrenta Costa Rica en materia de planificación, gestión del desarrollo regional y ordenamiento territorial”.

Según la información “Su propósito es construir una propuesta técnica renovada para delimitar regiones, subregiones, cantones y distritos, que sirva como herramienta operativa del Sistema Nacional de Planificación.

La labor estará a cargo de la empresa GeoAdaptive que laborará en alianza técnica y estratégica con la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación (FUNDEVI).

De acuerdo a la Ministra de Planificación,“Una regionalización moderna y basada en evidencia permitirá cerrar brechas históricas y asegurar un desarrollo más justo y equilibrado para todas las regiones del país”.

La justificación del estudio se origina en que, la división política del país no va acorde a las verdaderas realidades que enfrentan diferentes lugares, lo que genera la necesidad de focalizar esfuerzos según las necesidades más locales.

“El estudio permitirá fortalecer la coordinación entre instituciones en todos los niveles —nacional, regional y local—, facilitando una planificación más eficaz, evaluaciones más precisas y una participación ciudadana más activa. Además, brindará herramientas para caracterizar adecuadamente cada región, haciendo posible una intervención pública más contextualizada y pertinente”, agrega Mideplan.

Aduce que se pueden mejorar las condiciones de crecimiento, competitividad e innovación en las diversas regiones del país, “para garantizar el cierre de brechas estructurales que afectan negativamente la calidad de vida y el arraigo de sus habitantes”.

Se indica además que el estudio de regionalización, está muy relacionada con la Ley de Desarrollo Regional de Costa Rica, aprobada en el 2021, que tiene como finalidad impulsar el desarrollo regional en Costa Rica, para la mejora de las condiciones y la calidad de vida de toda la población, respetando las particularidades culturales, sociales, económicas, ambientales y el aprovechamiento de las sinergias y potencialidades propias de cada región, en un contexto de participación democrática.(El observador.com,18-5-25)

El año anterior con motivo del anuncio del estudio de regionalización habíamos mencionado en un artículo denominado Los cambios en la regionalización del país; hacia un remozamiento del esquema de regionalización o en procura de un verdadero desarrollo territorial sostenible, que la validez de esta iniciativa de Mideplán, debe considerar algunos aspectos importantes:

1.Debe trascender el enfoque de regiones administrativas hacia el enfoque de desarrollo territorial, donde las características de los territorios desde el punto de vista geográfico,  histórico, sociodemográfico, cultural y económico-productivo , sean las que definan la

afinidad, interrelación y conformación geosociohistórica de los territorios regionales.

2. Es imperativo introducir un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo éstas están en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental.

3.Los cambios en la regionalización del país no se deben reducir a un reordenamiento geográfico o a la redefinición de las regiones para que se fortalezca la presencia de las instituciones en cada región y al decir de Mideplán trabajar mejor las políticas públicas y descentralizar los presupuestos para dar los financiamientos más adecuados.

4.Dado que varios análisis del desarrollo nacional, han expuesto reiteradamente que el desarrollo regional del país es un desarrollo desigual e inequitativo, resultado de la concentración de los recursos, la inversión y de la actividad económica, es fundamental que el análisis de la nueva propuesta territorial tenga como objetivo estratégico revertir las desigualdades regionales y avanzar hacia una organización territorial más equitativa y sostenible.

5. De ahí que es fundamental proponer una nueva organización territorial dirigida a superar las brechas regionales existentes entre la Gran Area Metropolitana(GAM) y las regiones periféricas rurales, costeras y fronterizas y los desequilibrios al interior de las mismas regiones periféricas, entre sus ciudades más desarrolladas y las zonas rurales.

6.Por lo anterior se requiere sustentar la reorganización territorial en una caracterización profunda de los recursos naturales, humanos, institucionales, infraestructurales de los territorios de las distintas zonas geográficas, así como en los indicadores productivos, de desarrollo social, de desarrollo humano, de desarrollo rural y de competitividad existentes para los cantones y regiones, que permita establecer las particularidades, articulaciones y niveles de desarrollo de las distintas áreas geográficas.

7.El abordaje de este nuevo ordenamiento territorial debe suponer una perspectiva de desarrollo autocentrado en las características territoriales, con un carácter endógeno y participativo que permita que los distintos actores sociales, económicos, públicos o privados intervengan y definan las acciones necesarias para el replanteamiento de las regiones y sus territorios.

8.En consecuencia, la ejecución del estudio de regionalización y la propuesta de reordenamiento territorial, debe implicar una consulta amplia a los actores territoriales y las  comunidades, tanto en la elaboración de los diagnósticos-caracterizaciones regionales, como en la discusión de las propuestas de reorganización territorial resultantes.

9.La conformación de las nuevos espacios territoriales, debe obedecer a características históricas, físicas, culturales y de dinámica productiva, que permita lograr mayor cohesión e interacción de la población en los territorios, una mejor distribución y gestión de los recursos y una mayor representación política.

10.De esta manera, los nuevos espacios territoriales, deben redefinir la cobertura de las provincias actuales, la pertenencia apropiada de algunos cantones y la conformación de nuevas regiones más homogéneas y congruentes, que darán lugar a una regionalización más precisa y ajustada a las condiciones del siglo XXI.

El día del agricultor en plena crisis de la agricultura. qué celebramos realmente?

Este 15 de mayo, se celebra el día del agricultor, pero lo que celebramos realmente, es la progresiva desaparición del agricultor, que ocurre cada año ante nuestros ojos y que cada Gobierno desde 1986, se ha encargado de ignorar la importancia de la agricultura, de desmantelar el apoyo estatal hacia ésta actividad, de políticas simbólicas y ficticias y de convertir al agricultor en una figura del folklore y de la añoranza del pasado.

Precisamente hoy, en esta fecha, los medios de comunicación revelan que el sector agro, pierde 54.000 empleos en seis años y alcanza su punto más bajo en una década.  Unas 206.000 personas se dedicaron a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en el 2024, cifra que no se veía hace una década, es decir esto representa una reducción del 20%, desde el 2018 y eso que en ese año el número de ocupados tuvo un repunte.

Pero la situación de las personas ocupadas es aún más delicada, ya que, en el cuarto trimestre de 2024 (octubre, noviembre y diciembre), el número de personas ocupadas en esta actividad llegó a 197.887. Esto convierte a dicho trimestre en el que presenta el resultado más bajo, al menos desde el año 2011.(El Observador.com,15-5-2025)

Ya a principios del 2024, la encuesta de microempresas elaborada por el INEC, reveló que 74.787 agricultores fueron expulsados de su actividad económica en los últimos dos años, siendo el agro el que más perdió microempresarios, cuya actividad es más pequeña, siembran en sus propios terrenos y las producciones son bajas, es decir se trata de agricultores de escasos recursos que deben abandonar su actividad y que son parte de los pobres rurales de las regiones periféricas del país.(ElObservador.com,26-2-2024)

Por eso, tampoco nos sorprende ver la información del IMAE sobre el descenso de la producción agrícola, donde Marzo de 2025 se convirtió en el quinto mes consecutivo con disminución en la producción agropecuaria, pues a partir de noviembre la tendencia cambió y la producción ha disminuido mes a mes, acumulando cinco meses consecutivos de retroceso:

Noviembre 2024: -1,1%                                                                                                                Diciembre 2024: -3,1%                                                                                                                       Enero 2025: -4,4%                                                                                                                          Febrero 2025: -4,3%                                                                                                                          Marzo 2025: -2,9% (El Observador.com,14.5.2025)

Las causas y las explicaciones para un proceso de deterioro que se inició hace varias décadas, tanto de parte del sector gubernamental, como de las propias organizaciones agrícolas,ya hasta suenan reiterativas y desgastadas.

El Banco Central explica en su Informe de Política Monetaria de abril que la actividad agropecuaria se vio afectada de varias formas debido a situaciones climáticas: se produjo una merma en la producción orientada al mercado externo, como la de banano y piña.   Hubo una menor producción en actividades agrícolas de ciclo corto, como papa, hortalizas, plátano y cebolla.

Mientras que desde la Cámara de Agricultura y Agroindustria, “el sector agropecuario nacional atraviesa una grave crisis”, que desde su perspectiva, obedece a varios factores, entre ellos los fenómenos climáticos adversos, que están generando una baja en la producción y otro es la pérdida de competitividad en las actividades agroexportadoras y del mercado interno, debido a la apreciación del colón frente al dólar.

Pero éstas son razones coyunturales y el deterioro de la actividad agropecuaria, responde a causas estructurales, relacionadas con las transformaciones del modelo de desarrollo económico impulsadas a lo largo de 4 décadas, dirigidas a la apertura comercial y al establecimiento de una economía de servicios, en la que predomina la inversión extranjera y en la que la actividad agrícola es una actividad secundaria y hasta marginal(la producción para el mercado interno).

De ahí que, que la reducción en el área sembrada de cultivos para el mercado nacional, ya no sorprenden y hasta parecen anecdóticos, como las datos de que las extensiones de terreno con sembradíos de arroz, frijoles y maíz en Costa Rica alcanzaron nuevos mínimos, pues pasó de 154.658 en 1990 a 36.226 en 2023. La disminución es del 75%. lo que se refleja en la cantidad de personas empleadas en ese sector.

Otro ejemplo es la cebolla, en la que la producción nacional de este producto cayó en el 2024, hasta uno de sus puntos más bajos de la última década, con unas cifras que pasaron de 45.585 en el 2023 a 35.788 toneladas métricas en el 2024, que según el Consejo Nacional de Producción (CNP) representa una disminución del 21,5%.

Como lo apuntábamos en un artículo anterior denominado, La producción alimentaria nacional se debate en sus niveles mínimos, se decía que esta reducción en el área cultivada y también en la producción de las actividades agrícolas, podría estar llegando al límite mínimo(piso) de producción nacional de ciertos alimentos y que un descenso mayor en ellos, podría llevar al desabastecimiento y al aumento desmedido de la importación como ha ocurrido  con el arroz, el maíz y el frijol o recientemente con la cebolla y la papa, situación que tiene implicaciones en la salida de productores de la actividad, sobre el empleo agrícola y sobre la disponibilidad de alimentos y la seguridad y soberanía alimentaria del país y sobre el uso de las tierras agrícolas en otras actividades en algunas regiones periféricas del país.(Surcosdigital.com,1-10-2024)

Igualmente lo señalábamos en otro artículo titulado Los Cambios en la Encuesta Nacional Agropecuaria 2023 confirman la tendencia al deterioro de la actividad agrícola.  En ese artículo se mencionaba que la encuesta tenía entre sus principales revelaciones un descenso significativo en el área sembrada de los cultivos anuales con respecto al año 2022 y un descenso menor en los cultivos permanentes entre los dos años.

El descenso en el área dedicada a los cultivos anuales, era provocado principalmente por el descenso en el área de producción de arroz y en menor medida en las áreas de maíz y papá en el último año, En cuanto a los cultivos permanentes, el descenso en el área se dió sobre todo en las áreas de producción café, banano, caña y plátano.       

En un artículo todavía anterior, denominado El SOS de la producción agroalimentaria interna y de la seguridad alimentaria ante la ausencia de políticas para el sector, decíamos que el país y sus regiones, fueron autosuficientes y soberanos en muchos productos que ahora importamos y lo más grave, es que se trata de los alimentos básicos de la población, el arroz, los frijoles, el maíz, las hortalizas y a veces hasta los huevos, el azúcar y el café.

La producción agroalimentaria para el mercado interno, ha ingresado en el círculo perverso del comercio alimentario, de disminución de la producción nacional, aumento de las importaciones, aumento de los precios al consumidor y crecimiento de las ganancias de los importadores y empobrecimiento de los productores nacionales, que algunos políticos celebran con júbilo.

Mediante continuos artículos en defensa del agricultor y de la agricultura nacional, hemos estado escribiendo junto a algunas instituciones con intereses similares, la historia negra o la obra dramática del agricultor y la agricultura nacional, que ve desaparecer de manera inexorable una ocupación y una actividad que es parte de la identidad nacional y que en otros países consideran estratégica: la producción de alimentos.

El Informe del Estado de la Nación 2023, decía que “La disminución en la producción de granos básicos compromete la seguridad alimentaria y nutricional de la población, pues no promueve una oferta suficiente y constante de alimentos que garantice la satisfacción de las necesidades de la población”.

En tanto, la Defensoría de los Habitantes en una investigación realizada el año anterior, afirmaba que el país disminuyó su capacidad de autoabastecimiento de productos básicos para la alimentación, por las condiciones climáticas, la disponibilidad de tierras y la apuesta nacional por la protección del medio ambiente, el principal factor es la falta de políticas públicas que apoyen a los sectores productivos.

Sin embargo, no hay mejor explicación a la situación de los agricultores y de la agricultura nacional, que las manifestaciones de los propios agricultores, que cada semana concurren a las ferias del agricultor a pesar de los diversos problemas que enfrentan “para seguir siendo productores”,

El mes pasado y en relación a la situación de la producción y comercio de la cebolla un productor de Tierra Blanca, expresó que nunca había pasado por una situación tan complicada como la actual, en la que el mercado nacional no está absorbiendo la producción nacional, porque el Cenada y los supermercados prefieren importar cebolla que comprarle al nacional.

Otro productor de Santa Ana, afirmó que “eso es un desplazamiento de la producción nacional (…) Y cuando ellos (importadores) dominan la oferta dominan el precio”, la lógica es clara, producir menos para importar más y que los importadores obtengan grandes ganancias en el comercio del producto.

Y finalmente una productora de San Carlos, que vende en la feria del agricultor de Cartago, tubérculos, maracuyá y plátano, expresó que “ya no aguantamos más, los insumos altísimos, la gasolina también, nos cobran todo y para el gobierno no existimos, nos quieren desaparecer, mientras que en otros países cuidan y chinean a los agricultores.

La producción alimentaria nacional se debate en sus niveles mínimos

En una noticia de ayer 15 de abril, se dio a conocer que la producción nacional de cebolla disminuye mientras que las importaciones llegan a su punto más alto, a la vez que productores nacionales reclaman que esta actividad va a desparecer debido a las importaciones.  Según esta información, las toneladas métricas pasaron de 45.585 en el 20223 a 35.788 en el 2024, con una disminución del 21.5%, considera como una caída significativa por el CNP.

Este dato sobre la reducción de la producción de cebolla, se encuentra probablemente ya entre los niveles mínimos a los que puede llegar la producción nacional de este cultivo en el país, situación sobre la que se ha venido alertando desde hace varios años.

El año anterior, en el análisis de los cambios en la Encuesta nacional agraria 2023, se mencionaba la tendencia al deterioro de la actividad agrícola y la aproximación a la producción mínima en las principales actividades agroalimentarias.

Se decía que esta reducción en el área cultivada y también en la producción de las actividades agrícolas, podría estar llegando al límite mínimo(piso) de producción nacional de ciertos alimentos y que un descenso mayor en ellos, podría llevar al desabastecimiento y al aumento de la importación como ha ocurrido  con el arroz, el maíz y el frijol o al aumento en el ingreso de productos como ha ocurrido con la cebolla y la papa, situación que tiene implicaciones en la salida de productores de la actividad, sobre el empleo agrícola y sobre la disponibilidad de alimentos y la seguridad y soberanía alimentaria del país y sobre el uso de las tierras agrícolas en otras actividades en algunas regiones periféricas del país.(Surcos,1-10-2024)

En los últimos meses la disponibilidad de cebolla, se ha introducido en ese círculo perverso, de disminución de la producción nacional, aumento de las importaciones y aumento de los precios al consumidor, en que había ingresado unos meses antes también la actividad de la papa y que entre las Autoridades del sector agropecuario nadie quiere explicar y menos atender. 

Se informa al mismo tiempo, que el año pasado se dio un aumento en la importación de cebollas, es decir, de las que se producen en otros países y se traen a Costa Rica, ya que las importaciones pasaron de 1.663 toneladas métricas en el 2023 a 8.290. toneladas métricas en el 2024, una cifra nunca antes vista.

Los datos recientemente publicados por el CNP indican que este comportamiento al alza en las importaciones parece mantenerse en el 2025. Solo durante enero y febrero se han traído al país 2.322 toneladas, más que todo lo que se importó en cada uno de los años previos al 2023.

Por su parte, el análisis realizado por el CNP también demuestra que hay un aumento sostenido del precio de la cebolla fresca en Costa Rica. De esta forma, el precio promedio por kilo que se paga al productor pasó de ¢800 en el 2021 a ¢1.180 en el 2024 y en ese mismo periodo en el Cenada el precio del kilo subió de ¢844 a ¢1.369. 

Pero aún más pronunciado ha sido el aumento en el 2025, pues el incremento en las ferias se movió de ¢1.127 a ¢1.927 por kilo, mientras tanto en los supermercados pasó de ¢1.456 en el 2021 a ¢1.962 en el 2025.

Al respecto, la mejor definición de lo que está ocurriendo en la actividad de la cebolla, la dió un agricultor de Tierra Blanca de Cartago, cuando en la misma información, dice que nunca había pasado por una situación tan complicada como la actual, que el mercado nacional no está absorbiendo la producción nacional, porque el Cenada y los supermercados prefieren importar cebolla que comprarle al nacional.

Desde su punto de vista, durante los últimos meses un grupo de importadores se dieron cuenta de que la cebolla es un buen negocio y es un producto de venta masiva.  Debido a esto, el mercado nacional se ha inundado de cebolla de Perú, Nicaragua y Estados Unidos. Mientras tanto, la cantidad de agricultores de cebolla está disminuyendo a una velocidad de 5% al año, según cálculos del sector cebollero.

“Eso es un desplazamiento de la producción nacional (…) Y cuando ellos (importadores) dominan la oferta dominan el precio”, afirmó otro productor de San Ana. La lógica es clara y contundente, producir menos para importar más y que los importadores obtengan grandes ganancias en el comercio del producto.

Pero según, la misma información, la cebolla no es el único fruto cuya producción está bajando en Costa Rica.  Las encuestas agrícolas desde el año 2020, han señalado que las extensiones de terreno con sembradíos de arroz, frijoles y maíz en Costa Rica alcanzaron nuevos mínimos.  La cantidad de hectáreas sembradas de granos básicos en Costa Rica pasó de 154.658 en el año 1990 a 36.226 en el 2023, donde la disminución es del 75%.(El Observador.com,15-4-2025)

Sin embargo, mientras las actividades agroalimentarias para el consumo interno alcanzan niveles mínimos, las Autoridades actuales del sector agropecuario, miran hacia otro lado y distraen su labor en la formulación de una política para el sector agropecuario 2023-2032, en la presentación en mayo del año anterior de un informe en cadena nacional, que denominaron el Agro es fundamental para la Administración Chávez: seguiremos trabajando por su competitividad y avance y a inicios de este año, en la emisión de un decreto para autorizar la importación de papa y cebolla..

Ante esta disociación entre la realidad de la producción agroalimentaria y la acción institucional del sector Agropecuario, vuelve a cobrar validez la investigación realizada el año anterior por la Defensoría de los Habitantes sobre el acceso a la Seguridad Alimentaria y Nutricional, que entre sus conclusiones afirmaba que el país disminuyó su capacidad de autoabastecimiento de productos básicos para la alimentación y el principal factor es la falta de políticas públicas que apoyen a los sectores productivos.

Así mismo son reiterativas, pero oportunas las consideraciones incluidas en el artículo denominado El SOS de la producción agroalimentaria interna y de la seguridad alimentaria(Surcosdigital.com18-3-2024), acerca de la necesidad de la formulación de una ley nacional de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, que proteja la producción agroalimentaria de los cambios en las políticas internas de desestimulo a la producción nacional y de estímulo a las importaciones.

La imposición de aranceles a las importaciones

 

Hace pocas horas el Presidente Trump, anunció en un mensaje en su red social preferida, que a partir del 2 de abril, impondrá aranceles a las importaciones agrícolas hacia EEUU. Aunque el anuncio no aclara en qué porcentajes serán los gravámenes y en qué condiciones serán aplicados.

De seguido el Presidente, agregó “a los grandes agricultores de Estados Unidos, prepárense para empezar a producir mucho más producto agrícola para vender dentro de Estados Unidos. Diviértanse¡”, dijo.

Este mismo día desde Pekín, llegan noticias de la inminente aprobación de aranceles del 10% a las importaciones agrícolas estadounidenses en respuesta a la última ronda de gravámenes de Trump, aunque el mandatario estadounidense trataba de minimizar la capacidad de China de tomar represalias.

En defensa de esta estrategia arancelaria (proteccionista), Trump ha insistido que “los aranceles son fáciles, son rápidos, son eficientes, aportan justicia”, y ha criticado al ExPresidente Reagan por su política comercial (aperturista y de libre comercio).

El mundo al revés, el país líder del libre comercio y que imponía a los demás países tratados de libre comercio, dirigidos a eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias de los países, por considerarlas distorsiones al comercio, ahora está imponiendo indiscriminadamente aranceles a la importación de los productos que ingresan a los Estados Unidos, para proteger a las empresas y a la producción nacional.

 Al escuchar estas noticias, recordamos a los políticos norteamericanos y a miembros de los organismos internacionales, a los políticos y economistas de los países de América Latina, incluido Costa Rica, que proclamaban las bondades del libre comercio, la validez de los tratados comerciales y satanizaban los aranceles como medida de protección a la producción local.

Nuestras autoridades del Banco Central y del Sector Económico de los Gobiernos Liberacionistas y Socialcristianos, de varias décadas atrás, defendían los sagrados postulados del libre comercio y descalificaban a los que solíamos defender a los productores agrícolas nacionales y a los que hablaban de buscar medidas de protección para ellos, entre ellas los oscuros aranceles.

En los primeros días de este año, que vencieron todos los plazos de protección y se produjo la liberalización total de las importaciones agrícolas, incluidas en el Tratado Norte América, Centroamérica y República Dominicana(CAFTA), recordamos los acalorados debates entre los negociadores norteamericanos y centroamericanos, unos por liberar y otros por proteger algunos productos de la progresiva apertura comercial.

El progreso y el crecimiento económico estaba asociado a la apertura y al libre comercio, el atraso y el rezago económico, a la protección y la imposición de barreras al comercio, la lectura de la geopolítica actual ha variado la retórica comercial y la dirección de las políticas económicas, por unos años al menos será válido para nuestros países proteger su producción y a sus productores locales.

El deterioro de la pequeña producción agrícola y de la seguridad alimentaria

 

Diversas organizaciones y entidades costarricenses han señalado en los últimos años, las vulnerabilidades, amenazas y desafíos de la pequeña producción agrícola y de la seguridad alimentaria del país.

Estas organizaciones y entidades han coincidido en que el país disminuyó su capacidad de autoabastecimiento de productos básicos para la alimentación por las condiciones climáticas, la disponibilidad de tierras y la apuesta nacional por la protección del medio ambiente, siendo el principal factor la falta de políticas públicas que apoyen a los sectores productivos.

La Defensoría de los Habitantes por ejemplo, concluye que si bien es posible identificar instrumentos de política pública sobre el tema, prevalece la desarticulación, los bajos niveles de coordinación y colaboración entre las instituciones responsables de su diseño y ejecución, siendo necesario la aplicación de un enfoque integrado de Gobierno que coadyuve con soluciones oportunas, eficientes y eficaces en esa materia.

Entre los retos que persisten, indica que es necesario instaurar un sistema de alertas tempranas para mitigar o atender eventuales emergencias climatológicas, plagas y enfermedades, así como situaciones de restricción en el comercio internacional, esencial para reducir la vulnerabilidad a las crisis alimentarias en el comercio internacional.

Además apunta, que se requiere contar con un adecuado proceso de registro de agroquímicos, generar nuevas vías de registro para insumos alternativos y moléculas, así como el servicio de certificación y utilización de semillas; habilitar los servicios de laboratorio que, además, revise la efectividad de éstos en el mercado; así como la generación de nuevas vías de registro para insumos alternativos no contaminantes.

En materia de cambio climático, establece que urge contar con servicios de información climatológica y de siembra accesibles, que le permita al productor consultar en qué fechas se puede sembrar y así tomar decisiones de producción más certeras.

La Defensoría de los Habitantes, además le solicitó al Ministerio de Agricultura y Ganadería, reactivar el Sistema Nacional de Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINSAN) para disponer de informes de alerta para la atención oportuna de situaciones eventuales que puedan constituir una amenaza a la seguridad alimentaria y nutricional de la población del país y adoptar mecanismos de diálogo y participación con representantes de los productores, así como contar con la asesoría de la FAO, con el fin de que analicen los riesgos de una alta dependencia de las importaciones de algunos alimentos básicos en la dieta nacional, ante los escenarios de crisis climáticas o geopolíticas, que podrían dificultar, no sólo su disponibilidad, sino también el acceso ante la alta volatilidad por los cambios en los precios.(Defensoría de los Habitantes,Comunicado,febrero 2024)

En concordancia con el análisis de la Defensoría, los representantes de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, demandaron al Gobierno una política clara que mejore la productividad y la competitividad del sector.

El presidente de la Cámara, mencionó que preocupa el incremento de una canasta básica importada que no se traduce en mejores precios y que desplaza a los productores y a los miles de empleos que generan. 

Señala que muchas veces se trata de productos que compiten desigualmente contra los nuestros, sea por prácticas desleales o bien porque sus productores reciben apoyos, soportes y ayudas internas inexistentes aquí.

Para la CNAA, la preservación de las actividades agrícolas es del más evidente interés público, por el desarrollo, los empleos y los encadenamientos, sobre todo en zonas rurales y costeras.

También expresaron la preocupación por las intenciones del Gobierno de que Costa Rica se adhiera a la Alianza del Pacífico y por la caída del tipo de cambio del dólar con respecto al colón que provoca la pérdida de competitividad en el mercado local y en el de exportación. (CRHoy.com,27-1-2024)

Como si esos señalamientos no fueran suficientes, en el mes de febrero, se dio a conocer la información con base en datos de la encuesta de microempresas elaborada por el INEC, de que 74.787 agricultores fueron expulsados de su actividad económica en los últimos dos años, siendo el agro el que más perdió microempresarios, cuya actividad es más pequeña, siembran en sus propios terrenos y las producciones son bajas, es decir se trata de agricultores de escasos recursos que deben abandonar su actividad y que son parte de los pobres rurales de las regiones periféricas del país.(ElObservador.com,26-2-2024)

La mayoría de estas preocupaciones sobre el deterioro de las condiciones de producción de micro y pequeños productores, habían sido manifestadas el año anterior por las organizaciones agrícolas, Upanacional, UPIAV, UNAG y la Corporación Hortícola, durante la Marcha nacional en apoyo al Sector agropecuario del 29 de marzo en la que reclamaban una política de apoyo al sector agropecuario que asegure el desarrollo social y la soberanía alimentaria.

Igualmente fueron planteadas en la marcha del Sector agropecuario por la defensa de la soberanía alimentaria y la institucionalidad del sector, efectuada el 25 de octubre, en la que se demandó: No al bloque Alianza del Pacífico, Sí a la Comisión mixta en la Asamblea legislativa, Sí a la defensa de la institucionalidad del sector, Sí a la Soberanía alimentaria.

No obstante, los movimientos y demandas de las organizaciones, no han logrado detener las políticas que debilitan al sector y afectan a los productores nacionales en actividades específicas, como el caso de la política de la Ruta del Arroz, impulsada en julio del 2022 por el Gobierno actual mediante dos decretos que reducía considerablemente los impuestos a la importación y estimulaba la importación de arroz, con los consiguientes efectos sobre los productores locales y las áreas de producción de ese cultivo.

Así mismo, el Gobierno propuso a mediados del año anterior, un proyecto de ley para reformar la Ley orgánica del Ministerio de Agricultura, dirigido a concentrar las decisiones en el Ministro de la cartera y eliminar potestades a las entidades especializadas, como el Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento(Senara) y Servicio Fitosanitario del Estado, en una intencionalidad de imponer un modelo centralista y piramidal y convertirlas en meras entidades técnicas.

A finales del año anterior, también se propuso un proyecto de ley de reforma a la ley de Ferias del Agricultor, que pretende eliminar la Junta Nacional de Ferias y trasladar la coordinación de las ferias al Programa de Mercadeo Agropecuario(PIMA), que pretende institucionalizar el manejo de las ferias y atentar contra el manejo autónomo de las mismas por parte de los productores.

Estos proyectos particulares, podrían continuar deteriorando la institucionalidad del sector agropecuario y las condiciones de producción y comercialización en que se encuentran los pequeños y medianos productores sobre todo vinculados al mercado interno.

Esta problemática ya había sido analizada en una propuesta de política agroalimentaria alternativa elaborada hace una década. En ella se señalaba que la difícil situación de la producción agroalimentaria para el mercado interno, en la que la mayoría de los agricultores que producen para el consumo interno tienen escasa rentabilidad, provocada por bajos rendimientos y problemas de precios y de mercados.

Además, esa agricultura se veía amenazada por:

-las importaciones de alimentos básicos con precios subsidiados

-la inestabilidad de las cosechas por cambios climáticos

-el descenso en las áreas dedicadas a la producción por altos costos de producción.

Debido a que la situación actual de la producción agroalimentaria es similar a la de hace una década y podría tender a agudizarse, es necesario un nuevo esfuerzo conjunto de todos los sectores hacia la formulación de una política agroalimentaria sostenible, incluyente y soberana.

Es imperativo cambiar la dinámica agroproductiva de los últimos 40 años que hizo del país uno de los más dependientes de la producción externa y uno de los más desiguales, con una pobreza rural creciente.

El país y sus regiones, eran soberanos y autosuficientes en muchos productos que ahora importamos y lo más grave, es que se trata de los alimentos básicos de la población, el arroz, los frijoles, el maíz, las hortalizas y hasta los huevos, el azúcar y el café.

No podemos seguir produciendo de la misma manera, utilizando una alta cantidad de insumos químicos externos, que provoca altos costos, pérdida de suelos, contaminación, sequía, mayor concentración de CO2 y menor soberanía alimentaria, se requiere una transición agroecológica de la actividad agrícola.

Una transición agroecológica que haga más sostenible ambientalmente la producción agroalimentaria, más justa y equitativa la participación de los productores y tener mayor soberanía alimentaria en los productos alimenticios básicos. 

La propuesta debe incluir un programa de precios de garantía y de acceso a mercados, un nuevo modelo de financiamiento justo y accesible a los pequeños y medianos productores(fondo agrícola de banca para el Desarrollo) y un sistema de extensión e innovación tecnológica ligado a los condiciones de la pequeña y mediana producción y a opciones de tecnologías apropiadas para el mejoramiento de la productividad y la conservación de la biodiversidad.

Un componente adicional, es el impulso de un programa de manejo postcosecha y agregación de valor, para el desarrollo de agroindustrias rurales de productos con identidad territorial y sellos de origen, junto a la creación de cadenas cortas de comercio y mercados locales y regionales alternativos y justos.

Debe considerar también, programas para que las mujeres y los jóvenes rurales sean titulares de derechos y concesiones de tierra y reciban capacitación para integrarse a la producción agrícola.

Es necesario también perfeccionar los mecanismos de transferencias de apoyos sociales, para que éstos vayan dirigidos a las familias rurales de escasos recursos, como un bono rural que les permitan mantenerse en la producción agroalimentaria y contribuir a reducir la pobreza rural.

Todo ese esfuerzo propositivo, debe coronarse con la formulación y puesta en ejecución de una ley nacional de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, que proteja la producción agroalimentaria de los cambios en las condiciones externas de precios y mercados y de los cambios en las políticas internas de desestímulo e importación y de los riesgos y vulnerabilidades generados por fenómenos climáticos.