La necesidad de
controlar la expansión de la Pandemia del covid-19 obligó al Gobierno de Costa
Rica a imponer algunas medidas como el confinamiento y el distanciamiento
social, restricciones de movilidad y el cierre de actividades económicas y
sociales.
Estas medidas
provocaron en sectores como los trabajadores asalariados y por cuenta propia,
efectos económicos como la reducción de jornadas, suspensión de contratos
laborales y en los grupos de agricultores y en las micro y pequeñas empresas
agrícolas, variaciones en la demanda de productos y ruptura de cadenas de
comercio, que tendieron a deteriorar la condición socioeconómica y las
capacidades productivas de éstos.
Frente a dichos
efectos el Gobierno impulsó algunas medidas como la moratoria en el pago de
impuestos y en el pago de créditos a productores y pequeñas empresas, la
creación del fondo Proteger que transfirió un subsidio económico a la población
y la inversión en insumos y equipos agrícolas y agroindustriales para apoyar la
reactivación de los pobladores rurales.
Entre los
sectores que tuvieron dificultades para el desarrollo de su actividad
estuvieron los pequeños agricultores y microempresarios agroindustriales de algunas
zonas del país como Upala, Alfaro Ruíz y Santa Cruz de Turrialba, donde los
pequeños productores de varios productos, tuvieron problemas para colocar los
productos y experimentaron una reducción significativa de la demanda.
El
Ministerio de Agricultura y Ganadería
estimó que la pandemia había afectado la producción agrícola destinada al
consumo interno en un monto cercano a ¢1.322 millones en el año 2020. La
afectación se dió en los cultivos de mango, el plátano, la zanahoria; la
cebolla, el ajo y otras hortalizas, así como en fresas, frutas, guayaba, el
sector de cárnicos, de pollo, huevos y productos lácteos. Esta afectación se
debió principalmente a variaciones en la demanda y a cambios en las cadenas de
distribución.
Los agricultores y las microempresas
agrícolas, realizaron algunas estrategias para enfrentar los problemas en la
producción y el comercio, tales como reducir la producción o la diversidad de
productos, definir rutas urbanas de comercio, generar mecanismos de comercio
virtual y entregas de productos exprés.
Importancia de la Producción agroalimentaria
y la producción familiar
El sector agropecuario, pesquero y agroindustrial, continúa
teniendo una importancia estratégica en la economía y la sociedad
costarricense, ya que genera el 4.3% del PIB y un 15% del PIB ampliado, el 41%
del total de exportaciones, 260 mil empleos directos o un 11.7% de la población
ocupada en la agricultura, 480 mil hectáreas de cultivos agrícolas, más de un
millón de hectáreas en pastos para la producción pecuaria y 93 mil fincas
dedicadas a la producción agropecuaria, se exporta 904 productos agropecuarios
a 150 mercados internacionales y se importa un 15% de productos e insumos
agrícolas, el 27.5 de la población rural del país depende de la actividad
agropecuaria.
Por su parte, la agricultura familiar
representa, más de 50 mil pequeñas fincas y el 55% de las fincas dedicadas a la
actividad agropecuaria en el país y se estima que el sector de la pequeña
producción familiar se compone de entre 78 mil y 90 mil productores, que son
los que garantizan la producción de alimentos y la seguridad alimentaria del
país.
Estas unidades de producción
familiar, aportan, el 85% de la producción nacional de frijol, el 80% de la
cebolla, el 75% de la de yuca, el 70% de la papa, el 70% de la de café, el 55%
de la de leche y el 40% de la carne, siendo la principal y a veces única fuente
de empleo e ingresos de la población rural.
Los trabajadores agrícolas por cuenta
propia y sus familiares no remunerados, en su mayoría agricultores familiares,
tienen el nivel más bajo de ingresos de las diferentes categorías de inserción
laboral en las zonas rurales.
En el país, la pobreza y la pobreza
extrema han tendido a ser más elevadas en las zonas rurales, pero también la
informalidad del empleo y el bajo acceso a redes de protección social, lo que
genera una situación de gran vulnerabilidad.
La pobreza rural se ha asociado
tradicionalmente con la existencia de un gran contingente de pequeños
productores agrícolas de baja productividad, con poca tierra y de baja calidad,
y acceso limitado a bienes públicos.
Mientras que la pobreza global del
país era del 20%, en las zonas rurales ascendía a acerca del 30%, siendo que los
mayores niveles de pobreza se encuentran en las regiones periféricas, entre
ellas las zonas Brunca y Pacífico Central, que son las de mayor nivel de
pobreza con el 30.3% y 29.8% respectivamente, a pesar de disponer de gran
riqueza de recursos naturales y de concentrar buena parte de la producción
agroalimentaria.
La incidencia de la pobreza no solo
es mayor entre las personas que viven en áreas rurales, sino también entre
niños, adolescentes y jóvenes; indígenas; mujeres en edad de trabajar; personas
con niveles educacionales más bajos, y quienes no alcanzan a cubrir sus
necesidades básicas.
I.
Los efectos de la pandemia sobre la
producción agroalimentaria
La producción agroalimentaria y algunas de sus principales cadenas
productivas, se vieron afectadas por las medidas sanitarias adoptadas por la
pandemia, reduciendo considerablemente el consumo y la demanda de productos
alimentarios, sin embargo, los productores lograron enfrentar los cambios en
los procesos de comercialización mediante mecanismos para reducir la
producción, adecuar las líneas de procesamiento y buscar mercados alternativos.
Las cadenas de producción de porcicultores, avicultores y en menor
medida horticultores, estuvieron imposibilitados de poder colocar sus
productos, los cuales en su mayoría se comercializan a nivel local. En el caso del cerdo, se calculó entre $7 y $8 millones la
pérdida en productos que no se estaban vendiendo y se buscó la forma de
congelarlos para que no se perdieran. Según los porcicultores el
consumo de carne de cerdo cayó en un 30% en el 2020 por la crisis sanitaria.
En el caso del mercado avícola, los
grandes suplidores del mercado nacional, constituido por las empresas PIPASA y
Pollo el Rey, con cerca del 70% del mercado nacional, se vieron impactados, el
primero entre un 15 y un 20% de sus ventas totales y el segundo de una manera
más crítica porque llegaron a una reducción del 35% de sus ventas en el mismo
año, debido al cierre de restaurantes, bares y hoteles.
El impacto de la pandemia fue
considerable en algunas actividades agrícolas tales como la producción de
flores y follajes, pero también en piña, papa, yuca, café, cebolla, melón,
plátano y miel de abeja, que de acuerdo al Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG) registra una afectación total de ¢28.055 millones.
La actividad agropecuaria según el Índice
Mensual de Actividad Económica (IMAE), el decrecimiento interanual (2020-21)
fue de -1.3% por la menor producción de flores, follajes y plantas, descenso
que no fue tan pronunciado debido a que las exportaciones de azúcar, café oro y
carne impulsaron al sector agrícola y a que la producción interna se ha
mantenido relativamente estable gracias a que los mercados locales como las
ferias del agricultor se mantuvieron funcionando.
A la situación de descenso en la
demanda interna de productos, se sumó el diferendo con el vecino país de Panamá
por el bloqueo impuesto a las exportaciones de algunos productos alimenticios
que afectaron a productos de 19 plantas costarricenses de lácteos y derivados
lácteos, carne de bovino, carne de cerdo, carne procesada de aves y de
embutidos, que en lo que respecta a la leche supuso la prohibición de
exportación de 80 mil litros diarios de leche. Las Autoridades del
Ministerio de Agricultura elevaron la denuncia a la Organización Mundial del
Comercio.
II.
Implicaciones para el sistema
agroalimentario nacional
A pesar del impacto de la pandemia en
algunas actividades, el sistema agroalimentario del país siguió trabajando en
el suministro de alimentos y no cesó de hacerlo, en todas sus dimensiones
(disponibilidad, acceso, consumo, valor nutricional), desde el campo hasta la
mesa del consumidor, donde todos los eslabones están muy ligados. El
Sistema Agroalimentario fue estratégico para garantizar el abastecimiento
alimentario de la población.
Sin embargo, fue posible establecer
algunas vulnerabilidades ligadas al sistema de distribución de alimentos, a los
trabajadores que participan en el sistema, además de vulnerabilidades ligadas a
la condición socioeconómica de la población.
A partir de que el país mantuvo
funcionado sus mercados con relativa normalidad y de que los riesgos de
desabastecimiento alimentario fueron limitados, se pudo establecer que se han
presentaron algunas interrupciones en la operación de las cadenas internas de
comercio y también en la cadena regional, con el cierre de la frontera entre Nicaragua
y Costa Rica para el transporte de carga.
En el ámbito de los trabajadores
vinculados a los sistemas alimentarios, se indica que, dado que la agricultura
es intensiva en mano de obra, frente al COVID-19, los trabajadores de todos los
eslabones de la cadena estuvieron expuestos desde el punto de vista tanto
físico como económico.
En las empresas productoras y
exportadoras de alimentos en sus fases de transformación y empaque como ocurrió
en la zona norte, el riesgo de contagio aumentó por la mayor proximidad física
entre personas requerida para llevar a cabo las actividades y la necesidad de
trabajar in situ.
Los trabajadores de los mercados
mayoristas y minoristas (ferias, mercados y supermercados) siguieron trabajando
en una situación de alto riesgo de contagio y sus sueldos no compensaban ese
mayor riesgo y, en el caso de los repartidores de comida a domicilio, los
ingresos también eran bajos y la informalidad era elevada.
Mientras tanto, en la producción
agrícola familiar y de pequeñas fincas, los trabajadores que requerían un nivel
de proximidad física con otras personas para llevar a cabo sus tareas y que
dichas tareas asociadas no pueden realizarse de forma remota, por ello los
trabajadores siguieron circulando e interactuando entre sí, incluso en los
periodos de fuerte confinamiento.
Durante la pandemia, ingresó a todas
las ciudades de la Gran Área Metropolitana y centros poblados de las demás
regiones, camiones con alimentos producidos por miles de agricultores y
pescadores artesanales, que llegaban finalmente a las mesas de los consumidores
costarricenses, a pesar de las restricciones sanitarias.
Ellos se podrían haber refugiado en
sus casas para evitar el contagio, pero optaron por no detener su
actividad. Es paradójico que la inseguridad alimentaria y la pobreza
estén presentes en la gran mayoría de los hogares de estos agricultores, que no
tienen derecho a la seguridad social, vacaciones o acceso a servicios de salud,
además de que los trabajadores agrícolas presentan altos niveles de
informalidad y sus ingresos han sido inferiores al promedio del empleo no
calificado.
Con respecto a las vulnerabilidades
socioeconómicas, teniendo en cuenta que la línea de pobreza extrema se
determina a partir del costo de la canasta básica de alimentos, las personas
que se encuentran por debajo de esta línea no contaban con ingresos suficientes
para cubrir los costos básicos de alimentación. Esto significó que
la caída económica de ese año 2020, repercutió directamente en la seguridad alimentaria
de miles de personas de la población rural y que el hambre se derivó de la
pobreza (en particular, de la pobreza extrema)
III.
El impacto sobre la pequeña producción
familiar
Las pequeñas y medianas fincas familiares que venden sus productos a
comercializadoras o a comerciantes intermediarios, fueron severamente afectadas
y estuvieron en peligro de no poder continuar trabajando.
Además de los efectos sobre la
producción de las industrias cárnicas y avícolas, otras actividades como la
producción de queso y derivados lácteos en manos de pequeños productores,
habían reportado desde inicios de la pandemia haber sido afectadas debido a la
interrupción de las cadenas de comercialización generada por el cierre de
hoteles y restaurantes.
En
algunas zonas rurales del país, como Upala, Alfaro Ruíz y Santa Cruz de
Turrialba, los pequeños productores de leche y de quesos, tuvieron problemas
para colocar los productos y vieron una reducción significativa de la demanda
de los mismos. Los afectados de Upala unos mil pequeños lecheros producían de 25.000 a
30.000 litros diarios, pero por la reducción de sus compras debieron despedir a
unos 2.000 empleados y eliminar 1.200 litros de leche por día.
En Zarcero, el gerente de la
cooperativa Coopebrisas, advirtió de que 69 productores pequeños tuvieron la
entrega del alimento en peligro. Esto porque la empresa, desde hace varios
años, distribuye productos a los hoteles, sobre todo en Guanacaste, los cuales
cerraron sus puertas y dejaron de comprar. Mientras que, en Santa
Cruz de Turrialba, muchos pequeños productores que no van a las ferias del
agricultor a vender quesos y dependen de las compras de intermediarios quienes
llegan a sus fincas, fueron los que más sufrieron con la menor demanda.
El
Ministerio de Agricultura y Ganadería estimó en 2020 que la pandemia había
afectado la producción agrícola destinada al consumo interno en un monto
cercano a ¢1.322 millones, luego de consultas hechas a los productores por los
funcionarios de las oficinas regionales.
Ubicando la afectación por cultivo, señaló
que el mango, tuvo una pérdida estimada de ¢350 millones, le siguieron el
plátano con ¢269,5 millones; la zanahoria con ¢250 millones; la leche con
¢156,8 millones; la cebolla y el ajo con ¢76 millones; y el queso con ¢ 63
millones.
También
se encontraron pérdidas importantes en fresas, frutas, guayaba y otras
hortalizas, además pequeñas empresas que producían para el Programa de
Abastecimiento Institucional (PAI), reportaron ¢194 millones en el sector
cárnico y de ¢121 millones en el de pollo y huevo, para un total de ¢315
millones en el año 2020.
IV.
Medidas de política que favorecieron
la producción agroalimentaria
1. Medidas de política social
La implementación de políticas macroeconómicas y sectoriales para
estabilizar la economía y apoyar a los sectores productivos, especialmente a
las pequeñas y medianas empresas, de modo que se asegurara la disponibilidad de
alimentos fue fundamental. Las medidas incluyeron refinanciamiento, reducción o
postergación de pagos, disminución de impuestos, flexibilización de contratos y
aplicación de subsidios.
Se aprobaron medidas para que los bancos de
brindarán una admistía de 3 meses a las pymes y trabajadores en el pago de sus
créditos y a la determinación del INDER de aplicar el no pago de los créditos
en ese mismo período a más de 900 productores rurales, medida que después se
prorrogó por 3 meses adicionales (Alterdes, cr,2020).
El Fondo Nacional para el Desarrollo (FONADE) efectuó una condonación de
obligaciones financieras de primer piso que mantenían con esa entidad 2.705
micro, pequeños y medianos productores agropecuarios de las diferentes zonas
agrícolas del país.
Por su parte, el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) otorgó una
moratoria en el pago de capital e intereses por hasta 6 meses en créditos con
recursos del SBD para empresas con grave afectación económica y un período de
gracia de hasta 12 meses en el pago de capital de operaciones financiadas con
recursos del SBD para empresas con mediana afectación
económica. También brindó refinanciamiento de operaciones de crédito
con recursos del SBD para capital de trabajo de emergencia y fondos no
reembolsables para 200 pequeñas y medianas empresas (pymes).
En la adaptación de la logística de las cadenas de suministro y para que
la agricultura siguiera funcionando fueron importantes las siguientes medidas:
la adopción de nuevos protocolos sanitarios; la capacitación de la fuerza de
trabajo, el ajuste del nivel de funcionamiento en las plantas agroindustriales,
la reprogramación de siembras y cambios en la elección de rubros productivos,
entre otras. Estas medidas fueron dirigidas a todo tipo de empresas, incluidas
las fincas de la agricultura familiar.
En el reforzamiento de los programas de seguridad alimentaria estatales
con el apoyo de organismos de las Naciones Unidas, se ha mantuvo el programa de
comedores escolares, mediante la distribución directa de bolsas de alimentos
dirigidos a la población estudiantil más vulnerable, habiéndose efectuado 9
entregas mensuales de alimentos.
Ligado a la distribución de alimentos a los comedores escolares, es
necesario mencionar la labor del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI)
del Consejo Nacional de producción (CNP), que ha organizó la compra, acopio y
envío de las bolsas de alimentos a las escuelas y comunidades.
2. Medidas de política Agrocomercial
Pero la medida posiblemente más acertada fue no cerrar las ferias del
agricultor que ha sido el canal de comercialización de los pequeños
agricultores, que abastece cada semana el suministro de alimentos frescos en
las ciudades.
También ha sido importante la articulación de los actores en redes y el
fomento del comercio digital y otras opciones de circuitos cortos de comercio.
En este sentido, establecieron mercados virtuales institucionales en el
Ministerio de Agricultura y en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), así
como mercados virtuales locales en Pérez Zeledón y la zona de los Santos.
Mercado Rural CR, surgió como un catálogo
digital de Productos Rurales, para que los emprendedores y organizaciones
apoyadas por el INDER en los territorios mostraran sus productos, efectuaran
contactos directos con compradores y pudieran mejorar la comercialización de
sus productos. Se trata de una plataforma totalmente gratuita para
el mercadeo digital de pequeños y medianos emprendedores.
La amenaza al comercio se convirtió en una oportunidad para crear nuevos
mecanismos de comercio y reveló la importancia de reforzar la institucionalidad
del sector agropecuario.
La FAO en su pronunciamiento sobre los efectos
de la pandemia en la seguridad alimentaria en América Latina, afirmaba que
“para garantizar la oferta de alimentos básicos, es clave mantener el
funcionamiento de las explotaciones agropecuarias, con especial atención a la
agricultura familiar campesina, facilitar el transporte y acceso económico a
insumos productivos (semillas, fertilizantes, piensos, etc.) y a maquinaria e
infraestructura”.
3.
Medidas de desarrollo rural
El Instituto de Desarrollo Rural (INDER) se
enfocó en la necesidad de disminuir el impacto negativo generado por la
pandemia en la condición de las familias rurales; y por ello se dirigió a
impulsar acciones para fortalecer las actividades de reactivación económica de
los territorios rurales.
El presidente ejecutivo del INDER informó que entre setiembre del año 2019 y
setiembre del 2021 las inversiones totales de la institución en los 29
Territorios Rurales sumaron ₡56.450 millones y que en
total se habían beneficiado con esos recursos cerca de 283.916 familias rurales
en todo el país.
Según
el Presidente Ejecutivo, las inversiones del INDER incluyeron apertura y
mejoramiento de caminos, alcantarillado, construcción de puentes, obras de
drenaje, sistemas de riego, acueductos rurales, electrificación,
infraestructura para almacenamiento y agroindustria, entre muchas otras iniciativas
que se articulan con otras entidades, con el fin de que la población y
productores rurales cuenten con las condiciones necesarias para mejorar el
desarrollo de los territorios rurales, quien agregó que solo para el año 2020,
el Instituto aumentó sus inversiones en un 60% con respecto al 2019.
Entre
el 2019 y el 2020 la institución invirtió en el programa Fomento a la
Producción y Seguridad Alimentaria, ₡4.400 millones, monto que aumentó de
manera significativa para el año 2021 con la finalidad de fortalecer la
reactivación de pequeños emprendedores pecuarios, agrícolas, pescadores y
emprendedores de los territorios rurales, con equipos, herramientas e insumos.
En
ese año, 6.300 mujeres recibieron apoyo del INDER para el impulso de proyectos
agrícolas, pecuarios, de pesca, salud, cuidados personales, medicina natural y
costura, así como actividades relacionadas con valor agregado de la producción,
aporte que se brindó entendiendo el aporte de las mujeres emprendedoras rurales
a las economías rurales.
La
información de la inversión de recursos del INDER, es complementaria a la
brindada a inicios del año 2021, en cuanto a que la institución trasladaría a
los productores rurales cerca ₡5.000 millones, para el beneficio directo de más
de 3.532 familias como parte de dicho programa.
Entre la inversión efectuada
por el INDER en las diferentes regiones en ese año, se encuentra la que los
habitantes rurales de la Región Brunca, recibieron un total de ₡2 042
millones en proyectos, inversiones que
incluyen un total de 214 proyectos en temas como infraestructura, fomento a la
producción y seguridad alimentaria e iniciativas desarrolladas con otras
instituciones u organizaciones.
Como parte de esa inversión
en infraestructura social y productiva, se menciona una inversión total cercana
a los ₡280 millones, de la que se benefician 2.640 pequeños y medianos
productores de frijol (1.203 de la región Brunca y 1.437 en la región Huetar
Norte), para el acondicionamiento de bodegas para el almacenamiento de frijol
en condiciones ambientales controladas, en Pérez Zeledón y Guatuso.
También
el INDER contribuyó en la conectividad a internet de las comunidades rurales, en
el proyecto interterritorial que garantizará acceso al servicio de internet
para unas 11.300 personas, quienes habitan y trabajan en cuatro territorios
rurales de la Región Central del país,
iniciativa es impulsada por Coopesantos R.L.
El presidente
ejecutivo del INDER afirmó que, esta inversión nos permite impactar
positivamente en las economías de muchas familias rurales y mejorar su calidad
de vida. Apoyar la productividad agropecuaria nacional es una responsabilidad
que hemos asumido y que fortaleceremos con el objetivo de apoyar la
reactivación desde los territorios rurales.
V.
Conclusiones
La producción agroalimentaria y
algunas de sus principales cadenas productivas, se vieron afectadas por las
medidas sanitarias adoptadas por la pandemia, reduciendo considerablemente el
consumo y la demanda de productos alimentarios; sin embargo, se lograron
enfrentar los cambios en los procesos de comercialización mediante mecanismos
para reducir la producción, adecuar las líneas de procesamiento y buscar
mercados alternativos.
El impacto de la pandemia disminuyó
el acceso a alimentos, generó inseguridad alimentaria y afectó el empleo agrícola
y la reducción de ingresos de la población, pero el surgimiento de bonos y
ayudas estatales contribuyó a mantener el consumo de alimentos.
En la crisis sanitaria, se valoró más
la calidad de los alimentos, la inocuidad, la trazabilidad, las certificaciones
de calidad y los atributos ambientales, sociales o culturales. Los consumidores
aceleraron el cambio de sus preferencias hacia alimentos sanos, saludables y
con identidad.
Durante la pandemia, se ha estableció
el comercio digital y el nuevo concepto de cadena corta de
comercio. Se aceleró el surgimiento de oportunidades para la
digitalización de la agricultura y con ello se incrementó la influencia de los
consumidores en la definición de los modelos productivos y de los bienes
generados por la agricultura.
La pandemia obligó a reforzar la
resiliencia y la inclusión social y a no olvidar los objetivos de una
agricultura más sostenible y las prácticas de adecuación al cambio
climático. La sostenibilidad ambiental de la agricultura y los
sistemas alimentarios y la integración entre la agricultura y la biodiversidad,
son demandas de la sociedad que cobraron más fuerza.
La pandemia y el riesgo inminente de
una crisis alimentaria recordaron la importancia crucial de la agricultura y
los sistemas alimentarios. Además, se reafirmó la perspectiva que la
agricultura es una de las pocas actividades imprescindibles, así como son
imprescindibles los bienes que produce.
Durante la pandemia una de las
políticas más comprometidas con el apoyo a los productores rurales, fue la
política que impulsó el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) para reactivar la
producción agroalimentaria de las comunidades rurales afectadas por los efectos
de la pandemia.
Las inversiones totales del INDER entre el
2020 y el 2021 en los 29 Territorios Rurales sumó ₡56.450 millones y en
total beneficiaron con esos recursos a cerca de 283.916 familias rurales en
todo el país.
Dichas inversiones incluyeron apertura
y mejoramiento de caminos, alcantarillado, construcción de puentes, obras de
drenaje, sistemas de riego, acueductos rurales, electrificación,
infraestructura y equipos para almacenamiento y agroindustria y créditos
rurales, entre muchas otras iniciativas coordinadas por los programas de Motor
Rural y Fomento a la producción y Seguridad Alimentaria.
Según la FAO, frente a la pandemia los
sistemas alimentarios han resultado ser más resilientes de lo que se esperaba y
que las amenazas y riesgos que podrían afectar al comercio de productos
agrícolas a causa de la crisis económica, pudieron ser enfrentados a través de
la optimización de los canales de comunicación e información, así como
implementar herramientas de inteligencia comercial con el fin de realizar un
monitoreo del comercio y de la demanda de productos agroalimentarios para
garantizar la seguridad alimentaria.
