La Planta de
Tecnologías de Valor Agregado Agropecuario de esta región se desarrollará con
el apoyo del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), que comprará la maquinaria;
del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y de la Municipalidad
de Coto Brus y será administrada por el Consejo Nacional de Producción (CNP).
El proyecto,
cuya inversión total es de ¢2.600 millones, estará ubicada en la localidad de
Agua Buena, en Coto Brus contará con líneas de procesamiento para productos
como hortalizas, frutas, granos, lácteos, raíces y tubérculos.y con bodegas,
oficinas administrativas, áreas de recibo de materia prima y despacho de
producto terminado, mantenimiento, laboratorios de control de calidad y de
investigación y desarrollo.
Además,
desde allí se brindarán servicios de desarrollo de prototipos, optimización de
procesos, maquila, alquiler de equipo e instalaciones, y consulta técnica a
productores de la zona.
Rogis
Bermúdez, presidente del CNP, explicó que el objetivo del proyecto es
incentivar la producción agroindustrial y que las asociaciones de productores
puedan colocar sus bienes con un valor agregado en el país y según el Ministro
de Agricultura y Ganadería (MAG), la iniciativa tiene el objetivo de atender a
los pequeños y medianos productores agropecuarios de la región Brunca, zona en la
que hay 15.651 agricultores.
“La idea es
no solo que se entregue el producto, sino transformarlo. Por ejemplo, piña que
no se compra en supermercados hacerla deshidratada, empaquetarla al vacío y
venderla, o hacer pulpa para jugos”, destacó Bermúdez.
En tanto el
presidente Alvarado afirmó que. “El propósito de construir esta moderna
infraestructura es poder reactivar la economía de la región a partir de la
innovación y aplicación de la tecnología en la agricultura”.(CNP,Comunicados,30-6-2020)
El jerarca
del CNP comentó que la idea es replicar un proceso de desarrollo de valor
agregado hecho en la zona norte, en donde hay 12 asociaciones que ya venden sus
productos en el mercado. Esta iniciativa está ubicada en la región Huetar Norte y tendría un costo
de 3.000 millones de colones.
Los Centros regionales de
Valor agregado son mega proyectos para el procesamiento agroindustrial
administrados por el CNP, que al igual que los mercados regionales para el comercio
regional de productos agrícolas impulsados por el PIMA(ya se encuentra
funcionando el primero en la región Chorotega con un costo cercano a los 28 mil
millones de colones) son grandes inversiones estatales financiadas con recursos
externos que pretenden integrar a los productores locales para ampliar la
oferta de productos o realizar su procesamiento a gran escala, con el equipo y
las condiciones tecnológicas más modernas.
El surgimiento de estos
megaproyectos de comercialización o manejo poscosecha regional no son nuevos,
tienen sus antecedentes en las plantas de procesamiento de hortalizas y
tubérculos de Llano verde en la Fortuna de San Carlos, en la planta de acopio y
manejo poscosecha de hortalizas en la Chinchilla en Oreamuno de Cartago y en la
planta de acopio y comercialización de granos básicos en Cariari de Pococí,
impulsadas por el CNP en la década de los años 80.
Estas plantas de acopio y de
procesamiento de productos, con una fuerte inversión estatal y que pretendían
involucrar a los agricultores de las regiones, funcionaron un período
relativamente corto, fueron subtilizadas buena parte del mismo y terminaron
abandonadas o trasladadas a alguna organización local.
Desde décadas anteriores, se
ha debatido sobre la pertinencia y efectividad de la promoción y
establecimiento de estas megaplantas en las regiones en manos de las
instituciones, frente a la posibilidad de impulsar y apoyar pequeñas unidades
de procesamiento agroindustrial en las comunidades rurales en manos de los
productores y sus organizaciones con el apoyo de los centros de investigación y
transferencia de tecnología de las Universidades públicas.
La
agroindustria rural concebida como una opción de procesamiento de los productos
agropecuarios en una escala pequeña, que favorece la reducción de las pérdidas
poscosecha y la diversificación de los productos agroindustriales, generó en
las décadas de los 80 y 90 una serie de experiencias asociativas y cooperativas
ligadas a la agroindustrialización de hortalizas, frutas, tubérculos, especies
y lácteos.
La agroindustria
rural resultó ser una alternativa de generación de ingresos, empleo y
capacidades en las propias comunidades, que permite generar y retener valor
agregado en la producción agrícola, fortalecer los sistemas agroalimentarios locales
y convertirse en un elemento dinamizador del desarrollo rural(Masís,G.,2019)
En momentos de
limitaciones en las finanzas gubernamentales, es importante sopesar la validez
del modelo de los megaproyectos, que requiere una inversión millonaria, crea
una infraestructura difícil de utilizar, incorporan a una reducida cantidad de
agricultores y productos y son manejados por las mismas instituciones, frente
al impulso de unidades agroindustriales y de comercio en pequeña escala, de
bajo costo, para el procesamiento de productos con identidad territorial y con
la participación directa de los agricultores en su gestión.
El propio Ministro de
Agricultura había manifestado en una reunión previa a asumir el cargo, con
respecto a los grandes proyectos como los Mercados regionales, que éstos proyectos
estaban poco ligados a las necesidades de los agricultores y que había que promover
pequeños proyectos de mayor impacto en las comunidades y regiones.
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