Una investigación reciente de la Defensoría de los Habitantes
sobre el acceso a la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población
costarricense, por el impacto de ciertos factores externos en el sector
agrícola como la guerra en Ucrania, el alza en el precio del petróleo y el
cambio climático, señala aspectos que tienen una injerencia directa sobre la
formulación y dirección de políticas públicas nacionales y regionales frente
los desafíos del sistema alimentario.
El informe afirma, que si
bien nuestro país aún no enfrenta problemas graves sobre la Seguridad
Alimentaria Nutricional, es necesario darles atención prioritaria a tres áreas:
el acceso económico y físico a los alimentos, a la calidad de estos y la
capacidad de adaptación del sector agropecuario a los cambios en el clima.
Agrega que si bien el país
disminuyó su capacidad de autoabastecimiento de productos básicos para la
alimentación por las condiciones climáticas, la disponibilidad de tierras y la
apuesta nacional por la protección del medio ambiente, el principal factor es
la falta de políticas públicas que apoyen a los sectores productivos.
La Defensoría de los Habitantes concluye que si bien es posible
identificar instrumentos de política pública sobre el tema, prevalece la
desarticulación, los bajos niveles de coordinación y colaboración entre las
instituciones responsables de su diseño y ejecución, siendo necesario la
aplicación de un enfoque integrado de Gobierno que coadyuve con soluciones
oportunas, eficientes y eficaces en esa materia.
La investigación permitió también, determinar que no existe una
ley marco que regule el tema ni órganos clave y que se venció la Política Nacional
de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2021 sin que se haya planteado una
alternativa
Entre los retos que persisten, indica que es necesario instaurar
un sistema de alertas tempranas para mitigar o atender eventuales emergencias
climatológicas, plagas y enfermedades, así como situaciones de restricción en
el comercio internacional, esencial para reducir la vulnerabilidad a las crisis
alimentarias en el comercio internacional.
Además apunta, que se requiere contar con un adecuado proceso de
registro de agroquímicos, generar nuevas vías de registro para insumos
alternativos y moléculas, así como el servicio de certificación y utilización
de semillas; habilitar los servicios de laboratorio que, además, revise la
efectividad de éstos en el mercado; así como la generación de nuevas vías de
registro para insumos alternativos no contaminantes.
En materia de cambio climático, establece que urge contar con
servicios de información climatológica y de siembra accesibles, que le permita
al productor consultar en qué fechas se puede sembrar y así tomar decisiones de
producción más certeras.
La Defensoría de los
Habitantes, además le solicitó al Ministerio de Agricultura y Ganadería,
reactivar el Sistema Nacional de Información en Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SINSAN) para disponer de informes de alerta para la atención
oportuna de situaciones eventuales que puedan constituir una amenaza a la
seguridad alimentaria y nutricional de la población del país y adoptar
mecanismos de diálogo y participación con representantes de los productores,
así como contar con la asesoría de la FAO, con el fin de que analicen los
riesgos de una alta dependencia de las importaciones de algunos alimentos
básicos en la dieta nacional, ante los escenarios de crisis climáticas o geopolíticas,
que podrían dificultar, no sólo su disponibilidad, sino también el acceso ante
la alta volatilidad por los cambios en los precios.(Defensoría de los
Habitantes,Comunicado,febrero 2024)
En concordancia con el
análisis de la Defensoría, en el mes de enero de este año, representantes de la
Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, demandaron al Gobierno una
política clara que mejore la productividad y la competitividad del sector.
El presidente de la Cámara, mencionó que preocupa el
incremento de una canasta básica importada que no se traduce en mejores precios
y que desplaza a los productores y a los miles de empleos que generan.
Señala que muchas veces se trata de productos que compiten
desigualmente contra los nuestros, sea por prácticas desleales o bien porque
sus productores reciben apoyos, soportes y ayudas internas inexistentes aquí.
Para la CNAA, la preservación de las actividades
agrícolas es del más evidente interés público, por el desarrollo, los empleos y
los encadenamientos, sobre todo en zonas rurales y costeras.
También expresaron la preocupación por las intenciones
del Gobierno de que Costa Rica se adhiera a la Alianza del Pacífico y por la
caída del tipo de cambio del dólar con respecto al colón que provoca la pérdida
de competitividad en el mercado local y en el de exportación.
(CRHoy.com,27-1-2024)
Como si esos señalamientos no fueran suficientes, en el
mes de febrero, se dio a conocer la información con base en datos de la
encuesta de microempresas elaborada por el INEC, de que 74.787 agricultores
fueron expulsados de su actividad económica en los últimos dos años, siendo el
agro el que más perdió microempresarios, cuya actividad es más pequeña,
siembran en sus propios terrenos y las producciones son bajas, es decir se
trata de agricultores de escasos recursos que deben abandonar su actividad y
que son parte de los pobres rurales de las regiones periféricas del país.(ElObservador.com,26-2-2024)
La mayoría de estas preocupaciones sobre el deterioro de
las condiciones de producción de micro y pequeños productores, habían sido
manifestadas el año anterior por las organizaciones agrícolas, Upanacional, UPIAV,
UNAG y la Corporación Hortícola, durante la Marcha nacional en apoyo al Sector
agropecuario del 29 de marzo en la que reclamaban una política de apoyo al
sector agropecuario que asegure el desarrollo social y la soberanía
alimentaria.
Igualmente fueron planteadas en la marcha del Sector
agropecuario por la defensa de la soberanía alimentaria y la institucionalidad
del sector, efectuada el 25 de octubre, en la que se demandó: No al bloque
Alianza del Pacífico, Sí a la Comisión mixta en la Asamblea legislativa, Sí a
la defensa de la institucionalidad del sector, Sí a la Soberanía alimentaria.
No obstante, los movimientos y demandas de las
organizaciones, no han logrado detener las políticas que debilitan al sector y
afectan a los productores nacionales en actividades específicas, como el caso de
la política de la Ruta del Arroz, impulsada en julio del 2022 por el Gobierno actual
mediante dos decretos que reducía considerablemente los impuestos a la
importación y estimulaba la importación de arroz, con los consiguientes efectos
sobre los productores locales y las áreas de producción de ese cultivo.
Así mismo, el Gobierno propuso a mediados del año
anterior, un proyecto de ley para reformar la Ley orgánica del Ministerio de
Agricultura, dirigido a concentrar las decisiones en el Ministro de la cartera
y eliminar potestades a las entidades especializadas, como el Servicio Nacional
de Aguas, Riego y Avenamiento(Senara) y Servicio Fitosanitario del Estado, en
una intencionalidad de imponer un modelo centralista y piramidal y convertirlas
en meras entidades técnicas.
A finales del año anterior, también se propuso un
proyecto de ley de reforma a la ley de Ferias del Agricultor, que pretende
eliminar la Junta Nacional de Ferias y trasladar la coordinación de las ferias
al Programa de Mercadeo Agropecuario(PIMA), que pretende institucionalizar el
manejo de las ferias y atentar contra el manejo autónomo de las mismas por
parte de los productores.
Estos proyectos de ley se encuentran en discusión en la
comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa y han sido consultados
a gran cantidad de instituciones y organizaciones del sector, que hacen prever
dictámenes poco favorables a su aprobación.
Estos proyectos particulares, aunque no proponen
transformaciones de fondo en la actividad agropecuaria, podrían continuar
deteriorando la institucionalidad del sector agropecuario y las condiciones de
producción y comercialización en que se encuentran los pequeños y medianos
productores sobre todo vinculados al mercado interno.
Esta problemática ya había sido analizada en una propuesta
de política agroalimentaria alternativa elaborada hace una década por el Foro
de Políticas Agrícolas de Santa Bárbara.
En la situación de la producción agroalimentaria para el
mercado interno, esa propuesta señalaba que:
La mayoría de los agricultores que producen para el
consumo interno tienen escasa rentabilidad, provocada por bajos rendimientos y
problemas de precios y de mercados.
Además, esa agricultura se ve amenazada por:
-las importaciones de alimentos básicos con precios
subsidiados
-la inestabilidad de las cosechas por cambios climáticos
-el descenso en las áreas dedicadas a la producción por
altos costos de producción.
En consecuencia, URGE definir una estrategia de nuevas
políticas para mejorar esta actividad tan importante y estratégica para la
economía nacional.
Frente a esa problemática, los elementos de la propuesta
de políticas eran:
1. Mejorar el
sistema de comercialización de productos agrícolas para el mercado interno.
2. Democratizar el
acceso al crédito para la pequeña producción (Banca de Desarrollo)
3. Promover la
innovación y de desarrollo de tecnologías sostenibles
4. Mejorar la
gestión de los servicios de apoyo agropecuario que ofrece el Estado.
5. Fomentar la
Agroindustria y el valor agregado de las actividades agropecuarias
6.Formular un proyecto de
ley marco en seguridad y soberanía alimentaria y nutricional. (Propuesta de
política agroalimentaria para el mercado interno,Grupo de Políticas
Agrícolas,octubre 2014)
Debido a que la situación actual de la
producción agroalimentaria es similar a la de hace una década y podría tender a
agudizarse, la propuesta mencionada sigue siendo válida y demandaría un nuevo
esfuerzo conjunto e integrador de todos los sectores hacia la formulación de
una política agroalimentaria sostenible, incluyente y soberana.
Debemos cambiar la dinámica agroproductiva
de los últimos 40 años que hizo del país uno de los más dependientes de la
producción externa y uno de los más desiguales, con una pobreza rural creciente.
El país y sus regiones, eran soberanos y
autosuficientes en muchos productos que ahora importamos y lo más grave, es que
se trata de los alimentos básicos de la población, el arroz, los frijoles, el
maíz, las hortalizas y hasta los huevos, el azúcar y el café.
No podemos seguir produciendo
de la misma manera, utilizando una alta cantidad de insumos químicos externos,
que provoca altos costos, pérdida de suelos, contaminación, sequía, mayor
concentración de CO2 y menor soberanía alimentaria, se requiere una transición agroecológica de la actividad agrícola.
Una transición agroecológica que haga más
sostenible ambientalmente la producción agroalimentaria, más justa y equitativa
la participación de los productores y tener mayor soberanía alimentaria en los
productos alimenticios básicos.
La propuesta debe incluir un programa de
precios de garantía y de acceso a mercados, un nuevo modelo de financiamiento
justo y accesible a los pequeños y medianos productores(fondo agrícola de banca
para el Desarrollo) y un sistema de extensión e innovación tecnológica ligado a
los condiciones de la pequeña y mediana producción y a opciones de tecnologías
apropiadas para el mejoramiento de la productividad y la conservación de la
biodiversidad.
Un componente adicional, es el impulso de
un programa de manejo postcosecha y agregación de valor, para el desarrollo de
agroindustrias rurales de productos con identidad territorial y sellos de
origen, junto a la creación de cadenas cortas de comercio y mercados locales y
regionales alternativos y justos.
Debe considerar también, programas para que
las mujeres y los jóvenes rurales sean titulares de derechos y concesiones de
tierra y reciban capacitación para integrarse a la producción agrícola.
Es necesario también perfeccionar los
mecanismos de transferencias de apoyos sociales, para que éstos vayan dirigidos
a las familias rurales de escasos recursos, como un bono rural que les permitan
mantenerse en la producción agroalimentaria y contribuir a reducir la pobreza
rural.
Todo ese esfuerzo propositivo, debe
coronarse con la formulación y puesta en ejecución de una ley nacional de
seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, que proteja la producción
agroalimentaria de los cambios en las condiciones externas de precios y
mercados y de los cambios en las políticas internas de desestímulo e
importación y de los riesgos y vulnerabilidades generados por fenómenos
climáticos.
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