Los Resultados del Desarrollo Regionaly la Importancia del Enfoque Territorial

  La Administración Alvarado ha presentado los resultados del desarrollo en las regiones Chorotega y Huetar Atlántica, los primeros el 25 de julio como parte de la celebración del 196 aniversario de la Anexión de Guanacaste y los segundos el 31 de agosto durante la celebración del día de la Cultura Afrocostarricense.

En ambas actividades los coordinadores de los programas regionales, la primera Dama Claudia Dobles del programa para la región Chorotega y en la segunda el Primer VicePresidente Marvin Rodríguez del programa Mesa Caribe, presentaron un recuento de los resultados obtenidos en las diferentes áreas de la acción gubernamental.

Entre los resultados en la región Chorotega, se mencionaron los siguientes:

-la inversión de 26.693 millones de colones en el mejoramiento del acceso al agua potable en Guanacaste para 90 mil personas, gracias al impulso de 8 proyectos en los cantones de Liberia, Bagaces, Nicoya, Cañas, Abangares, Santa Cruz y La Cruz.  Estos proyectos son parte del Plan de Infraestructura y Gestión Integrada del agua de la región Pacífico Norte 20-30,que contempla  la inversión de $ 1.130 millones en 71 proyectos, entre los que se encuentre el PAACUME sobre el embalse del río Piedras.

-se realizó el asfaltado de las rutas Garza-Nosara, Hojancha-Nandayure y Quebrada Honda-Carrillo, se mantienen trabajos en diversas rutas de Nicoya, Tilarán, Cañas y Abangares y se ha recuperado el avance en la obra Cañas-Limonal.

-el INDER invirtió mil millones de colones en proyectos de riego y continúan en ejecución por 250millones de colones del proyecto Agrolajas II en Abangares.

-INDER y SENARA construyen el proyecto de riego de Sardinal de Carrillo con una inversión de 360millones de colones para beneficiar a 24 familias que podrán ampliar y diversificar su producción agrícola.

-el INDER también destinó 7.400 millones en obras de infraestructura, producción y seguridad alimentaria

-el INDER entregó una donación de 241 millones de collones para comprar equipos de secado del café producido por 380 familias ligadas a la Cooperativa CoopelDos, en los cantones de Tilarán,Abangares y Monteverde.

-un grupo de 310 pescadores de la Cámara de Pescadores de Guanacaste ubicados en Nicoya, Paquera,Santa Cruz y San Juanillo, reciben equipo de enfriamiento, pesaje y acopio, con una inversión del INDER por 19.2 millones de colones.

-proyectos como Santa Luisa, Las Palmas, Villas Marcel, La Joya, Malinche y la Esmeralda, dan cuenta de la fuerte inversión en vivienda en Guanacaste en cantones como Hojancha, Liberia y Abangares.

-obras como la escuela Recaredo Briceño y san Francisco en Nicoya, Dionisio Leal en Santa Cruz, los Colegios técnico-profesionales en barrio Irving La Cruz y el de Corralillo de Nicoya ,apuntan a que miles de estudiantes encuentren mejores condiciones cuando regresen a las aulas.

-puestos de salud como el puesto de visitación periódica y el EBAIS de Santa Elena en La Cruz ya están disponibles para los habitantes de esas comunidades.  Están en ejecución proyectos como el área de salud de Santa Cruz y la unidad de terapia renal de Liberia.  La inversión total de la Caja del Seguro Social en Guanacaste supera los 22.500 millones de collones

-para enfrentar las consecuencias de la emergencia sanitaria se entregaron cerca de 30 mil diarios en toda la provincia y cerca de 94 mil personas se beneficiaron con el bono Proteger

y el IMAS y el área regional de desarrollo social Chorotega dieron protección social a más de 18 mil familias en pobreza y en pobreza extrema(ElPaís.com,25-7-2020)

Por su parte, en la presentación de los resultados de la Mesa Caribe, se mencionaron los siguientes:

-en infraestructura vial, el CONAVI ha invertido cerca de ₡5.900 millones en el mantenimiento y rehabilitación de carreteras en los 6 cantones de la provincia de Limón, además de la construcción del Puente Binacional sobre el río Sixaola entre Costa Rica y Panamá que presenta un avance de un 90%.

-en infraestructura educativa, de setiembre de 2019 a la fecha, la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) ha entregado siete proyectos educativos, once se encuentran en ejecución y cuatro en proceso de contratación, ubicados en los seis cantones de la provincia.  En total, la inversión de agosto de 2019 a la fecha asciende a ₡19.060 millones y beneficia a 9.310 estudiantes.

-el Senara ha ejecutado proyectos con una inversión total de ₡14.000 millones en beneficio de 23.600 familias de la Región Huetar Caribe.

-la inversión de Acueductos y Alcantarillados a lo largo de la provincia de Limón es de ₡37.4 mil millones en 11 proyectos de agua potable y saneamiento de los cuales 3 se han concluido este 2020 y 5 más se encuentran en ejecución, Entre ellos, destaca la construcción del alcantarillado sanitario en Puerto Viejo.

-en las áreas de Salud de Cariari, Guápiles, Guácimo, Valle de la Estrella y Talamanca, la Caja Costarricense del Seguro Social ha destinado una inversión total ₡1.100 millones para llevar bienestar a cerca de 86.000 habitantes.

-el Ministerio de Trabajo por medio del Programa Nacional de Empleo, ha logrado desarrollar las competencias necesarias para el empleo en 18.400 personas, lo que ha representado una inversión social superior a los ₡3.896 millones.

-el INA ha destinado más de ₡3.327 millones invertidos para la formación y capacitación para el empleo de 7.785 personas.   A esto se suma la construcción de 48 mil metros cuadrados del Centro Polivalente del INA, con una inversión que supera los ₡6.479 millones, que permitirá la capacitación de hasta 3.500 estudiantes al año.

-el Inder ha realizado una inversión social de más de ₡7.538 millones en los 6 cantones del país, entre los que destacan la ruta turística Guácimo y el mejoramiento de los caminos de La Lidia, Maravilla, San Jorge, el Millón, Aguas Frías, la Fortuna y Maná.

-Dinadeco ha logrado plasmar siete proyectos y se ejecuta otros cinco que benefician a 5 mil personas. Inversión para el desarrollo comunal de Limón supera de más de ₡194 millones.

-el proyecto de ventanilla única municipal de la Región Caribe se encuentra a un 35% de avance por parte del IFAM, representando un aporte de $230.000 no reembolsable de la institución, impactará en municipalidades más eficientes y efectivas.

-el Ministerio de Vivienda y el BANVHI han invertido alrededor de ₡14.200 en el desarrollo del Bono Comunal Limón 2000 -impactará en la calidad de vida de 3.000 habitantes de la comunidad- y otros proyectos de Vivienda en los cantones de Pococí, Guácimo, Matina, Talamanca y Limón Centro, donde se han otorgado 681 bonos de vivienda.

-mediante sus diferentes programas, el IMAS ha atendido a más de 79.800 personas, con una inversión social superior a los ₡28.000 millones para la Región, mientras el Conapam, y Pani han invertido más de ₡1.900 millones aproximadamente para el beneficio de más de 3.000 personas de la población adulta mayor, niñez y adolescencia

-el MEP mediante sus diferentes programas ha dirigido alrededor de ₡23.100 millones, apoyando a más de 133.000 estudiantes; mientras que la Junta de Protección Social ha invertido ₡1.400 millones para beneficio de 600 personas beneficiarias.

-en la atención de la emergencia Covid-19, la Comisión Nacional de Emergencias y los Comités Municipales se han entregado de 22.542 paquetes de alimentos para 111.000 personas; el MEP, ha realizado la entrega a estudiantes de 553.800 paquetes de alimentación con una inversión de ₡8.380 millones y a través del Ministerio de Trabajo y el IMAS se han destinado ₡23 mil millones en Bonos Proteger logrando llevar alivio a 61.400 personas.(ElPaís.com,31-8-2020)

Los resultados de la acción institucional en las regiones, muestran un esfuerzo de coordinación institucional, una fuerte inversión de recursos en algunas áreas del desarrollo regional y un impacto en grupos específicos de la población.

No obstante en las presentaciones de los resultados, se evidencia la ausencia de un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo éstas están en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental.(Berdegué,J.et al,Rimisp,2015).

 En ellas se puede observar también la falta de análisis y de vinculación de las acciones regionales, con los factores que determinan la estructura social, económica y política de los territorios,tales como las tendencias del entorno, las estructuras sociales y valores arraigados en la práctica de los actores sociales. la dotación, el acceso y el uso de los recursos naturales, el desarrollo de la actividad económica y el surgimiento nuevas alternativas productivas, la importancia de la inversión pública en las dinámicas territoriales y la relación de los pueblos y comunidades con las ciudades intermedias.

Los resultados de la acción institucional en las regiones, son una sumatoria de acciones centradas fundamentalmente en el factor de la inversión pública en infraestructura vial y social especialmente efectuada con recursos del INDER y en las transferencias estatales de las instituciones de asistencia social, y con poca referencia a la intervención en áreas estratégicas del desarrollo territorial, como el Plan de gestión integrada del agua 2020-30 de la región Chorotega.

No es posible propiciar transformaciones importantes en los territorios, si no se logra comprender las tendencias económicas, políticas, culturales y ambientales generales, intensificadas por la globalización, pues el cambio progresivo nunca proviene sólo desde dentro del territorio y los procesos del entorno nacional y externo inciden fuertemente y reducen la autonomía de los territorios.

 La historia de los territorios tiene un peso fundamental en la formación del desarrollo regional, la cual se manifiesta en una cierta cultura y en prácticas sociales que determinan las sociedades territoriales y la distribución del poder y los recursos en cada región.

La dotación, el acceso y el uso de los recursos naturales, es clave en el potencial de las dinámicas territoriales, en su utilización productiva, en la generación de riqueza, en las posibilidades de crecimiento económico y la sustentabilidad ambiental de los territorios.

 El desarrollo de las actividades económicas y el impulso de estrategias productivas regionales de conexión con mercados dinámicos, el acceso a inversión pública y privada y los enlaces y encadenamientos productivos, deben estar dirigidos a crear estructuras económicas más diversificadas y equitativas y a generar oportunidades de crecimiento económico más inclusivas y más sustentables.

 El papel de la inversión pública es clave en catalizar cambios significativos en las dinámicas territoriales mediante la creación de bienes y activos públicos o privados, aunque por ser mediados por instituciones formales e informales, deben incorporar la participación de los actores en la toma de decisiones, así como en su implementación, para garantizar una dirección distributiva hacia los más pobres y la solución de las necesidades de la población.

La relación de los pueblos y comunidades con las ciudades intermedias en los territorios es esencial, ya que éstos ya no se conforman principalmente de pueblos dispersos y aislados, con poco acceso a servicios y dependiente de la agricultura.   El centro urbano y el interior rural ahora constituyen un territorio funcional en el que cada sector depende del otro y los vínculos que los unen son diversos.  

Los territorios en las regiones son rurales-urbanos, y esta condición les brinda un conjunto de ventajas que facilitan el crecimiento económico y un crecimiento más socialmente inclusivo o, más propicio para una más rápida reducción de la pobreza, a través de un mejor acceso al mercado para los productores rurales, acceso a servicios especializados y una mayor demanda de empleos no agrícolas(Berdegué,J.et al,2015).

Los programas de desarrollo en las regiones Chorotega y Huetar Atlántica, debieran incluir objetivos estratégicos y metas de desarrollo territorial, que permitan analizar impactos en el acceso y uso equitativo de los recursos naturales, en un desarrollo productivo más diversificado, inclusivo y sustentable, en una inversión pública y privada bien direccionada con participación de los actores, en la generación de capacidades y capital social en la población local y en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los territorios.

Resultados del Foro Agropecuario: Alerta Roja en el Agro Costarricense

Se realizó el 26 de agosto en el Colegio de Periodistas el Foro Alerta Roja en el Agro Costarricense, con la participación de: Guido Vargas Secretario General de Upanacional, Mainor Cruz, Gestor de la Corporación Arrocera Nacional, Martín González, Presidente de la Corporación Hortícola Nacional, Renato Alvarado, Ministro de Agricultura y Ganadería y Welmer Ramos, Diputado y miembro de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa.

La moderada Karen Dondi, ubicó el foro en la perspectiva de la importancia de la actividad agrícola, que genera en la actualidad, 233.500 empleos según el INEC y aporta el 40% de las exportaciones, pero también en el papel de las pequeñas fincas en la producción agroalimentaria y en la urgencia de encontrar soluciones a los tradicionales problemas del agro costarricense.

Guido Vargas, planteó de inicio que la seguridad alimentaria del país está en alerta roja y que los políticos y dirigentes no lo entienden.  Mencionó que los pequeños agricultores son sobrevivientes de las políticas económicas de liberalización y apertura que desde hace varias décadas los han afectado y que los tratados de libre comercio(como el TLC USA-CA) han ido en la misma dirección de poner en peligro la producción nacional.

Indicó que nadie defiende a los agricultores, como los productores de plátano, que al igual de los de otros productos, tienen que vender su producto barato a los comerciantes y empresas.  Dijo que los precios de los productos agrícolas debieran regularse para hacerlos más justos, porque el mercado no se regula sólo.

Recordó que las organizaciones desde hace varias décadas han hecho propuestas de reactivación productiva, para favorecer a los pequeños productores, con políticas de producción, de agroindustrialización y de comercialización, pero no han sido atendidas por los Gobernantes.  Además agregó que a veces se olvida que el deterioro de los productores agrícolas, afecta a los consumidores que adquieren los alimentos.

Mainor Cruz de CONARROZ, indicó que en la actividad arrocera participan más de 500 productores, que ésta genera más de 33 mil empleos directos e indirectos y provee el 45% del consumo nacional de este producto, por lo que afirmó que cualquier acuerdo sobre la producción de arroz es fundamental para el país.

Mencionó que los acuerdos a que llegaron recientemente los diferentes actores de la actividad arrocera son muy importantes para el fortalecimiento del sector arrocero, entre ellos:

1.el mecanismo de regulación del precio es beneficioso para el consumidor porque permite mantener un precio bajo sin fuertes aumentos, como pasa por ejemplo con el precio del frijol que comparativamente tienen un precio liberalizado que ha aumentado considerablemente en los últimos años a diferencia del precio del arroz que se mantiene estable.

2.mantener el precio de referencia al productor nacional es fundamental para que éste pueda continuar en la actividad, ya que la liberalización del precio desmantelaría la estructura productiva existente.

3.es importante la aplicación del requisito de desempeño vigente para garantizar la compra a los productores nacionales y a partir de ésta definir las necesidades de abastecimiento externo.

4.es necesario mantener el arancel consolidado establecido en 1996 para proteger la producción nacional, todos los países tienen aranceles para proteger su producción.

5.el impulso de algunos proyectos legislativos de apoyo al sector arrocero, entre ellos la posibilidad de que las organizaciones accedan a los fondos de Banca para el desarrollo y la creación de un fondo de sostenibilidad de la actividad arrocera.

Concluyó que debemos cuidar la producción local, debemos apoyar la producción de granos básicos, porque la producción de alimentos es estratégica para el país.

Martín González de la Corporación Hortícola, manifestó que la agricultura es gran generadora de empleo, de más de 500 mil empleos entre directos e indirectos, por eso en esta pandemia se debiera decretar emergencia nacional la actividad agrícola.

Afirmó que son necesarias varias acciones de apoyo a esta actividad, como respaldar a las organizaciones en sus esfuerzos productivos y por una comercialización más justa de sus productos, reestructurar el PIMA-Cenada que está manipulado por unos pocos grandes comerciantes y permitir más agricultores oferentes, buscar una flexibilización de los seguros agrícolas, con la creación de un régimen especial para los agricultores, facilitar créditos accesibles a los agricultores, permitir la inscripción de nuevos insumos con moléculas mejoradas para ayudar a los productores.

González mencionó que el productor necesita: crédito viable, ventas justas y claras, seguros de cosechas e insumos más efectivos; luego se debe pensar en la agricultura de precisión y en la agricultura con valor agregado.

Recordó que la Corporación ha incluido todos estos aspectos en las propuestas que ha presentado a las autoridades del sector y que ésta organización es un ejemplo como experiencia de manejo postcosecha y comercialización de productos hortícolas.

Renato Alvarado expuso que entiende las desventajas que vive la pequeña producción nacional y que es claro que no ha habido una política que incluya la agenda de necesidades de este sector, y que no se ha dado la discusión sobre los problemas de los productores nacionales para competir con los productores de otros países que reciben subsidios de los Gobiernos, como por ejemplo el programa FARM Bill de los Estados Unidos, que subsidia a los productores de ese país y tiene un subsidio directo al seguro de cosecha de los agricultores.

Mencionó que hay discusiones que tenemos que dar, sobre los subsidios y aclarar que ningún productor nacional recibe subsidios y que por el contrario tiene que vender sus productos por debajo del costo.  También sobre la disparidad en la aplicación de los mecanismos de defensa comercial existentes en los tratados comerciales y sobre los bajos precios que reciben los agricultores de comerciantes y empresas.

Reconoció que hay que dar un debate sobre la situación estructural del sector, sobre el modelo desarrollo agropecuario vigente, sobre los costos asociados a la actividad en seguridad social, combustible, electricidad,etc, que encarecen la producción,  en relación a los de otros países con los que compiten los agricultores.

Dijo que el Ministerio de Agricultura ha estado desarrollando actividades de acuerdo a las necesidades del sector, en producción de semillas, tecnología de producción, comercio, acceso al crédito y readecuación de deudas, generación de mercados directos, territoriales e inteligentes.

Según el Ministro, se está trabajando en otros aspecto como el aumento de las compras públicas agrícolas, mediante el fortalecimiento del programa de abastecimiento institucional(PAI) y una mayor participación de los pequeños agricultores en las ventas de ese programa,  el destrabamiento del registro de insumos agrícolas que debe considerar los factores de salud, ambiente y efectividad en el uso(y evitar la compra de insumos no autorizados a altos precios), el establecimiento de un seguro de cosechas que vincule riesgos, seguro y avales, porque el seguro actual del INS es muy caro para los agricultores

Alvarado concluyó que desde el MAG se ha implementado la transformación del agro y se ha garantizado que el sector siga produciendo a pesar de la pandemia.

Welmer Ramos afirmó que no hay una retribución justa al trabajo del agricultor, que hasta ahora cualquier esfuerzo para aumentar la productividad en las actividades agrícolas, se queda en la comercialización final que está en manos de unos pocos, así por ejemplo el Cenada está tomado por unos pocos comerciantes “tagarotes”, que no permiten el ingreso de más agricultores.

Se preguntó porqué eso no ocurre en las actividades de leche, café o caña de azúcar y dijo que es porque en ellas ha habido un acuerdo de producción y comercialización que garantiza la participación justa de todos los actores, mientras que la “mayor desgracia” está en la producción y comercialización de hortalizas y frutas que están dominadas por unos pocos, reiteró.

Es necesario dijo, juntarnos todos para prohibir pagar a los agricultores por debajo del costo, que hayan seguros agropecuarios, fortalecer la asociatividad para aumentar la escala de producción, crear cadenas de comercialización, fortalecer las compras públicas agrícolas a los pequeños agricultores y establecer centros de valor agregado para integrar los procesos de producción. 

Según el Diputado Ramos, el problema ha sido que el Ministerio de Agricultura depende del Ministerio de Hacienda que ha impuesto sus políticas neoliberales que no favorecen a la pequeña agricultura.

La moderación del foro, insistió en la urgencia de definir cuándo habrá soluciones para la agricultura nacional, ante lo que el Ministro de Agricultura señaló que la próxima semana se reunirá con las organizaciones agrícolas para identificar soluciones a los problemas del sector.

Al cierre del evento, unos de los productores que también participó de manera virtual realizó un comentario que resume las preocupaciones expuestas, al decir que “los agricultores teníamos problemas y ahora estamos peor”, revelando la cruda realidad de la agricultura nacional y en especial la difícil situación de la pequeña producción.

La Producción Agroalimentaria ha sido seriamente afectada por la pandemia

Según información del índice mensual de actividad económica(IMAE), las consecuencias económicas de la pandemia por el covid-19, han provocado la caída de la actividad en junio del 2020 en un 7.4% respecto al mismo periodo del año anterior, periodo en el que  las actividades más afectadas son alojamiento y suministro de comida que tuvo una caída interanual del 59.5%, mientras la industria alimentaria disminuyó un 7.2% por la menor fabricación de productos alimenticios, sobretodo de arroz, bebidas, frutas, legumbres y café.(LN,12-8-2020)

Las medidas de restricción sanitaria, han llevado a sodas y restaurantes a cerrar o trabajar a media jornada, arrastrando a la crisis a las empresas productoras de pollo y cerdo, las cuales reportan fuertes contracciones debido a que no hay donde colocar el  producto.

Las cadenas de producción de porcicultores, avicultores y en menor medida agricultores, están imposibilitados de poder colocar sus productos, los cuales en su mayoría se comercializan a nivel local.  En el caso del cerdo, se calculó entre $7 y $8 millones la pérdida en productos que no se están vendiendo y se está buscando la forma de congelarlos para que no se pierdan.  Según los porcicultores el consumo de carne de cerdo cayó en un 30% por la crisis.

En el caso del mercado avícola, los grandes suplidores del mercado nacional, constituido por las empresas PIPASA y Pollo el Rey, con cerca del 70% del mercado nacional, se han visto impactados, el primero entre un 15 y un 20% de sus ventas totales y el segundo de una manera más crítica porque han llegado al 35% en la reducción de sus ventas, a partir del cierre de restaurantes, bares y food services.

Junto a esas grandes empresas, las pequeñas y medianas granjas familiares que venden sus productos a esas grandes comercializadoras y dependen de la actividad, han sido severamente afectadas y se encuentran en peligro de no poder continuar trabajando. (CRHOY.com,19-8-2020)

Además de los efectos sobre la producción de las industrias cárnicas y avícolas, otras actividades como la producción de queso y derivados lácteos, habían reportado desde inicios de la pandemia haber sido afectadas debido a la interrupción de las cadenas de comercialización generada por el cierre de hoteles y restaurantes.

En algunas zonas del país, como Upala, Alfaro Ruíz y Santa Cruz de Turrialba, los pequeños productores de leche y de quesos, han comenzado a tener problemas para colocar los productos y han visto una reducción significativa de la demanda de los mismos.  Los afectados de Upala unos mil pequeños lecheros producen de 25.000 a 30.000 litros diarios, pero por la reducción de sus compras debieron despedir a unos 2.000 empleados y botar 1.200 litros de leche. 

En Las Brisas de Zarcero, el gerente de Coopebrisas, advirtió de que 69 productores pequeños tienen la entrega del alimento en peligro. Esto porque la empresa, desde hace varios años, distribuye productos a los hoteles, sobre todo en Guanacaste, los cuales cerraron sus puertas y dejaron de comprar.  Mientras que en Santa Cruz, muchos pequeños productores que no van a las ferias del agricultor a vender quesos, dependen de las compras de intermediarios quienes llegan a sus fincas, por lo que son los que más están sufriendo con la menor demanda.(Alterdescr,4-2020)

En el caso de la actividad agropecuaria según el IMAE, el decrecimiento interanual fue de 1.3% por la menor producción de flores, follajes y plantas, descenso que no ha sido tan pronunciado debido a que las exportaciones de azúcar, café oro y carne impulsaron al sector agrícola y a que la producción interna se ha mantenido relativamente estable gracias a que los mercados locales como las ferias del agricultor se han mantenido funcionando.

Pese a que el índice no lo revela claramente, el impacto de la pandemia ha sido considerable en algunas actividades agrícolas tales como los mencionados sectores de flores y follajes, pero también en piña, papa, yuca, café, cebolla, melón, plátano y miel de abeja, que de acuerdo al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) registra una afectación total de ¢28.055 millones(LN.com,21-8-2020).

A la situación de descenso en la demanda interna de productos, se suma el diferendo en las últimas semanas con el vecino país de Panamá por el bloqueo impuesto a las exportaciones de algunos productos alimenticios que ha afectado a productos de 19 plantas costarricenses de lácteos y derivados lácteos, carne de bovino, carne de cerdo, carne procesada de aves y de embutidos, que en lo que respecta a la leche ha supuesto la prohibición de exportación de 80 mil litros diarios de leche.  Las Autoridades del Ministerio de Agricultura han elevado la denuncia a la Organización Mundial del Comercio.(LN.com,6-8-2020)

La producción agroalimentaria y algunas de sus principales cadenas productivas, se han visto afectadas por las medidas sanitarias adoptadas por la pandemia, reduciendo considerablemente el consumo y la demanda de productos alimentarios, sin embargo han logrado enfrentar los cambios en los procesos de comercialización mediante mecanismos para reducir la producción, adecuar las líneas de procesamiento y buscar mercados alternativos.

Según la FAO, pareciera ser que los sistemas alimentarios han resultado ser más resilientes de lo que se esperaba y que las amenazas y riesgos que podrían afectar al comercio de productos agrícolas a causa de la crisis económica, pueden ser enfrentados a través de la optimización de los canales de comunicación e información, así como implementar herramientas de inteligencia comercial con el fin de realizar un monitoreo del comercio y de la demanda de productos agroalimentarios para garantizar la seguridad alimentaria.(FAO, Boletín #12,8-2020)

Foro Propuestas y Soluciones del Sector Agroalimentario para la PostPandemia.

Se realizó en la Universidad de Costa Rica, el Foro Propuestas y Soluciones del Sector Agroalimentario para la postpandemia en Costa Rica, con la participación de Felipe Arauz, Decano de la Facultad de Agroalimentarias y ExMinistro de Agricultura y Ganadería y Carmela Velázquez, Directora del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos.

En su exposición Arauz, planteó que el sistema agroalimentario del país ha seguido trabajando durante la pandemia en el suministro de alimentos y no ha cesado de hacerlo.

Para el Decano, el sistema se desarrolla en todas sus dimensiones( disponibilidad, acceso, consumo, valor nutricional), desde el campo hasta la mesa del consumidor, donde todos los eslabones están muy ligados.  Hay que ver el sistema como un todo.

Afirma que el sistema agroalimentario(SA) no es justo, por la participación diferenciada de distintos productores, que no reciben la retribución adecuada por su trabajo, la que se queda en otros eslabones de la actividad productiva.

También menciona que el SA es frágil, ya que pese a que el 70% de la producción de la canasta básica se genera en el país, hay productos esenciales como el frijol y el arroz que se producen apenas en un 40 y 25% respectivamente en el país.

No  obstante, el SA es estratégico para garantizar el abastecimiento alimentario de la población, por lo que debe fortalecerse como se hace en otros países.

Durante la pandemia, las cadenas de comercialización se han estresado y han tendido a afectarse, debido a la disminución del consumo en hoteles y restaurantes, pero rápidamente los agricultores han adoptado formas de comercialización directa, con el apoyo del MAG y su programa Mi Finca.

Indica Arauz, que fue acertado no cerrar las ferias del agricultor, para mantener el suministro de alimentos frescos y que ha sido importante el trabajo del programa de abastecimiento institucional(PAI) que ha suministrado los alimentos a los hogares de los estudiantes, que antes los recibían en los comedores escolares

Según su criterio, el impacto de la pandemia sobre el empleo y la reducción de ingresos de la población, disminuyó el acceso a alimentos y ha generado inseguridad alimentaria, pero el surgimiento de bonos y ayudas ha contribuido a mantener el consumo de alimentos

La amenaza al comercio se ha convertido en una oportunidad para crear nuevos mecanismos de comercio y es fundamental reforzar la institucionalidad del sector agropecuario.

La Facultad de Agroalimentarias trabajaba ya desde antes de la pandemia en proyectos como el diagnóstico de plagas, análisis de suelos, calidad de semillas, producción orgánica urbana y huertas en comunidades, servicios para la alimentación animal, mercadeo y comercialización directa con frijoles,

LA FA tiene una gran actividad de investigación y acción social(cerca de 250proyectos), en producción primaria, para mejorar la productividad y reducir costos de producción, en prácticas de sostenibilidad ambiental de la producción, generando variedades nuevas de frijol, arroz, hortalizas, gestión empresarial de la empresa agrícola, además de incursionar en agricultura de precisión y agrícola 4.0

Considera que es necesario generar soluciones pertinentes y útiles para la producción agroalimentaria, con tecnología al servicio de la gente para una vida mejor.

Para Carmela, el sector agroalimentario no ha parado de trabajar, porque tiene que seguir trabajando para llevar alimentos a la población.

Durante la pandemia, el CITA ha apoyado en el diseño y aplicación de protocolos, en el acompañamiento para que su aplicación garantice la inocuidad de los alimentos, dando  apoyo técnico y científico al sector agroalimentario.

También ha estado asesorando en problemas que se han dado en el abastecimiento de alimentos, en relación a la reducción en la disponibilidad de materias primas o el desecho de productos no utilizables.

Además, ha apoyado al Gobierno en el procesamiento de materias primas, en protocolos para la donación de alimentos y en la creación del espacio virtual de comercio.

Velázquez considera, que en la industria se han dado riesgos debido a la reducción del comercio y el consumo, generado por el desempleo, situación que ha afectado la producción sobretodo de las pequeñas y medianas agroindustrias.

Muchas pymes por la reducción de ventas, han tenido que cerrar, lo que afecta otros eslabones de cadena, como la adquisición de materias primas, de insumos, empaques, etc

Afirma que las industrias han tenido que desarrollar procesos más eficientes, tratar de optimizarlos y reducir costos de producción para sostener su funcionamiento.

Agrega que los hábitos de consumo han cambiado en la población, lo que ha tenido un costo asociado, por ejemplo en un aumento de cantidad de empaques(muchos importados), lo que también ha tenido un impacto ambiental importante.  La estructura de las industrias han debido adaptarse a esos cambios en los hábitos y en el comercio.

Reconoce que este es un momento crítico a nivel socioeconómico, y que el propósito de los actores de la industria alimentaria es evitar que falten los alimentos en los hogares, ya que las donaciones son insuficientes.

Sugiere que la estructura de la seguridad alimentaria debe revisarse y fortalecerse, teniendo en cuenta que las preocupaciones son respecto a la cantidad de alimentos disponibles, no porque no hayan, sino porque no hay recursos para adquirirlos.

Finalmente, establece que el CITA va a seguir trabajando de mejorar el valor agregado de los productos, apoyando y dando soporte sobre características de los productos, para que las industrias sean más competitivas en la producción de alimentos.

Que este Centro, estará acompañando permanentemente con conocimiento y tecnología al Gobierno y al sector productivo, procurando alianzas en los sectores productivos, entre productores e industrias procesadoras y en el desarrollo y estímulo al emprendimiento en la producción agroalimentaria.

 

Que la Crisis del covid-19 no se convierta en una Crisis Alimentaria

La CEPAL y Oficina Regional de la FAO han hecho un llamado a los países latinoamericanos y del Caribe para evitar que la crisis del COVID-19 se transforme en una crisis alimentaria.

Estos organismos han presentado un análisis acerca de las vulnerabilidades socioeconómicas y alimentarias de los países y de las medidas aplicadas por éstos para atenuarlas, a la vez que han recomendado la adopción de un conjunto medidas urgentes para evitar la crisis y fortalecer la lucha contra el hambre.

Se considera que los efectos negativos de la actual crisis del COVID-19 sobre la seguridad alimentaria serán desiguales y más intensos en el caso de las regiones y los grupos poblacionales que parten de una situación de mayor vulnerabilidad(FAO,Boletín junio, 2020)  

En el caso de Costa Rica, es posible establecer algunas vulnerabilidades ligadas al sistema de distribución de alimentos, a los trabajadores que participan en el sistema, además de vulnerabilidades ligadas a la condición socioeconómica de la población.

Tomando como punto de partida que el país ha mantenido funcionado sus mercados con relativa normalidad y de que los riesgos de desabastecimiento alimentario han sido limitados, se puede establecer que se han presentado algunas interrupciones en la operación de las cadenas internas de comercio y también en la cadena regional, con el cierre de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica para el transporte de carga.

En el ámbito de los trabajadores vinculados a los sistemas alimentarios, se indica que dado que la agricultura es intensiva en mano de obra(este sector involucra un 11,7% de la población ocupada), frente al COVID-19, los trabajadores de todos los eslabones de la cadena están expuestos desde el punto de vista tanto físico como económico.

En las empresas productoras y exportadoras de alimentos en sus fases de transformación y empaque como ocurrió en la zona norte, el riesgo de contagio aumenta por la mayor proximidad física entre personas requerida para llevar a cabo las actividades y la necesidad de trabajar in situ.

Los trabajadores de los mercados mayoristas y minoristas (ferias, mercados y supermercados) siguen trabajando en una situación de alto riesgo de contagio y sus sueldos no compensan ese mayor riesgo y, en el caso de los repartidores de comida a domicilio, los ingresos también son bajos y la informalidad es elevada.

Mientras tanto, en la producción agrícola familiar y de pequeñas fincas, los trabajadores requieren un nivel de proximidad física con otras personas para llevar a cabo sus tareas; dichas tareas asociadas no pueden realizarse de forma remota y por ello los trabajadores siguen circulando e interactuando entre sí, incluso en los periodos de fuerte confinamiento.

Durante la pandemia, han ingresado a todas las ciudades de la Gran Area Metropolitana y centros poblados de las demás regiones, camiones con alimentos producidos por miles de agricultores y pescadores artesanales, que llegan finalmente a las mesas de los consumidores costarricenses.

Ellos se podrían haber refugiado en sus casas para evitar el contagio, pero optaron por no detener su actividad.  Es paradójico que la inseguridad alimentaria y la pobreza estén presentes en la gran mayoría de los hogares de estos agricultores, que no tienen derecho a la seguridad social, vacaciones o acceso a servicios de salud, además de que los trabajadores agrícolas presentan altos niveles de informalidad y sus ingresos son inferiores al promedio del empleo no calificado.

Con respecto a las vulnerabilidades socioeconómicas, teniendo en cuenta que la línea de pobreza extrema se determina a partir del costo de la canasta básica de alimentos, las personas que se encuentran por debajo de esta línea no cuentan con ingresos suficientes para cubrir los costos básicos de alimentación.  Esto significa que la caída económica pronosticada para este año (un 3.6%) repercutiría directamente en la seguridad alimentaria de miles de personas y que el hambre se deriva de la pobreza (en particular, de la pobreza extrema).

Esto indica que el nivel de pobreza del país que asciende al 21%, involucrando a 336.845 hogares y la pobreza extrema que representa un 5.8% y 93.542 hogares(INEC,2019), podrían aumentar, si se cumple el pronóstico de la CEPAL de que debido a la pandemia la pobreza en Costa Rica podría tener un crecimiento de 3 puntos porcentuales, es decir alcanzaría el 24% como mínimo.

En el país, la pobreza y la pobreza extrema han tendido a ser más elevadas en las zonas rurales, pero también la informalidad del empleo y el bajo acceso a redes de protección social, lo que genera una situación de gran vulnerabilidad. De manera que si la pobreza es del 24.2% en las zonas rurales, con los mayores niveles en las zonas Brunca y Pacífico Central, con el 30.3% y 29.8% respectivamente, el deterioro de la pobreza podría ser aún mayor en ellas y el efecto sobre la inseguridad alimentaria sería negativo.

La incidencia de la pobreza no solo es mayor entre las personas que viven en áreas rurales, sino también entre niños, adolescentes y jóvenes; indígenas; mujeres en edad de trabajar; personas con niveles educacionales más bajos, y quienes no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas.

La pobreza rural se ha asociado tradicionalmente con la existencia de un gran contingente de pequeños productores agrícolas de baja productividad, con poca tierra y de baja calidad, y acceso limitado a bienes públicos.

Según la información de las organizaciones agrícolas, se estima que este sector se compone de entre 78 mil y 90 mil productores, a las que hay que agregar alrededor de 10 mil pescadores artesanales que son los que garantizan la producción de alimentos y la seguridad alimentaria del país.  La agricultura familiar representa, más de 50 mil pequeñas fincas y el 55% de las fincas dedicadas a la actividad agropecuaria(RedAgricultura Familiar, 2017).   Los trabajadores agrícolas por cuenta propia y sus familiares no remunerados, en su mayoría agricultores familiares, tienen el nivel más bajo de ingresos de las diferentes categorías de inserción laboral en las zonas rurales.

Estas unidades de producción familiar, aportan, el 85% de la producción nacional de frijol, el 80% de la cebolla, el 75% de la de yuca, el 70% de la papa, el 70% de la de café, el 55% de la de leche y el 40% de la carne, siendo la principal y a veces única fuente de empleo e ingresos de la población rural. (Masís,G.2018,p.229)

La FAO y la CEPAL han realizado un registro de las medidas de política aplicadas por los Gobiernos para enfrentar la emergencia en el sector alimentario y en los territorios rurales de la región (FAO/CEPAL, 2020). Entre dichas medidas, se destacan:

La implementación de políticas macroeconómicas y sectoriales para estabilizar la economía y apoyar a los sectores productivos, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, de modo que se asegure la disponibilidad de alimentos. Las medidas incluyen refinanciamiento, reducción o postergación de pagos, disminución de impuestos, flexibilización de contratos y aplicación de subsidios.

En nuestro país, se aprobaron medidas para que los bancos de brindarán una admistía de 3 meses a las pymes y trabajadores en el pago de sus créditos y a la determinación del INDER de aplicar el no pago de los créditos en ese mismo período a más de 900 productores(Alterdes,cr,2020), medidas que ahora se solicita prorrogar por 3 meses adicionales

El Fondo Nacional para el Desarrollo (FONADE) efectuó una condonación de obligaciones financieras de primer piso que mantienen con esa entidad para 2.705 microproductores y pequeños y medianos productores agropecuarios de las diferentes zonas agrícolas del país

Por su parte, el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) otorgó una Moratoria en el pago de capital e intereses por hasta 6 meses en créditos con recursos del SBD para empresas con grave afectación económica y un período de gracia de hasta 12 meses en el pago de capital de operaciones financiadas con recursos del SBD para empresas con mediana afectación económica.  También brinda refinanciamiento de operaciones de crédito con recursos del SBD para capital de trabajo de emergencia y fondos no reembolsables para 200 pequeñas y medianas empresas (pymes).(FAO,Boletín, 2020)

A nivel institucional se ha dado la creación de equipos de trabajo del Sector Agropecuario para superar la emergencia, compuestos por los Ministerios de Agricultura y Ganadería, el Consejo Nacional de Producción, el Instituto de Desarrollo Rural y otros organismos como el PIMA, el SENARA, la FAO, el (IICA) y el banco de alimentos.

En la adaptación de la logística de las cadenas de suministro y para que la agricultura siga funcionando han sido importantes las siguientes medidas: la adopción de nuevos protocolos sanitarios; la capacitación de la fuerza de trabajo, el ajuste del nivel de funcionamiento en las plantas agroindustriales, la reprogramación de siembras y cambios en la elección de rubros productivos, entre otras. Estas medidas han sido dirigidas a todo tipo de empresas, incluidas las fincas de la agricultura familiar.

También ha sido importante la articulación de los actores en redes y el fomento del comercio digital y otras opciones de circuitos cortos de comercio. En este sentido, se han establecido mercados  virtuales institucionales en el Ministerio de Agricultura y en el Instituto Nacional de Aprendizaje)INA), así como mercados virtuales locales en Pérez Zeledón y la zona de los Santos.

En el reforzamiento de los programas de seguridad alimentaria estatales con el apoyo de organismos de las Naciones Unidas, se ha mantenido el programa de comedores escolares, mediante la distribución directa de bolsas de alimentos dirigidos a la población estudiantil más vulnerable, a la que se han efectuado 5 entregas de alimentos.

Ligado a la distribución de alimentos a los comedores escolares, es necesario mencionar la labor del Programa de Abastecimiento Institucional(PAI) que ha organizado la compra, acopio y envío de las bolsas de alimentos a las escuelas y comunidades.

Frente a la fuerte caída de la economía, los ingresos y las remesas, y al aumento de la pobreza extrema, el hambre y los precios de los alimentos, la CEPAL y la FAO han propuesto un decálogo de medidas para impedir que la crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria.

La CEPAL y la FAO proponen un bono contra el hambre a toda la población en situación de pobreza extrema., como complemento al ingreso básico de emergencia propuesto por la CEPAL (CEPAL,2020).

En Costa Rica, el bono Proteger establecido para apoyar a los trabajadores desempleados o que han visto reducida sus jornadas e ingresos y que ha cubierto alrededor de 530 mil personas durante 3 meses, puede asimilarse al ingreso básico de emergencia propuesto. Este bono pretende ampliarse por 3 meses adicionales e incluir a una población mayor cercana a los 900 mil personas, aunque aún no se tiene el financiamiento necesario.

Para otorgar liquidez a las empresas agropecuarias se proponen dos medidas complementarias:i) créditos blandos a empresas del sector productivo agrícola que operan en condiciones críticas y ii) bonos de inversión productiva para aumentar la inversión productiva en las fincas de los agricultores más rezagados mediante un bono de 250 dólares por explotación, entregado una sola vez, para adquirir fertilizantes, semillas y otros insumos.

Entre otras medidas mencionadas, es importante destacar la de expandir y garantizar el funcionamiento de los programas de apoyo a la producción de autoconsumo.   Esta medida es crucial para los hogares de los agricultores familiares de subsistencia ante la disminución de sus ingresos no agrícolas, que en muchos casos representan más de la mitad de su ingreso total.(FAO,Boletín,2020)

La pandemia y el riesgo inminente de una crisis alimentaria recuerdan la importancia crucial de la agricultura y los sistemas alimentarios.  La agricultura es una de las pocas actividades imprescindibles, así como son imprescindibles los bienes que produce.

La pandemia obliga a reforzar la resiliencia y la inclusión social y a no olvidar los objetivos de una agricultura más sostenible y las prácticas de adecuación al cambio climático.  La sostenibilidad ambiental de la agricultura y los sistemas alimentarios y la integración entre la agricultura y la biodiversidad, son demandas de la sociedad que cobrarán más fuerza.

En una crisis sanitaria se valora más la calidad de los alimentos, la inocuidad, la trazabilidad, las certificaciones de calidad y los atributos ambientales, sociales o culturales. Los consumidores acelerarán el cambio de sus preferencias hacia alimentos sanos, saludables y con identidad.

Durante la pandemia, se ha establecido el comercio digital, este es el nuevo concepto de cadena corta de comercio.  Se va a acelerar el surgimiento de oportunidades para la digitalización de la agricultura y con ello se incrementará la influencia de los consumidores en la definición de los modelos productivos y de los bienes generados por la agricultura.  La digitalización será un gran desafío para la agricultura familiar y los pescadores artesanales, pues implica un modelo de negocio diferente de aquel al que están acostumbrados.

 Con la emergencia se ha hecho evidente que se requiere de un Estado e instituciones públicas agroalimentarias y rurales fortalecidas, con mayores y mejores capacidades, circunstancia que ha vuelto a señalar la urgencia de la renovación de la institucionalidad pública agrícola, alimentaria y rural del país.