La CEPAL y Oficina Regional de la FAO han hecho un llamado a los países
latinoamericanos y del Caribe para evitar que la crisis del COVID-19 se
transforme en una crisis alimentaria.
Estos organismos han presentado un análisis acerca de las
vulnerabilidades socioeconómicas y alimentarias de los países y de las medidas
aplicadas por éstos para atenuarlas, a la vez que han recomendado la adopción
de un conjunto medidas urgentes para evitar la crisis y fortalecer la lucha
contra el hambre.
Se considera que los efectos negativos de la actual crisis del COVID-19
sobre la seguridad alimentaria serán desiguales y más intensos en el caso de las
regiones y los grupos poblacionales que parten de una situación de mayor
vulnerabilidad(FAO,Boletín junio, 2020)
En el caso de Costa Rica, es posible establecer algunas vulnerabilidades
ligadas al sistema de distribución de alimentos, a los trabajadores que
participan en el sistema, además de vulnerabilidades ligadas a la condición
socioeconómica de la población.
Tomando como punto de partida que el país ha mantenido funcionado sus
mercados con relativa normalidad y de que los riesgos de desabastecimiento alimentario
han sido limitados, se puede establecer que se han presentado algunas
interrupciones en la operación de las cadenas internas de comercio y también en
la cadena regional, con el cierre de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica
para el transporte de carga.
En el ámbito de los trabajadores vinculados a los sistemas alimentarios,
se indica que dado que la agricultura es intensiva en mano de obra(este sector involucra
un 11,7% de la población ocupada), frente al COVID-19, los trabajadores de
todos los eslabones de la cadena están expuestos desde el punto de vista tanto
físico como económico.
En las empresas productoras y exportadoras de alimentos en sus fases de transformación
y empaque como ocurrió en la zona norte, el riesgo de contagio aumenta por la
mayor proximidad física entre personas requerida para llevar a cabo las
actividades y la necesidad de trabajar in situ.
Los trabajadores de los mercados mayoristas y minoristas (ferias,
mercados y supermercados) siguen trabajando en una situación de alto riesgo de
contagio y sus sueldos no compensan ese mayor riesgo y, en el caso de los
repartidores de comida a domicilio, los ingresos también son bajos y la
informalidad es elevada.
Mientras tanto, en la producción agrícola familiar y de pequeñas fincas,
los trabajadores requieren un nivel de proximidad física con otras personas
para llevar a cabo sus tareas; dichas tareas asociadas no pueden realizarse de
forma remota y por ello los trabajadores siguen circulando e interactuando
entre sí, incluso en los periodos de fuerte confinamiento.
Durante la pandemia, han ingresado a todas las ciudades de la Gran Area Metropolitana
y centros poblados de las demás regiones, camiones con alimentos producidos por
miles de agricultores y pescadores artesanales, que llegan finalmente a las
mesas de los consumidores costarricenses.
Ellos se podrían haber refugiado en sus casas para evitar el contagio,
pero optaron por no detener su actividad. Es paradójico que la inseguridad alimentaria y
la pobreza estén presentes en la gran mayoría de los hogares de estos
agricultores, que no tienen derecho a la seguridad social, vacaciones o acceso
a servicios de salud, además de que los trabajadores agrícolas presentan altos
niveles de informalidad y sus ingresos son inferiores al promedio del empleo no
calificado.
Con respecto a las vulnerabilidades socioeconómicas, teniendo en cuenta
que la línea de pobreza extrema se determina a partir del costo de la canasta
básica de alimentos, las personas que se encuentran por debajo de esta línea no
cuentan con ingresos suficientes para cubrir los costos básicos de
alimentación. Esto significa que la
caída económica pronosticada para este año (un 3.6%) repercutiría directamente
en la seguridad alimentaria de miles de personas y que el hambre se deriva de
la pobreza (en particular, de la pobreza extrema).
Esto indica que el nivel de pobreza del país que asciende al 21%,
involucrando a 336.845 hogares y la pobreza extrema que representa un 5.8% y
93.542 hogares(INEC,2019), podrían aumentar, si se cumple el pronóstico de la
CEPAL de que debido a la pandemia la pobreza en Costa Rica podría tener un
crecimiento de 3 puntos porcentuales, es decir alcanzaría el 24% como mínimo.
En el país, la pobreza y la pobreza extrema han tendido a ser más
elevadas en las zonas rurales, pero también la informalidad del empleo y el
bajo acceso a redes de protección social, lo que genera una situación de gran
vulnerabilidad. De manera que si la pobreza es del 24.2% en las zonas rurales, con
los mayores niveles en las zonas Brunca y Pacífico Central, con el 30.3% y
29.8% respectivamente, el deterioro de la pobreza podría ser aún mayor en ellas
y el efecto sobre la inseguridad alimentaria sería negativo.
La incidencia de la pobreza no solo es mayor entre las personas que
viven en áreas rurales, sino también entre niños, adolescentes y jóvenes;
indígenas; mujeres en edad de trabajar; personas con niveles educacionales más
bajos, y quienes no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas.
La pobreza rural se ha asociado tradicionalmente con la existencia de un
gran contingente de pequeños productores agrícolas de baja productividad, con
poca tierra y de baja calidad, y acceso limitado a bienes públicos.
Según la información de las organizaciones agrícolas, se estima que este
sector se compone de entre 78 mil y 90 mil productores, a las que hay que
agregar alrededor de 10 mil pescadores artesanales que son los que garantizan la producción de alimentos y la seguridad
alimentaria del país. La agricultura familiar representa,
más de 50 mil pequeñas fincas y el 55% de las fincas dedicadas a la actividad
agropecuaria(RedAgricultura Familiar, 2017). Los trabajadores agrícolas por cuenta propia y sus
familiares no remunerados, en su mayoría agricultores familiares, tienen el
nivel más bajo de ingresos de las diferentes categorías de inserción laboral en
las zonas rurales.
Estas unidades de producción
familiar, aportan, el 85% de la producción nacional de frijol, el 80% de la
cebolla, el 75% de la de yuca, el 70% de la papa, el 70% de la de café, el 55%
de la de leche y el 40% de la carne, siendo la principal y a veces única fuente
de empleo e ingresos de la población rural. (Masís,G.2018,p.229)
La FAO y la CEPAL han realizado un registro de las medidas de política
aplicadas por los Gobiernos para enfrentar la emergencia en el sector
alimentario y en los territorios rurales de la región (FAO/CEPAL, 2020). Entre
dichas medidas, se destacan:
La implementación de políticas macroeconómicas y sectoriales para
estabilizar la economía y apoyar a los sectores productivos, especialmente a
las pequeñas y medianas empresas, de modo que se asegure la disponibilidad de
alimentos. Las medidas incluyen refinanciamiento, reducción o postergación de
pagos, disminución de impuestos, flexibilización de contratos y aplicación de
subsidios.
En nuestro país, se aprobaron medidas para que los bancos de brindarán
una admistía de 3 meses a las pymes y trabajadores en el pago de sus créditos y
a la determinación del INDER de aplicar el no pago de los créditos en ese mismo
período a más de 900 productores(Alterdes,cr,2020), medidas que ahora se
solicita prorrogar por 3 meses adicionales
El Fondo Nacional para el Desarrollo (FONADE) efectuó una condonación de
obligaciones financieras de primer piso que mantienen con esa entidad para
2.705 microproductores y pequeños y medianos productores agropecuarios de las
diferentes zonas agrícolas del país
Por su parte, el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) otorgó una Moratoria
en el pago de capital e intereses por hasta 6 meses en créditos con recursos
del SBD para empresas con grave afectación económica y un período de gracia de
hasta 12 meses en el pago de capital de operaciones financiadas con recursos
del SBD para empresas con mediana afectación económica. También brinda refinanciamiento de
operaciones de crédito con recursos del SBD para capital de trabajo de
emergencia y fondos no reembolsables para 200 pequeñas y medianas empresas
(pymes).(FAO,Boletín, 2020)
A nivel institucional se ha dado la creación de equipos de trabajo del
Sector Agropecuario para superar la emergencia, compuestos por los Ministerios
de Agricultura y Ganadería, el Consejo Nacional de Producción, el Instituto de
Desarrollo Rural y otros organismos como el PIMA, el SENARA, la FAO, el (IICA) y
el banco de alimentos.
En la adaptación de la logística de las cadenas de suministro y para que
la agricultura siga funcionando han sido importantes las siguientes medidas: la
adopción de nuevos protocolos sanitarios; la capacitación de la fuerza de trabajo,
el ajuste del nivel de funcionamiento en las plantas agroindustriales, la
reprogramación de siembras y cambios en la elección de rubros productivos,
entre otras. Estas medidas han sido dirigidas a todo tipo de empresas,
incluidas las fincas de la agricultura familiar.
También ha sido importante la articulación de los actores en redes y el
fomento del comercio digital y otras opciones de circuitos cortos de comercio.
En este sentido, se han establecido mercados
virtuales institucionales en el Ministerio de Agricultura y en el
Instituto Nacional de Aprendizaje)INA), así como mercados virtuales locales en
Pérez Zeledón y la zona de los Santos.
En el reforzamiento de los programas de seguridad alimentaria estatales
con el apoyo de organismos de las Naciones Unidas, se ha mantenido el programa
de comedores escolares, mediante la distribución directa de bolsas de alimentos
dirigidos a la población estudiantil más vulnerable, a la que se han efectuado
5 entregas de alimentos.
Ligado a la distribución de alimentos a los comedores escolares, es
necesario mencionar la labor del Programa de Abastecimiento Institucional(PAI)
que ha organizado la compra, acopio y envío de las bolsas de alimentos a las
escuelas y comunidades.
Frente a la fuerte caída de la economía, los ingresos y las remesas, y
al aumento de la pobreza extrema, el hambre y los precios de los alimentos, la
CEPAL y la FAO han propuesto un decálogo de medidas para impedir que la crisis
sanitaria se transforme en una crisis alimentaria.
La CEPAL y la FAO proponen un bono contra el hambre a toda la población
en situación de pobreza extrema., como complemento al ingreso básico de
emergencia propuesto por la CEPAL (CEPAL,2020).
En Costa Rica, el bono Proteger establecido para apoyar a los
trabajadores desempleados o que han visto reducida sus jornadas e ingresos y que
ha cubierto alrededor de 530 mil personas durante 3 meses, puede asimilarse al
ingreso básico de emergencia propuesto. Este bono pretende ampliarse por 3 meses
adicionales e incluir a una población mayor cercana a los 900 mil personas,
aunque aún no se tiene el financiamiento necesario.
Para otorgar liquidez a las empresas agropecuarias se proponen dos
medidas complementarias:i) créditos blandos a empresas del sector productivo
agrícola que operan en condiciones críticas y ii) bonos de inversión productiva
para aumentar la inversión productiva en las fincas de los agricultores más
rezagados mediante un bono de 250 dólares por explotación, entregado una sola
vez, para adquirir fertilizantes, semillas y otros insumos.
Entre otras medidas
mencionadas, es importante destacar la de expandir y garantizar el
funcionamiento de los programas de apoyo a la producción de autoconsumo. Esta medida es crucial para los hogares de los
agricultores familiares de subsistencia ante la disminución de sus ingresos no
agrícolas, que en muchos casos representan más de la mitad de su ingreso
total.(FAO,Boletín,2020)
La pandemia y el
riesgo inminente de una crisis alimentaria recuerdan la importancia crucial de
la agricultura y los sistemas alimentarios. La agricultura es una de las pocas actividades
imprescindibles, así como son imprescindibles los bienes que produce.
La pandemia obliga a
reforzar la resiliencia y la inclusión social y a no olvidar los objetivos de
una agricultura más sostenible y las prácticas de adecuación al cambio
climático. La sostenibilidad ambiental
de la agricultura y los sistemas alimentarios y la integración entre la
agricultura y la biodiversidad, son demandas de la sociedad que cobrarán más
fuerza.
En una crisis
sanitaria se valora más la calidad de los alimentos, la inocuidad, la
trazabilidad, las certificaciones de calidad y los atributos ambientales,
sociales o culturales. Los consumidores acelerarán el cambio de sus
preferencias hacia alimentos sanos, saludables y con identidad.
Durante la pandemia,
se ha establecido el comercio digital, este es el nuevo concepto de cadena
corta de comercio. Se va a acelerar el
surgimiento de oportunidades para la digitalización de la agricultura y con
ello se incrementará la influencia de los consumidores en la definición de los
modelos productivos y de los bienes generados por la agricultura. La digitalización será un gran desafío para
la agricultura familiar y los pescadores artesanales, pues implica un modelo de
negocio diferente de aquel al que están acostumbrados.
Con la emergencia se
ha hecho evidente que se requiere de un Estado e instituciones públicas
agroalimentarias y rurales fortalecidas, con mayores y mejores capacidades, circunstancia
que ha vuelto a señalar la urgencia de la renovación de la institucionalidad
pública agrícola, alimentaria y rural del país.
