sábado, 30 de abril de 2022

La Gestión de la Administración Alvarado en el sector agropecuario, avances puntuales y de limitada incidencia sobre las grandes transformaciones del sector.

Este 21 de abril del 2022, las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería, hicieron un balance y una rendición de cuentas de la gestión de la administración Alvarado Quesada en el sector agropecuario.

Al igual que en gobiernos anteriores, al final de la gestión de esta Administración, se enumeran avances puntuales en algunos ámbitos del sector agropecuario que si bien son positivos, no trascienden hacia las grandes transformaciones que requiere el sector, en buena medida porque desde hace más de 3 décadas el sector dejó de ser prioridad en la política pública y el desarrollo económico del país, más allá del sector agroexportador que tiene su propia dinámica económica y empresarial.

Los sucesivos gobiernos cumplen con gestionar el sector, dejando de lado las soluciones tecnológicas, comerciales, financieras, de agregación de valor, de aseguramiento de la producción, de disponibilidad de los recursos tierra y agua, de seguridad alimentaria, de organización y desarrollo de la empresariedad, del empleo y la valorización de la actividad de los micro y pequeños agricultores familiares que son los que producen los alimentos y conservan la biodiversidad vegetal.

En el informe de rendición de cuentas del Gobierno, se señalan aspectos como que el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) destacó la publicación del decreto de fondo N° 43.469. para el registro de plaguicidas, aunque se reconoció la necesidad de llevar el proceso a internet.

El Instituto Nacional de Innovación y Transformación en Tecnología Agropecuaria (INTA) destacó la reciente creación de nuevas variedades de papa y yuca, que permiten incrementar la producción y entrar a nuevos mercados mundiales debido a las características del producto.                                                                                                 

El Programa Integral de Mercados Agropecuarios (PIMA) recordó que es necesario avanzar en la modernización de los servicios que ofrece el Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (Cenada), también muy ligado a dar el paso en el mundo digital.

El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) destacó dentro de sus logros el establecimiento de la metodología para definir la cantidad anual de licencias que se otorgarán para la pesca de atún en el Pacífico de Costa Rica.

El Consejo Nacional de Producción (CNP) mencionó que del 2018 al 2022 el número de productores que suplen de frutas y vegetales al sector público subió de 238 a 394.

También frente a la alta demanda de asistencia de las fincas que hay en todo el país, el área de Extensión agrícola ha llevado tecnología de punta a los territorios rurales.

Otro de los elementos que se destacó fue la inversión en infraestructura para evitar inundaciones en zona de producción agrícola, pues En las regiones Caribe y Brunca se invirtieron ¢3.469 millones para dicho fin y en las regiones Central, Central Occidente, Chorotega y Pacífico Central todavía se ejecutan trabajos por ¢2.339 millones.

Además, el MAG reconoce que la implementación del plan para desarrollar la producción de aguacate en el país es una de las tareas que queda pendiente para la próxima administración, así como la digitalización del proceso para registrar plaguicidas en Costa Rica.(ElObservador.cr,21-4-2022)

Para valorar los alcances de la gestión del Gobierno actual en el sector, es oportuno remitirnos al programa de Gobierno 2018-2022 del PAC para el sector agropecuario y pesquero, en donde se pueden visualizar acciones estratégicas para promover un cambio en el sector, que en el transcurso de la Administración Alvarado se desdibujaron o su aporte fue insuficiente para acometer las grandes transformaciones del sector.

Entre esas acciones, se encuentran propuestas para el desarrollo de una producción agropecuaria sostenible, con prácticas ecosostenibles, difusión de la producción orgánica y producción con menor uso de agroquímicos y menos contaminación de los recursos naturales.  

- “Políticas de Producción Sostenibles y Ecoamigables. Diseñar políticas públicas que permitan el desarrollo de la producción agropecuaria sostenible y ecoamigable, de tal forma que se estimule el desarrollo de la producción con técnicas dirigidas al menor uso de agroquímicos y con mayores componentes orgánicos que busquen la menor contaminación del recurso natural (tierra, ríos, aire, mar), el producto, la persona productora y la persona consumidora.

- Prácticas Ecosostenibles.  Promover las prácticas agropecuarias tendientes a transformar la producción convencional en producción ecosostenible y que sea difundible a todo el sector,

- Promoción de la Producción Orgánica urbana y rural.  Impulsar la agricultura orgánica, aprovechando el marco legal existente así como los mercados de consumidores que procuran estos productos.

- Control de uso de agroquímicos.  Dar mayor seguimiento al uso de agroquímicos, tal que no solo se revisen y actualicen las moléculas disponibles en el mercado, sino por medio de los agentes extensionistas, se logre dar seguimiento a las aplicaciones que se realizan en los campos.”

Propuestas para la consolidación de la producción sostenible y adaptación de la actividad agropecuaria al cambio climático para reducir las emisiones y las pérdidas.

- “Producción Sostenible y adaptada al Cambio Climático.  Introducción de esquemas de producción bajos en emisiones que incorporen la gestión de riesgo y la adaptación para reducir las pérdidas asociadas al cambio climático y aumentar la productividad”.

Propuestas dirigidas a fortalecer la comercialización agroalimentaria para el mercado interno, impulso de mecanismos alternativos de comercio, diferenciación de productos, certificaciones de origen y ampliación del programa de abastecimiento institucional.

- “Comercialización de la producción agrícola.  Incrementar el volumen de la producción agrícola comerciado en los mercados nacionales de diversa escala: ferias del agricultor, central mayorista y mercados regionales; mediante nuevas plataformas de comercialización como subastas, sello de producto nacional,

- Diferenciación de la Producción Nacional.  Establecer un programa de certificaciones de productos regionales para que obtengan sellos de calidad, como denominaciones de origen o indicaciones geográficas.

- Aseguramiento de Mercado Interno Agropecuario.  Expansión del Programa de Abastecimiento Institucional se fortalecerá a los sectores productivos agropecuarios y se generarán políticas orientadas al aseguramiento del mercado interno al tiempo que se lleva eficiencia a los que proveen los productos y los servicios”.

Propuestas para el Impulso de los procesos de agroindustria y agregación de valor de la producción agropecuaria y pesquera en pequeña y gran escala.

- “Producción y Procesos de mayor Valor Agregado.  Integración de los productores a la agroindustria y a los procesos de transformación del sector agroproductivo y pesquero”.

Propuestas para el apoyo a la agricultura familiar, su sistema de producción y sus recursos, así como al desarrollo de la empresariedad y el mejoramiento de su capacidad de gestión productiva y comercial.

- “Fortalecimiento de la Cadena Agroproductiva familiar, artesanal y autóctona.  Implementar una estrategia de extensión agropecuaria y rescate de especies nativas, orientada al suministro, investigación y desarrollo de productos en sistemas de producción familiar, comunal, artesanal y autóctona;

Formación Empresarial y Emprendedurismo.  Diseñar un plan de formación cuyo objetivo sea la dotación de capacidades de los productores en la visión empresarial y ante todo, el estímulo del espíritu emprendedor que le motive a enfrentar los problemas de forma proactiva, de tal forma que pueda adaptarse al cambio constante de los mercados”.(PAC 2018,Creer y Crear la Costa Rica del siglo XXI,pags.45-50)

Con el propósito de efectuar un balance más amplio de los alcances de la gestión de la Administración 2018-2022 en el sector agropecuario, es posible confrontar las acciones ejecutadas con la perspectiva de la transformación productiva del sector referida en la participación del exMinistro de Agricultura, Felipe Arauz, en el reciente foro del Instituto de Investigaciones Agrícolas de la UCR, al reconocer que la Agricultura requiere una transformación hacia sistemas de producción más sostenibles, mediante “soluciones que tengan el potencial de generar una transformación de nuestra agricultura, un cambio que haga los sistemas agroproductivos más sustentables, más justos y más cercanos a una verdadera seguridad alimentaria”

Agrega, “Tenemos dependencia de importaciones de insumos importados para la producción agrícola y también pecuaria. Debemos promover la producción local de lo que sea agronómicamente posible, reduciendo la cantidad de insumos importados para su producción.”.  Lo que se busca es optimizar el uso de insumos, aumentar la productividad, aumentar las ganancias y minimizar los impactos ambientales.”(Semanario Universidad. com,19-4-2022)

Dicho balance, puede valorarse también a la luz de los planteamientos realizados en el 2014 por investigadores de la Universidad Nacional, dirigidos al Fortalecimiento de la producción agroalimentaria para el mercado interno, cuando propusieron como esenciales para la transformación del sector agropecuario hacia una producción más sostenible e incluyente, establecer centros regionales de innovación y difusión de tecnologías sostenibles para el pequeño agricultor, promover un programa de formación y difusión de tecnologías para la adaptación al cambio climático.

Igualmente impulsar la agroindustria, la agregación de valor y la calidad de los productos agroalimentarios, mejorar el sistema de comercialización de estos productos, lo que incluía la reestructuración y modernización del CENADA, las ferias del agricultor y el programa de Abastecimiento Institucional, crear un fondo de crédito agropecuario para los pequeños y medianos productores con recursos de la Banca para el Desarrollo, así como un sistema de seguro agrícola y gestión del riesgo agrícola y aprobar la ley marco de Seguridad y soberanía alimentaria.(Grupo de Políticas agrícolas, 2014,12 p.)

De acuerdo a dichos planteamientos, es evidente que los logros y avances del sector agropecuario señalados en el informe de resultados de la Administración Alvarado, resultan ser parciales, de limitada incidencia y aún distantes de las grandes transformaciones que demanda el sector.

Los Problemas de la Producción Agroalimentaria frente al aumento de los precios de los insumos y la transformación pendiente.

 

En un momento en que existe preocupación por el aumento de los precios de los productos importados como el petróleo, insumos agrícolas y algunos alimentos debido a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, pero también por el incremento de la inflación en varios países desarrollados, en nuestro país existe gran incertidumbre sobre el efecto de esos aumentos en los precios y en los costos de producción de algunas actividades como el transporte y la producción de alimentos.

Aunque aún no se ha precisado las dimensiones del crecimiento en los precios de los insumos agropecuarios, algunos productores ligados a organizaciones agrícolas como la Cámara de Agricultura, UPANACIONAL) y sobre todo los agricultores que participan de las ferias del agricultor, que han manifestado inquietud sobre el aumento del precio de los insumos sobre la producción agrícola actual y durante este año.

“En los meses siguientes, los precios de la papaya van a ser muy altos y la fruta va a escasear porque los agricultores ya no van a poder pagar los precios de los insumos que se utilizan para las fumigaciones que necesitan las plantas de papaya para mantenerse sanas y tener una buena cosecha”, así se expresaba Xinia una agricultora de San Carlos el fin de semana anterior en la feria del agricultor de Cartago, ante los problemas que están teniendo los agricultores con el aumento de los precios de los agroquímicos, pero no sólo para el cultivo de papaya, sino también para los demás productos que cultiva y vende en la feria, como la yuca, camote, plátano, maracuyá y ñampí.

La actividad agropecuaria, ha sido particularmente sensible al aumento de los precios de los insumos químicos importados(herbicidas, fertilizantes, fungicidas y semillas), por el alto consumo de estos productos por parte de las diferentes unidades de producción.  En Costa Rica el uso de fertilizantes químicos, es muy alto, ya que oscila entre un 95% en cultivos como chayote y tiquisque, a 90% en papa, 85% en frijol, 84% en arroz,cebolla y yuca, 80% en café, 70% en naranja, 64 en caña, 53% en plátano, 52% en mango, 46% en aguacate y 38% en palmito(INEC,Encuesta Nacional Agropecuaria 2020).

El aumento de los precios de los insumos se han comenzado a trasladar al incremento de los precios de los alimentos básicos, como ha ocurrido con las variaciones del Indice de Precios al Consumidor de los primeros meses del 2022, en donde productos como la vainica, el limón ácido, el aguacate, la yuca y el tomate han tenido las mayores variaciones entre el 15 y el 30% con respecto al mes de diciembre anterior, además de que los productos aguacate, tomate, café y frijoles tuvieron la mayor variación entre los productos agrícolas incluidos en el IPC total en el mes de febrero.(INEC,IPC,marzo,2022)

Decía la agricultora de San Carlos, que “se está poniendo en peligro la producción agroalimentaria y el acceso de la población a los alimentos, ya que los agricultores que venden en las ferias, además del aumento en los costos de los insumos, deben enfrentar el alto precio de la gasolina para sus vehículos de transporte, así como el pago del local en las ferias, el del parqueo de éstos y hasta el pago de la limpieza del lugar de la feria que realiza la Municipalidad”.

Indica que a los agricultores en nuestro país con los aumentos de costos y el pago de servicios los tienen “arrinconados”, ya que los ingresos por las ventas son limitados e insuficientes para seguir produciendo la comida, mientras en otros países(como en Europa) a los agricultores los cuidan, los protegen y les dan facilidades para producir y vender sus productos.

La queja de esta agricultora, ha sido una constante a lo largo de varias décadas por parte de los agricultores del país que claman por apoyo y asistencia estatal para mejorar la actividad agropecuaria y la que contrariamente se ha visto reducida por el desmantelamiento institucional y presupuestario provocado por las reformas económicas de las últimas décadas.

A pesar de que se está celebrando el Decenio de la Agricultura Familiar, de que las últimos dos Gobiernos manifestaron interés por el fortalecimiento de la actividad agropecuaria y de que el actual Ministro ha afirmado que el apoyo a los productores debe ser objeto de la política productiva para que se integren a la producción y al mercado en mejores condiciones, la producción campesina de alimentos para el mercado interno continúa teniendo dificultades para producir y comercializar sus productos,

El Ministro de Agricultura ha dicho, “hay muchos productores que por vocación se quedan en la producción. La producción agrícola no es un negocio nada más, es una forma de vida en la cual la gente está incorporada, tiene historia, tradición y eso es lo que la gente hace”, igualmente en otros comentarios ha expresado el apoyo a la producción para el

mercado interno y a la legítima preocupación por la seguridad alimentaria de la población.(Alterdescr.octubre,2020)

Al respecto la FAO en su pronunciamiento sobre los efectos de la pandemia en la seguridad alimentaria en América Latina, afirma que “para garantizar la oferta de alimentos básicos, es clave mantener el funcionamiento de las explotaciones agropecuarias, con especial atención a la agricultura familiar campesina, facilitar el transporte y acceso económico a insumos productivos (semillas, fertilizantes, piensos, etc.) y a maquinaria e infraestructura”. (FAO, Boletín, 27-4-2020).

En el año 2014 un grupo de académicos de la Universidad Nacional elaboró una propuesta para el mejoramiento de la producción agroalimentaria para el mercado interno, sustentada en que esa actividad ha sido abandonada por los Gobiernos desde la década de los 80s y en que la misma es una actividad estratégica amenazada por el descenso en las áreas productivas, por el bajo nivel tecnológico y los bajos rendimientos, mientras afirmaban que los agricultores que producen para el consumo interno, tiene escasa rentabilidad, problemas de precios y de mercados, situación que se mantiene hoy en día.

Este grupo proponía para revertir el deterioro de la producción agroalimentaria, acciones estratégicas tales como: establecer centros de innovación y difusión de tecnologías sostenibles para el pequeño agricultor, redefinir el INTA como una entidad de investigación en tecnologías sostenibles, promover un programa de formación y difusión de tecnologías para la adaptación al cambio climático de las actividades agropecuarias, fomentar la agroindustria, el valor agregado, la calidad e inocuidad de los productos, mejorar el sistema de comercialización de productos agrícolas, que incluía la reestructuración del PIMA-CENADA, la modernización de las ferias del agricultor y el fortalecimiento del programa de abastecimiento Institucional(PAI) y crear un fondo de crédito agropecuario para los pequeños productores y un sistema de cobertura del riesgo agrícola.(GrupodePolíticasAgrícolas,2014,12p.)

Esta propuesta que no fue acogida por las Autoridades del Ministerio de Agricultura del momento, tenía como aspecto central la transformación de la actividad, hacia una agricultura más sostenible e incluyente y menos dependiente de los insumos importados, cometido en el que se ha avanzado muy poco y que en una coyuntura política como la actual, resulta ser muy oportuna y desafiante para los líderes y partidos políticos que se comprometan con la transformación pendiente de la agricultura costarricense.

viernes, 29 de abril de 2022

Los Programas gubernamentales de desarrollo regional, esfuerzos parciales y limitados frente a las persistentes desigualdades regionales

El 31 de marzo de este 2022, se realizó la rendición de cuentas ante los gobiernos y líderes locales por parte de la vicepresidenta de la República y coordinadora política de la zona Norte, Epsy Campbell, del programa de desarrollo de la zona Huetar Norte, denominado Pacto de Desarrollo de la Zona Norte iniciado el 30 de marzo del 2019.

En dicha rendición de cuentas se mencionaron logros en infraestructura social, de salud y educativa y se precisaron acciones para la atención de necesidades de agua de los habitantes de esa zona mediante 35 proyectos que beneficiaron a 237.000 personas, con una inversión de poco más de ₡34.000 millones.

También se indicaron acciones en infraestructura en salud, en donde se destaca el nuevo Servicio de Emergencias del Hospital de San Carlos, los EBAIS de Cedral (San Carlos), Katira (Guatuso), Cuajiniquil y el hospital móvil en Los Chiles. Con el nuevo mamógrafo del Hospital de San Carlos las habitantes de la Zona Norte ya no deben trasladarse a San José para realizarse ese examen.

En lo que respecta a infraestructura educativa, se señaló la construcción de 19 nuevos centros educativos completos, gracias a una inversión de ₡20 000 millones, que benefician a casi nueve mil estudiantes. En el apartado de infraestructura social, una inversión de ₡8 000 millones permitió que 13 proyectos de vivienda cubrieran a 428 familias. También, se otorgó el bono comunal en la comunidad de Disneylandia (en Pital de San Carlos), que benefició a 1764 personas.

En el informe también se revelan los avances en conectividad; se resalta la construcción de centros de acopio; se subraya la modernización de los puestos fronterizos de Peñas Blancas y Tablillas (Los Chiles) y se destaca que el programa ‘Huella del Futuro’ ya sembró 300.000 árboles para reverdecer la Zona Norte, cifra que sobrepasó la meta inicial de 200.000 especies para setiembre de 2021.(ElPais.cr,5-4-2022)

Las actividades de rendición de cuentas en las regiones Chorotega, Huetar Caribe y ahora en la Huetar Norte, son el resultado de la labor de la Administración Alvarado que al inicio de su gestión, había impulsado procesos de apoyo al desarrollo regional en las regiones Huetar Norte y Huetar Atlántica, con los programas Franja del Desarrollo y la Mesa Caribe a cargo de los VicePresidentes de la República, junto a los programas de desarrollo de la región Chorotega a cargo de la primera Dama y de los programas de  desarrollo de la región Brunca y de la región Pacífico Central, coordinados por los Ministros de Economía y de la Presidencia respectivamente. 

En todos ellos se realizaron procesos de diálogo que permitieron identificar los problemas regionales, y coordinar la ejecución de acciones concretas en diversos campos de infraestructura, desarrollo social, servicios y producción.

La Administración del Presidente Carlos Alvarado se había propuesto impulsar una estrategia de desarrollo en varias regiones del país.  Según el Presidente “esta estrategia interterritorial (…) potenciará el desarrollo económico y social, generará un aumento de la productividad e impactará positivamente la calidad de vida de más de 300.000 personas”.(LN.com,30-3-2019)

Esta Administración definió como sus prioridades de intervención en el desarrollo regional: las regiones Huetar Norte y Huetar Atlántica, por lo que el Presidente Alvarado y la VicePresidenta Campbell, procedieron a presentar el 29 de marzo de 2019 en la zona norte, el programa Franja de Desarrollo que incluía una lista de 79 proyectos para la reactivación económica en los cantones fronterizos.

La propuesta se centraba en la atención de 8 cantones: La Cruz, Upala, Los Chiles, Guatuso, San Carlos, Río Cuarto, Sarapiquí, Pococí y Peñas Blancas de San Ramón.  Entre las iniciativas estaba la construcción de un centro de valor agregado, que sería un espacio para que los productores ofrezcan sus mercancías, se incluía la construcción de la sede de la Universidad Técnica en San Carlos y unos 23 proyectos de agua potable, además de la realización de estudios de factibilidad para el aeropuerto de Altamira de San Carlos y la conclusión de estudios del tren de carga Pacífico-Norcaribe.

Otro proyecto mencionado era la inauguración del Parque Solar Cooperativo de Coopelesca, ubicado en Pocosol, lo que lo convertiría en el parque de generación de energía solar fotovoltaica más grande de Costa Rica, asimismo, se efectuó el lanzamiento del Plan Nacional de Cacao 2018-2028, con el cual se pretendía en un plazo de 10 años elevar la plantación de cacao y en el proceso, paliar la pobreza en las zonas donde más se siembra la fruta.  La propuesta era una hoja de ruta para el apoyo institucional en 5 eslabones de la cadena productiva: insumos y servicios, producción, transformación y consumo.

No obstante, desde la presentación del programa regional, existían algunas dudas si éste no era más que un conjunto de proyectos específicos e iniciativas puntuales, con poca conexión entre ellas y gestionados fundamentalmente por la acción institucional, sin un enfoque articulador de desarrollo territorial endógeno.

Se indicaba que las iniciativas se encontraban dispersas en los cantones involucrados y tienen diferente origen y escala, como el centro comunal de desarrollo empresarial de Pocosol, el parque de energía solar de Coopelesca en Santa Rosa, la infraestructura para el turismo rural del grupo Maleku de Guatuso y la sede de la UTN en San Carlos.

Igualmente llamaba la atención que en los proyectos de infraestructura, se priorizaba en la construcción del tren de carga y el aeropuerto de San Carlos y no se consideró la reconstrucción al menos parcial de la trocha fronteriza y la conclusión de la carretera a San Carlos, obras demandadas por la población(ElPais.cr,4-4-2019)

Luego de transcurridos 3 años, en el informe de rendición de cuentas es posible establecer la ausencia de la varios de los proyectos que se mencionaron al inicio, ya que probablemente se quedaron en la fase de formulación, que su implementación no tuvo viabilidad o un avance importante, a excepción del Centro de valor agregado, para el que se definió el lugar en Santa Clara de San Carlos, las especificaciones de la infraestructura y la forma de financiamiento.

De esa forma, es posible constatar que las expectativas generadas por la lista de proyectos para la reactivación económica en los cantones fronterizos, en energías alternativas, agua potable, emprendimientos verdes, turismo en comunidades indígenas y agroindustrialización, del programa Franja de Desarrollo(LN 30-3-2019), en gran medida no se cumplieron.

Entre las razones para que las iniciativas y proyectos no se cumplieran, se encuentran aspectos ligados al enfoque y la estrategia de ejecución de los programas de desarrollo regional utilizado por la Administración Alvarado, los cuales podrían explicar las debilidades y limitaciones de estos programas para contribuir a un desarrollo regional sostenible y a reducir las desigualdades existentes.

El primer elemento se refiere a la dependencia de la conducción y liderazgo de los programas de desarrollo territorial en algunos jerarcas del Gobierno Central, con poco conocimiento de los territorios y con poca o ninguna experiencia en gestión del desarrollo regional, extrañándose en esta labor la participación del Ministerio de Planificación.

El segundo elemento, está vinculado a que el impulso de los proyectos identificados  está supeditado a la coordinación y articulación de las instituciones estatales y a la la implementación conjunta con los Gobiernos locales, lo que en muchos casos condiciona su ejecución a la disponibilidad de recursos y a la capacidad de ejecución de éstos entes.

En la ejecución de los proyectos anunciados estaban involucradas una buena cantidad de instituciones de diferentes áreas como el MOPT, MEP, INA, ICE, IMAS, MAG, INDER y MINAE, que debido a su funcionamiento y toma de decisiones centralizada no siempre pueden comprometer los recursos humanos y financieros necesarios para los proyectos regionales Se reconoce al respecto la intervención especial del INDER en la ejecución de obras de infraestructura rural, así como el IMAS en la transferencia de recursos para el combate a la pobreza.

El tercer elemento, tiene que ver con la existencia o no de una política de descentralización institucional, que aunque implícita en el discurso oficial, se desconoce su vigencia y adopción por parte de las instituciones y gobiernos locales en las regiones.

Un cuarto elemento está relacionado a que pese a que se realiza un proceso de diálogo de actores institucionales y sociales, éste no sustituye la necesidad de un diagnóstico amplio e integral sobre las condiciones sociodemográficas, económico-productivas, ambientales, culturales e institucionales de cada región.

Este aspecto a su vez, está vinculado a un problema central de los programas regionales, cual es la ausencia de un verdadero proceso de planificación del desarrollo regional, en el que a partir de las orientaciones del diagnóstico, se definan objetivos estratégicos, metas e indicadores de desarrollo territorial, que permitieran obtener resultados e impacten en el acceso y uso equitativo de los recursos naturales, en un desarrollo productivo más diversificado, inclusivo y sustentable, en una inversión pública y privada bien direccionada con participación de los actores, en la generación de capacidades y activos en la población local y en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los territorios.(alterdescr, setiembre 2020)

El quinto aspecto y esencial, es la ausencia de un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo éstas dinámicas deben estar en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué,J.et al,Rimisp,2015).

No es posible obviar que el desarrollo de la región Huetar Norte, presenta una dinámica económico-productiva  que expresa territorialmente la implementación de un modelo productivo y comercial centrado en monocultivos, como la producción de naranja, piña y raíces y tubérculos a gran escala, junto a la producción ganadera extensiva y de granos, que se ha venido gestando desde los años noventa, la que requiere ser modernizada y diversificada con la introducción de actividades de alto valor e innovación, de uso intensivo de nuevas tecnologías, importantes flujos de inversión público y privada y de incorporación incluyente de todos los sectores y actores del desarrollo en las subregiones y comunidades.

Frente a esa dinámica económica, social y ambiental de la región se plantean grandes desafíos al desarrollo regional, ya que la dinámica productiva en especial agroexportadora no está generando el empleo necesario para sostener a la población de la zona, está generando mayor pobreza y una creciente degradación y pérdida de su rica base de recursos naturales.(Cudeca,2011).

Previamente un estudio de SEPSA-PROCOMER(2008), había concluido que a pesar de las potencialidades de la RHN (invaluables recursos naturales, para la producción para el mercado nacional y para la exportación), contradictoriamente, presenta bajos índices de desarrollo social y humano (Upala, Los Chiles y Guatuso, poseen las posiciones más bajas entre los últimos diez cantones más pobres del País); existe una concentración de la actividad productiva, de la exportación y de los servicios básicos en los principales cantones y se expresan grandes disparidades a lo interno de la Región, situación que se mantiene y es imposible desconocer y es imperativo revertir.

En definitiva, no es posible impulsar el desarrollo regional con fuertes elementos estructurales y con serios rezagos en desarrollo socioeconómico y desarrollo humano, mediante un programa gubernamental de intervención y coordinación interinstitucional, alejado de los procesos de planificación regional, sin verdaderos ejes de desarrollo y con la ausencia de la dirección del Ministerio de Planificación Nacional.

Un programa de esa naturaleza, con una sumatoria de actividades algunas de ellas inviables, que tiene una ejecución parcial y que no introduce grandes transformaciones en la región, es como diría el científico social Heinz Sonntag(2013), un programa compensatorio para los excluidos del desarrollo, pero que genera descontento y frustración en la población que luego tiene manifestaciones de rechazo e indiferencia política como fue posible comprobarlo con la escasa participación de esos territorios en las recientes elecciones.

Impulsar el desarrollo de las Regiones Periféricas o continuar con el “GAMcentrismo”, el reto impostergable del nuevo Gobierno.

En Costa Rica, se ha configurado un desarrollo regional desigual que evidencia que la actividad económica y los frutos del desarrollo económico no se han distribuido equitativamente entre las regiones, pero está situación no puede postergarse por más tiempo, por lo que el próximo Gobierno tendrá que asumirlo como uno de los retos prioritarios de su gestión 

Varios análisis del desarrollo nacional, han expuesto reiteradamente que este desarrollo desigual e inequitativo es insostenible, así el Informe del Estado de la Nación 2020 señala que la red productiva nacional es altamente dependiente de la región Central-GAM y del sector comercio y transporte y que urge atender la desconexión entre ésta y las regiones fuera de aquella región, (así como) fortalecer las interacciones para fomentar la actividad económica en ambos casos.(PEN2020,p.29).

Igualmente algunos intelectuales han reafirmado la existencia de dos Costa Ricas ya que sigue vigente, “una especie de geografía del desarrollo que parte el país en dos zonas: el centro con mayor desarrollo productivo y una mayor urbanización, frente a la periferia(ubicada en las costas y las zonas fronterizas) que no logra disponer del dinamismo adecuado para generar el empleo y los ingresos suficientes que permitan eliminar la pobreza.(Esquivel,F.,2021,p.222).

Así mismo en este medio, se ha insistido en que la distribución de las actividades económicas y su concentración responden a un modelo de desarrollo que se ha reproducido por más de 5 décadas en las 4 provincias centrales, limitando la integración de las regiones periféricas y prácticamente excluyéndolas del desarrollo nacional. (Alterdes.cr, febrero,2021)

Diversos índices de desarrollo regional y cantonal, han permitido constatar las desigualdades y desequilibros socioeconómicos existentes, así recientemente el Indice de Desarrollo Humano Cantonal 2021 reveló como los cantones costeros, fronterizos y rurales que pertenecen principalmente a las provincias de Limón, Puntarenas, Guanacaste y Alajuela son los que muestran los peores indicadores de desarrollo humano

Previamente el Indice de Competitividad Nacional(ICN, mostró que un total de 48 cantones (59% del total), incluidos todos los ubicados en las provincias costeras (con excepción de Esparza), apenas tienen condiciones que se calificaron como emergentes, limitadas o deficientes del todo

La medición de ICN evidencia una marcada distinción entre cantones centrales y periféricos del país. “Sigue un patrón de adentro hacia afuera”, al igual que la mayoría de indicadores de progreso o desarrollo social de Costa Rica, según detalla el informe. (Nación.com,11-11-2021)

Así mismo, según la reciente Encuesta Nacional de Hogares(Enaho) 2021 las diferencias que se marcan entre la zona urbana y rural y entre la GAM y las regiones rurales y costeras son notables.

La región Brunca presenta un comportamiento muy preocupante, porque es la región con el mayor aumento tanto en la pobreza extrema como de la pobreza total, en ambos casos corresponde a la mayor variación experimentada entre las regiones, mientras el nivel de pobreza en las regiones Huetar Caribe y en la Huetar Norte no es menos preocupante ya que es el nivel de pobreza más alto desde el 2010.(alterdescr.com,noviembre 2021)

Por su parte, el estudio de actualización de la Matriz Insumo-Producto (MIP) de Costa Rica realizado por Banco Central de Costa Rica en el 2021, había señalado que en nuestro país, la producción se especializa por zonas geográficas, así los cantones se diferencian en el valor agregado que aportan según las actividades económicas predominantes dentro de sus límites.

De acuerdo a ese estudio se observaron diferencias marcadas en la estructura productiva dentro y fuera de la GAM, la primera más concentrada en servicios y manufactura, mientras la segunda en agricultura y turismo, mientras el comercio es predominante en casi todo el país.

Frente a las desigualdades regionales y sus manifestaciones en los índices mencionados, el Gobierno actual ha formulado una serie de propuestas que un nuevo Gobierno tendría que tener necesariamente en consideración, análisis y discusión.

Entre ellas se encuentra la Estrategia Territorial Productiva para una Economía Inclusiva y Descarbonizada 2020-2050,formulada por MIDEPLAN, la cual parte de un cuestionamiento a la hiperconcentración del desarrollo económico en la GAM, de una nueva visión para la transformación económica y territorial y de que traza la ruta para que en 2050 el país tenga una economía descentralizada, digitalizada y descarbonizada (3D), y plantea soluciones integrales ante los problemas de descentralización de las actividades productivas y de desarrollo inclusivo de las regiones, dirigido a romper las brechas estructurales del desarrollo nacional.

Alrededor de esta Estrategia Territorial Productiva se plantea que la posibilidad de implementarla dependerá de la promoción de una discusión amplia y profunda con todos los sectores sociales y de la voluntad política para retomarla e implementarla en los próximos años.(alterdes.cr,julio,2021).   

Una segunda propuesta es la Ley de Desarrollo Regional, firmada en noviembre anterior por el Presidente en ejercicio Marvin Rodríguez, emitida con el objetivo de impulsar el desarrollo regional y reducir progresivamente las desigualdades que se manifiestan en el territorio nacional.

Tiene como finalidad impulsar el desarrollo regional en Costa Rica, para la mejora de las condiciones y la calidad de vida de toda la población, respetando las particularidades culturales, sociales, económicas, ambientales y el aprovechamiento de las sinergias y potencialidades propias de cada región, en un contexto de participación democrática.  Asimismo, reducir progresivamente los desequilibrios regionales mediante el diseño e implementación de políticas públicas diferenciadas e incluyentes”, según el artículo 1 del texto de la Ley.

La Ley de Desarrollo Regional crea el Subsistema de planificación para el desarrollo en cada región, cuyo fin es la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones intersectoriales e interinstitucionales para garantizar el desarrollo del país; además, transforma los actuales Consejos Regionales de Desarrollo en las Agencias Regionales de Desarrollo (Aredes).  También, crea el Fondo Nacional para el Desarrollo Regional (Fonader), que tendrá a su cargo la asignación de recursos para favorecer el desarrollo regional y la reducción de las asimetrías socioeconómicas interregionales e intrarregionales.

La nueva ley establece la Política Nacional de Desarrollo Regional, los planes regionales de desarrollo y el Observatorio de Desarrollo Regional, como instrumentos para la gobernanza y el desarrollo.  Otra de las novedades que incorpora es la obligatoriedad del Banco Central de Costa Rica de calcular un Producto Interno Bruto (PIB) regional, que permita analizar el comportamiento económico en cada una de las regiones.(ElPais.cr,24-11-2021)

Esta normativa institucional formulada, puede ser un insumo importante para que el nuevo Gobierno definida una estrategia de desarrollo centrada en los recursos y potenciales de los territorios y regiones periféricas.

Dicha estrategia supone una nueva visión para la transformación económica y territorial costarricense basada en la necesidad de descentralizar las actividades productivas y capitalizar las oportunidades inherentes al territorio.

Demanda una perspectiva del desarrollo centrado en las características territoriales y en el carácter endógeno y participativo que permita que los distintos agentes sociales, económicos, públicos o privados definan las acciones necesarias para conducir los cambios estructurales que necesita un territorio concreto.

Se requiere un enfoque de desarrollo territorial que defina las dinámicas territoriales que pretende generar en cada región y que éstas se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental.(Berdegué,J.et al,Rimisp,2015),

Es imperativo la generación de opciones productivas, empleos de calidad, infraestructura y servicios en territorios periféricos, los cuales han estado concentrados en los centros urbanizados e industrializados donde se aglomera el empleo formal y la institucionalidad gubernamental.

Se trata de la generación de propuestas descentralizadas en aspectos como la reactivación económica y generación de empleo, inclusión social, educación, acceso a la tecnología y diálogo social; para reducir las brechas de desigualdad territorial, que por tratarse de cuestiones estructurales, no se resuelven en una sola administración gubernamental o municipal.

De ahí que el tema de las desigualdades territoriales y el impulso de políticas para revertirlas y alcanzar un desarrollo territorial más equitativo e incluyente, debe constituirse en una prioridad del nuevo Gobierno 2022-2026, en una verdadera política de Estado.

Hasta ahora las propuestas políticas para enfrentar las desigualdades regionales y avanzar hacia un desarrollo territorial más sustentable, no han sido centrales para la mayoría de los partidos políticos que participaron en las elecciones nacionales del 6 de febrero, con la excepción del Frente Amplio que lo abordó bajo el concepto de desarrollo territorial integral que resuelva las desigualdades que tienen muchas regiones y del Partido Liberación Nacional, que lo incluye en su propuesta de reactivación económica y rescate del empleo, que requiere de la incorporación de todos los sectores y de todas las regiones del país, sobre todo las que han estado marginadas del desarrollo.

De cara a la II ronda electoral, la población principalmente de las regiones periféricas y los cantones con los más bajos indicadores socioeconómicos, debieran exigir a los dos candidatos compromisos claros y propuestas contundentes para revertir las desigualdades regionales e impulsar un desarrollo territorial equitativo e incluyente como una de las prioridades de su gestión, no más postergaciones.