En Costa Rica, se ha configurado un desarrollo regional desigual que evidencia que la actividad económica y los frutos del desarrollo económico no se han distribuido equitativamente entre las regiones, pero está situación no puede postergarse por más tiempo, por lo que el próximo Gobierno tendrá que asumirlo como uno de los retos prioritarios de su gestión
Varios análisis del desarrollo nacional, han
expuesto reiteradamente que este desarrollo desigual e inequitativo es
insostenible, así el Informe del Estado de la Nación 2020 señala que la red
productiva nacional es altamente dependiente de la región Central-GAM y del
sector comercio y transporte y que urge atender la desconexión entre ésta y las
regiones fuera de aquella región, (así como) fortalecer las interacciones para
fomentar la actividad económica en ambos casos.(PEN2020,p.29).
Igualmente algunos intelectuales han reafirmado la
existencia de dos Costa Ricas ya que sigue vigente, “una especie de geografía
del desarrollo que parte el país en dos zonas: el centro con mayor desarrollo
productivo y una mayor urbanización, frente a la periferia(ubicada en las
costas y las zonas fronterizas) que no logra disponer del dinamismo adecuado
para generar el empleo y los ingresos suficientes que permitan eliminar la
pobreza.(Esquivel,F.,2021,p.222).
Así mismo en este medio, se ha insistido en que
la distribución de las actividades económicas y su concentración responden a un
modelo de desarrollo que se ha reproducido por más de 5 décadas en las 4
provincias centrales, limitando la integración de las regiones periféricas y
prácticamente excluyéndolas del desarrollo nacional. (Alterdes.cr, febrero,2021)
Diversos
índices de desarrollo regional y cantonal, han permitido constatar las desigualdades
y desequilibros socioeconómicos existentes, así recientemente el Indice de Desarrollo Humano Cantonal 2021
reveló como los cantones costeros, fronterizos y rurales que pertenecen
principalmente a las provincias de Limón, Puntarenas, Guanacaste y Alajuela son
los que muestran los peores indicadores de desarrollo humano
Previamente el Indice de Competitividad
Nacional(ICN, mostró que un total de 48 cantones (59% del total),
incluidos todos los ubicados en las provincias costeras (con excepción de
Esparza), apenas tienen condiciones que se calificaron como emergentes,
limitadas o deficientes del todo
La medición de ICN evidencia una marcada
distinción entre cantones centrales y periféricos del país. “Sigue un patrón de
adentro hacia afuera”, al igual que la mayoría de indicadores de progreso o
desarrollo social de Costa Rica, según detalla el informe. (Nación.com,11-11-2021)
Así mismo, según la reciente Encuesta
Nacional de Hogares(Enaho) 2021 las diferencias que se marcan entre la zona
urbana y rural y entre la GAM y las regiones rurales y costeras son notables.
La región Brunca presenta un
comportamiento muy preocupante, porque es la región con el mayor aumento tanto
en la pobreza extrema como de la pobreza total, en ambos casos corresponde a la
mayor variación experimentada entre las regiones, mientras el nivel de pobreza
en las regiones Huetar Caribe y en la Huetar Norte no es menos preocupante ya
que es el nivel de pobreza más alto desde el 2010.(alterdescr.com,noviembre
2021)
Por su parte, el estudio de actualización de la
Matriz Insumo-Producto (MIP) de Costa Rica realizado por Banco Central de Costa
Rica en el 2021, había señalado que en nuestro país, la producción se
especializa por zonas geográficas, así los cantones se diferencian en el valor
agregado que aportan según las actividades económicas predominantes dentro de
sus límites.
De acuerdo a ese estudio se observaron diferencias marcadas en la
estructura productiva dentro y fuera de la GAM, la primera más concentrada en
servicios y manufactura, mientras la segunda en agricultura y turismo, mientras
el comercio es predominante en casi todo el país.
Frente a las desigualdades regionales y sus manifestaciones en los
índices mencionados, el Gobierno actual ha formulado una serie de propuestas
que un nuevo Gobierno tendría que tener necesariamente en consideración,
análisis y discusión.
Entre ellas se encuentra la Estrategia Territorial Productiva para una
Economía Inclusiva y Descarbonizada 2020-2050,formulada por MIDEPLAN, la
cual parte de un cuestionamiento a la hiperconcentración del desarrollo
económico en la GAM, de una nueva visión para la transformación económica
y territorial y de que traza la ruta para que en 2050 el país tenga una
economía descentralizada, digitalizada y descarbonizada (3D), y plantea
soluciones integrales ante los problemas de descentralización de las
actividades productivas y de desarrollo inclusivo de las regiones, dirigido a
romper las brechas estructurales del desarrollo nacional.
Alrededor de esta Estrategia Territorial Productiva se plantea que la
posibilidad de implementarla dependerá de la promoción de una discusión
amplia y profunda con todos los sectores sociales y de la voluntad política para
retomarla e implementarla en los próximos años.(alterdes.cr,julio,2021).
Una segunda propuesta es la Ley de Desarrollo Regional, firmada en
noviembre anterior por el Presidente en ejercicio Marvin Rodríguez, emitida con el objetivo de impulsar el desarrollo regional y
reducir progresivamente las desigualdades que se
manifiestan en el territorio nacional.
“Tiene como finalidad impulsar el desarrollo
regional en Costa Rica, para la mejora de las condiciones y la calidad de vida
de toda la población, respetando las particularidades culturales, sociales,
económicas, ambientales y el aprovechamiento de las sinergias y potencialidades
propias de cada región, en un contexto de participación
democrática. Asimismo, reducir progresivamente los desequilibrios regionales
mediante el diseño e implementación de políticas públicas
diferenciadas e incluyentes”, según el artículo 1 del texto de la Ley.
La Ley de
Desarrollo Regional crea el Subsistema de planificación para el desarrollo en
cada región, cuyo fin es la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de
las acciones intersectoriales e interinstitucionales para garantizar el
desarrollo del país; además, transforma los actuales Consejos Regionales de
Desarrollo en las Agencias Regionales de Desarrollo (Aredes).
También,
crea
el Fondo Nacional para el Desarrollo Regional (Fonader), que tendrá a su cargo
la asignación de recursos para favorecer el desarrollo regional y la reducción
de las asimetrías socioeconómicas interregionales e intrarregionales.
La nueva ley
establece la Política Nacional de Desarrollo Regional, los planes regionales de
desarrollo y el Observatorio de Desarrollo Regional, como instrumentos para la
gobernanza y el desarrollo. Otra de las
novedades que incorpora es la obligatoriedad del Banco Central de Costa Rica de
calcular un Producto Interno Bruto (PIB) regional, que permita analizar el
comportamiento económico en cada una de las regiones.(ElPais.cr,24-11-2021)
Esta normativa
institucional formulada, puede ser un insumo importante para que el nuevo
Gobierno definida una estrategia de desarrollo centrada en los recursos y
potenciales de los territorios y regiones periféricas.
Dicha estrategia supone una nueva visión para la
transformación económica y territorial costarricense basada en la necesidad de
descentralizar las actividades productivas y capitalizar las oportunidades
inherentes al territorio.
Demanda una perspectiva del desarrollo
centrado en las características territoriales y en el carácter endógeno y
participativo que permita que los distintos agentes sociales, económicos,
públicos o privados definan las acciones necesarias para conducir los cambios
estructurales que necesita un territorio concreto.
Se requiere un enfoque de desarrollo territorial que defina las dinámicas
territoriales que pretende generar en cada región y que éstas se
conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y
sustentabilidad ambiental.(Berdegué,J.et al,Rimisp,2015),
Es imperativo la generación de opciones
productivas, empleos de calidad, infraestructura y servicios en territorios periféricos,
los cuales han estado concentrados en los centros urbanizados e
industrializados donde se aglomera el empleo formal y la institucionalidad gubernamental.
Se trata
de la generación de propuestas descentralizadas en aspectos como la
reactivación económica y generación de empleo, inclusión social, educación,
acceso a la tecnología y diálogo social; para reducir las brechas de
desigualdad territorial, que por tratarse de cuestiones estructurales, no se
resuelven en una sola administración gubernamental o municipal.
De ahí que el tema de las
desigualdades territoriales y el impulso de políticas para revertirlas y
alcanzar un desarrollo territorial más equitativo e incluyente, debe
constituirse en una prioridad del nuevo Gobierno 2022-2026, en una verdadera
política de Estado.
Hasta ahora las propuestas
políticas para enfrentar las desigualdades regionales y avanzar hacia un
desarrollo territorial más sustentable, no han sido centrales para la mayoría
de los partidos políticos que participaron en las elecciones nacionales del 6
de febrero, con la excepción del Frente Amplio que lo abordó bajo el concepto
de desarrollo territorial integral que resuelva las desigualdades que tienen
muchas regiones y del Partido Liberación Nacional, que lo incluye en su
propuesta de reactivación económica y rescate del empleo, que requiere de la
incorporación de todos los sectores y de todas las regiones del país, sobre
todo las que han estado marginadas del desarrollo.
De cara a la II ronda
electoral, la población principalmente de las regiones periféricas y los
cantones con los más bajos indicadores socioeconómicos, debieran exigir a los
dos candidatos compromisos claros y propuestas contundentes para revertir las
desigualdades regionales e impulsar un desarrollo territorial equitativo e
incluyente como una de las prioridades de su gestión, no más postergaciones.
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