jueves, 22 de octubre de 2020

El Aporte de la Estrategia Motor Rural a la Reactivaciòn de las Zonas Rurales luego de la Pandemia


El Instituto de Desarrollo Rural (INDER), lanzó la estrategia integral para apoyar la reactivación desde los territorios rurales, denominada “Motor Rural”, que abarca una serie de medidas para promover las actividades productivas y económicas, así como colaborar con ideas e innovaciones que se generen en el sector rural.  Con esta estrategia el Gobierno destinará ₡15.200 millones para reactivar la economía de los territorios rurales

Motor Rural busca ser el mecanismo que dinamice las economías rurales, gracias a un engranaje que contiene diversas áreas”, tales como:

Ruta al Desarrollo Rural, que incluye un conjunto de proyectos de infraestructura pública que el INDER desarrolla en el país, de los que se priorizaron 82 de mayor impacto para la competitividad de los territorios rurales, acelerando su finalización este año.

Se trata de caminos, puentes, alcantarillas; servicios básicos como electricidad y agua; infraestructura productiva como plantas de procesamiento de productos agrícolas y centros de acopio. La inversión en esos proyectos es de ₡12.410 millones y se verán beneficiadas unas 15 mil familias costarricenses.

Crédito en Marcha, es una línea de crédito especial de operación única y por un periodo establecido, dirigido a organizaciones sin fines de lucro de todo el país, como asociaciones de pequeños y mediados productores, cooperativas, Centros Agrícolas Cantonales, entre otros.  El crédito estará disponible hasta el próximo 31 de octubre y en una primera fase, el INDER dispondrá de ₡500 millones.

Impulso Rural, es un fondo de recursos no reembolsables para apoyar ideas emprendedoras y novedosas del sector agropecuario, está constituido por ₡300 millones y se podrán girar hasta ₡5 millones por cada idea innovadora. Esta área financiará proyectos e ideas que contribuyan a la generación de ingresos, empleos y dinamismo económico local.

Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria, en ésta área se está incorporando más de ₡2 mil millones para apoyar este año actividades agrícolas y pecuarias.  Se brindarán insumos, semillas, herramientas, materiales para el trabajo pecuario y agrícola, como motoguadañas, ordeñadoras eléctricas, picadoras de zacate, entre otros, a los productores afectados por la pandemia en los territorios rurales.

Mercado Rural CR, es un catálogo digital de Productos Rurales, para que los emprendedores y organizaciones apoyadas por el INDER en los territorios muestren sus productos, efectúen contactos directos con compradores y puedan mejorar la comercialización de sus productos.  Se trata de una plataforma totalmente gratuita para el mercadeo digital de pequeños y medianos emprendedores. (ElPaís.cr, 23-9-2020)

La estrategia Motor Rural, ha tenido como antecedente la campaña y la feria del Orgullo Rural, que la misma institución impulsó en octubre del 2019.  Esta campaña destacó que el Orgullo Rural “es participar del desarrollo en cada uno de los 29 territorios rurales del país, en los cuales existen los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural que son oportunidades para que la población de cada territorio tenga voz y voto en las acciones que se toman en pro de su desarrollo”.

Por su parte, la feria surge, “a partir de la necesidad de generar espacios de intercambio de experiencias y capacitación de los diferentes actores de los territorios rurales y además para que quienes habitan en las zonas urbanas conozcan la labor que el INDER está realizando en el acompañamiento de las iniciativas sociales, productivas y con los emprendimientos en la ruralidad nacional”. (INDER, Programa de la Feria,p.1).

En la presentación de la estrategia el Presidente Ejecutivo, expresó que “entendemos la necesidad de plantear respuestas prontas y oportunas a las familias de los territorios rurales.  Motor rural se enfoca en la necesidad de disminuir el impacto negativo generado por la pandemia en la condición de las familias; y por ello está dirigido a impulsar acciones para fortalecer las actividades de reactivación económicas de los territorios rurales. (ElPaís.cr, 23-9-2020)

La acción institucional de esta estrategia en las áreas rurales es valiosa y oportuna, tomando en consideración la problemática social y económica que ha caracterizado a éstas áreas, ligada a la falta de dinamismo de las actividades productivas, a las condiciones de desempleo, pobreza y desigualdad, al deterioro de la vivienda y la infraestructura social y productiva y a las limitaciones en el acceso a la educación, la salud, los servicios públicos y las nuevas tecnologías.

En el año 2006, un estudio comparativo entre las áreas urbanas y rurales, determinó que el bienestar urbano es mayor que el bienestar rural, ya sea que consideremos ingreso o consumo.   Sin importar la línea de pobreza, la incidencia siempre será mayor en la zona rural y los hogares agrícolas tienen el menor ingreso promedio.

Los hogares agropecuarios presentaban la mayor incidencia de pobreza y pobreza extrema y poco más del 50% de los hogares agropecuarios se concentran en los quintiles 1 y 2.   En ese período el empleo en el sector primario rural se redujo en 10 puntos porcentuales y la desigualdad, por ingreso es mayor en las zonas rurales que en las urbanas. (Saborío, M. y Rodríguez, A.,2006)

Una investigación posterior estableció que, la cantidad de personas que habitan los territorios rurales entre 1960 al 2015 bajó en 43%. A su vez, cerca de 40% de la población se dedica a ocupaciones elementales (no calificadas), principalmente relacionadas con la agricultura y 56% de los hogares se encuentran ubicados en los dos quintiles de ingresos más bajos.

En efecto, si se examina la información de la ENAHO 2017 referente a los quintiles de ingreso per cápita, 60% se ubica en los dos quintiles más bajos; en las regiones Brunca y la Huetar Norte, es alrededor de 70%. En el caso de la primera región, 44,4% de la población se ubica en el quintil de ingresos más bajo.

En términos del indicador de pobreza, cerca de 25% de los hogares rurales se encuentran en una situación de pobreza, muy superior al porcentaje nacional, que se ubicaba alrededor de 20%.   La región Brunca registra el mayor porcentaje de hogares en condiciones de pobreza: 32,4%, en tanto en la región Pacífico Central, el porcentaje de personas en condiciones de pobreza es menor que el anterior, pero superior al 30%.

Con respecto al nivel de instrucción de la población rural, en su mayoría como máximo cuentan con sexto de primaria y un porcentaje muy reducido tiene bachillerato de secundaria.  El porcentaje de personas con estudios universitarios o al menos que cuenten con una carrera técnica también resulta bajo, en ninguna región supera 10%. Por su parte, el promedio de escolaridad es en todas las regiones alrededor de 6 años.

La tasa de desempleo tiende a ser más alta en las zonas rurales y estar muy ligada a los niveles de escolaridad que muestra la población rural, el cual influye de manera directa en el tipo y la calidad de empleo; de esta forma se visualiza un patrón estructural de desigualdad e impedimento real para la búsqueda de mejores opciones y condiciones laborales, ya que las posibilidades de conseguir empleo se limitan a la dinámica productiva de las regiones.

De ahí que la generación de empleos de calidad en territorios rurales es uno de los principales retos del país, ya que la concentración de la riqueza se presenta en los centros urbanizados e industrializados donde se aglomera el empleo formal y la institucionalidad gubernamental.

La problemática de las áreas rurales plantean una serie de reflexiones que van desde el reposicionamiento de los territorios rurales en términos de la gobernanza y la acción ciudadana, hasta la necesidad de ir trazando el rumbo económico, empleo y desarrollo rural, un desarrollo equitativo, sostenible e incluyente.(Porras, A. y Rivera,R.,2018)

lunes, 5 de octubre de 2020

Acerca del Acuerdo Arrocero y la Permanencia de los Productores de Arroz

Un grupo de 66 personas integrado por especialistas en economía y políticas públicas, pidieron el jueves anterior al presidente de la República, Carlos Alvarado, reconsiderar el acuerdo al que llegó el Gobierno con los arroceros.

Una primera percepción del comunicado de los especialistas, es que se utilizan argumentos de liberalización y eficiencia económica similares a los que utilizaban en el lejano 1986 las autoridades del Gobierno de aquel momento, para exponer sus razonamientos acerca del imperativo de eliminar los precios subsidiados de los granos, restringir la participación del Estado y recomendar a los productores reconvertirse hacia cultivos no tradicionales de exportación.

Al final las políticas de cambio se impusieron, porque era más barato importar el maíz y más de 40 mil productores de la zona Atlántica dejaron de producirlo, incursionaron sin apoyo primero en cacao y después en raíces y tubérculos y finalmente se constituyeron en mano de obra de las empresas piñeras, que hoy ocupan las tierras antes dedicadas a la producción de maíz.

Pese a que la petición indicada está referida plenamente a la actividad arrocera, el documento no profundiza en la evolución de la producción nacional de arroz y sobre cuáles son las razones para que en la actualidad ésta actividad esté dominada por los consorcios arroceros quienes reciben los mayores beneficios y que en la fase de producción permanezcan los pequeños productores de recursos limitados que obtienen una baja productividad.

Al respecto es bueno mencionar que la estructura productiva de la actividad arrocera se modificó en las últimas décadas, en buena medida como resultado de las políticas establecidas en las décadas de los 80 y 90 dirigidas a desestimular la producción de granos, desmantelar el esquema estatal de apoyo a esa actividad y eliminar las licencias de importación.

Como resultado de esas políticas, los productores han venido desapareciendo progresivamente, sobre todo los medianos y grandes productores que se han trasladado a actividades más rentables como la producción de caña, melón y sandía, permaneciendo un grupo de alrededor de 500 pequeños productores que han decidido permanecer en la producción de arroz por su compromiso con la producción alimentaria del país.

Otros actores en la actividad, han sido las empresas agroindustrializadoras del arroz, que con la salida de las plantas procesadoras de granos del CNP, asumieron plenamente el procesamiento del grano que es la fase que más valor genera, se han retirado de la fase de producción y han tendido a concentrar en unas pocas empresas el proceso agroindustrial de acopio, la transformación y distribución del producto terminado con diversas marcas y calidades.  De más de 12 empresas arroceras que habían en la década de los 90, por la tendencia del capital hacia la concentración de las actividades, el negocio arrocero se encuentra hoy en manos de 3 o 4 consorcios agroindustriales(arroceras).

Mientras el otro gran actor de la actividad arrocera, son las empresas importadoras surgidas en la década de los 90, que por lo general importan alrededor de un 60% del arroz a precios más bajos al producido a nivel local y lo hacen según las restricciones del abastecimiento nacional, pero sabemos cuánto influyen las importaciones baratas en los precios finales al consumidor?

Finalmente, surge el actor adicional en la actividad, la Corporación Arrocera Nacional, surgido en la década de los 90 con el propósito de apoyar a los productores nacionales, regular la relación con las arroceras y con los importadores del producto.  CONARROZ ha debido cumplir su labor de apoyo a los productores, en medio del proceso de concentración de la actividad arrocera en grandes procesadoras e importadores, pero se podrían haber mantenido los productores agrícolas de arroz pilado, si ésta no organización no hubiera existido?, seguramente que no, pero ese fue el espíritu de la ley de creación de la corporación apoyar al productor nacional.

En esa perspectiva se ubica el acuerdo a que llegaron recientemente las Autoridades gubernamentales y los diferentes actores de la actividad arrocera, cuyos aspectos específicos son los siguientes:

1.mantener el mecanismo de regulación del precio porque permite mantener un precio bajo sin fuertes aumentos, un precio del arroz relativamente estable.

2.mantener el precio de referencia al productor nacional es fundamental para que el productor pueda continuar en la actividad, ya que de efectuarse la liberalización del precio se desmantelaría la estructura productiva existente.

3.mantener la aplicación del requisito de desempeño vigente para garantizar la compra a los productores nacionales y a partir de ésta definir las necesidades de abastecimiento externo y las importaciones necesarias.

4.mantener el arancel consolidado establecido en 1996 para proteger la producción nacional, es esencial para mantener la producción nacional, muchos países tienen aranceles para proteger su producción más sensible y estratégica (como Estados Unidos con su millonario programa de subsidios Farm Bill y China con su programa de protección de la producción de arroz).

5.el impulso de algunos proyectos legislativos de apoyo al sector arrocero, entre ellos la posibilidad de que las organizaciones accedan a los fondos de Banca para el desarrollo y la creación de un fondo de sostenibilidad de la actividad arrocera.(Alterdescr.com,agosto-2020)

Un aspecto adicional al acuerdo, es que se fijó un plazo de tres meses para establecer una ruta para proteger y fortalecer al sector, con el fin de afrontar la desgravación del precio del arroz que ocurrirá en 2024 en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

No obstante, según el mencionado documento, todos los elementos señalados son prácticas anticompetitivas, por lo que proponen “eliminar la fijación de precios mínimos y el arancel a las importaciones y abrir el mercado arrocero”(CrHoy.com,11-9-2020), con lo que consecuentemente deben desaparecer CONARROZ, los productores y presuntamente las arroceras, quienes si podrían trasladarse a otra actividad.

Frente a la perspectiva de liberalización, sabemos que los mercados agrícolas en el mundo, no son abiertos y de libre competencia, son fundamentalmente de excedentes y en ellos operan una serie de mediaciones comerciales, políticas y hasta culturales, que definen el mercado de productos agroalimentarios y también conocemos los riesgos de la dependencia de las importaciones, debido a la volatilidad de los precios agrícolas como ocurrió durante la crisis alimentaria del 2007-8.

Al respecto, el Ministro de Agricultura ha manifestado que “aquí no es un concepto de precio para favorecer al consumidor. También es un análisis de factores estructurales que tiene que ver con políticas públicas en términos de lo que queremos como país: si queremos producir alimentos agrícolas; o si queremos ser como Singapur, donde todo se importa, lo único que tenemos que hacer es importarlo todo sin tener una respuesta hoy a los productores agrícolas que tienen que hacer una transformación sustantiva para ser más eficientes”.

"Si hay que importarlo todo, no solo pasaría con el arroz, sino que iríamos caminando en la desaparición de todos los sectores agrícolas. Podríamos pensar en eliminar productores de frijol que quedan pocos y solo el 20% del frijol que se consume se produce en el país..., sectores de papa y cebolla porque en Holanda la producen más barata”, añadió.(ElPaís.cr,12-9-2020)

Entre los elementos que sustentan la petición de los especialistas, se encuentra la recomendación del informe de la OCDE, que dice que “el 70% de los costarricenses consume arroz y que la regulación estatal sobre el producto tiene un efecto regresivo, en el cual salen perjudicadas las familias de menos ingresos. (CrHoy.com,11-9-2020)

Sobre este argumento, es oportuno valorar que una pretendida liberalización del precio no garantizaría que la población de menores recursos pueda acceder a las presentaciones de arroz de mayor precio y que el arroz de consumo popular(calidad 70-30) es el que se incluye regularmente en la canasta básica alimentaria al igual que el que se utiliza en los comedores escolares.

De ahí que, coincidimos con la posición de CONARROZ que “la regulación del precio ha sido beneficioso para el consumidor porque permite mantener un precio bajo sin fuertes aumentos, como pasa por ejemplo con el precio del frijol que comparativamente tienen un precio liberalizado el cual ha aumentado considerablemente en los últimos años a diferencia del precio del arroz que se mantiene estable”.

Otro aspecto presente en el comunicado es el que afirma que “no se justifica atrasar las reformas al sector porque con ello ganan los oligopolios grandes”, pero existe una real preocupación sobre el papel de las grandes empresas agroindustriales e importadoras?.

La presencia y predominio de éstas parece consustancial al desarrollo del capital en las actividades agrícolas, así en actividades como la producción y comercio de frijol prevalecen 4 o 5 empacadoras grandes que controlan la producción, las importaciones y definen el precio de todas las presentaciones del producto final que llega a los consumidores.

Este poder concentrador y oligopólico de unas pocas empresas, se manifiesta hasta en el comercio interno de frutas y hortalizas, pues se ha mencionado que el CENADA es manejado por unos pocos grandes comerciantes que controlan el comercio y el precio de los diferentes productos. 

Al respecto el diputado Welmer Ramos ha dicho que la “mayor desgracia” está en la producción y comercialización de hortalizas y frutas que están dominadas por unos pocos “tagarotes”, y que la diferencia con actividades como leche, café o caña de azúcar, es porque en ellas ha habido un acuerdo de producción y comercialización y una entidad que garantiza la participación justa de todos los actores.(alterdescr.com,agosto 2020)

Finalmente el otro elemento mencionado en el documento, es que “para apoyar a los pequeños y medianos productores, es necesario transformar los programas establecidos en un programa de reconversión agrícola, que incluya la posibilidad de ser más eficientes en arroz o de moverse a otras actividades”. (CrHoy.com,11-9-2020)

Sobre un posible programa de reconversión agrícola, el Ministro de Agricultura respondió “que no es sencillo. Para emigrar a otros cultivos agrícolas, afirma que se deben tomar en cuenta factores de conocimiento, suelos y microclimas”.

Además es oportuno mencionar que en los años 2009 y 2010, las unidades de producción arrocera lograron mejorar su productividad como resultado del apoyo del Plan Nacional de Alimentos, que impulsó el Gobierno Arias Sánchez debido al aumento de los precios y el desabastecimiento mundial de alimentos.   En esa ocasión los productores de arroz y frijol lograron elevar sus rendimientos mediante la incorporación de semillas mejoradas, insumos y tecnología apropiada y prácticas poscosecha, como lo pretende efectuar ahora CONARROZ con este acuerdo.

Adicionalmente el documento agrega que “es probable que sea necesario subsidiar de manera temporal a algunos productores de bajos ingresos. Debería ser un programa de asistencia social, para el cual existen los recursos”.   Contrariamente desde hace muchos años, se ha afirmado que el apoyo a los productores debe ser objeto de la política productiva para que se integren a la producción y al mercado en mejores condiciones y no de la política social, como parte de la población pobre excluida de la actividad productiva.

En ese sentido el Ministro de Agricultura ha expresado que “nos compete garantizar la productividad, producción, empleo, mano de obra y repartición de la riqueza en las zonas rurales que es donde más deprimida está” y añadió que se trabaja en que los agricultores participen más de la venta de sus productos en mercados digitales y espacios territoriales, con el fin de que eviten transitar largas distancias para comercializar el grano. (ElPaís.cr, 12-9-2020)

El desarrollo de actividad arrocera, no responde nada más al factor precio, la participación de los pequeños productores y de las organizaciones que los apoyan también importan, así como la producción nacional y la soberanía alimentaria.  El Estado ha venido apoyando la actividad con semillas mejoradas, riego y sistemas productivas más sostenibles para que la producción nacional de arroz, las semillas mejoradas de arroz y el sistema productivo se mantenga y no desaparezca. 

El Ministro de Agricultura ha dicho, “hay muchos productores que por vocación se quedan en la producción. La producción agrícola no es un negocio nada más, es una forma de vida en la cual la gente está incorporada, tiene historia, tradición y eso es lo que la gente hace”.

En las circunstancias actuales de pandemia, es fundamental apoyar la producción nacional de alimentos y evitar que los productores desaparezcan, queden desempleados, pierdan sus recursos y pasen a formar parte de la población en pobreza y desigualdad.